Christian Slater E.
La nueva Ley de Inteligencia merece ser leída con seriedad. No corresponde despacharla con una frase liviana, ni celebrarla como si por el solo hecho de promulgar una ley Chile hubiese resuelto uno de sus problemas más delicados. Tampoco sería justo rechazarla por prejuicio, sin reconocer que introduce cambios relevantes en materia de coordinación, planificación, medidas intrusivas, control judicial, deber de colaboración de organismos públicos y protección del secreto. El asunto, sin embargo, no está en la coma ni en el punto aparte. Está en lo estratégico.
Chile necesita inteligencia. Pero no inteligencia entendida como simple acumulación de informes, recortes de prensa, reuniones reservadas o análisis de escritorio. Necesita inteligencia como capacidad real del Estado para anticipar amenazas, leer procesos complejos, proteger sus intereses permanentes y adoptar decisiones oportunas antes de que los problemas estallen en la cara.
La ley avanza en un punto importante: habla de Sistema de Inteligencia del Estado. Eso no es menor. Durante años hemos funcionado por parcelas, con instituciones que muchas veces observan fragmentos de una realidad mayor sin integrarlos en una visión nacional. La nueva normativa intenta ordenar esa dispersión, incorpora organismos colaboradores, establece instrumentos de planificación y somete ciertas operaciones a autorización judicial. En el papel, parece haber una arquitectura más seria, más controlada y más moderna.
Pero la pregunta de fondo no puede limitarse a la arquitectura legal. Lo que corresponde preguntarse es si tenemos realmente la capacidad humana, profesional, técnica y operacional para hacer funcionar esa estructura. Una ley puede crear atribuciones, controles, cargos, comités y procedimientos, pero no forma automáticamente personal especializado, no produce experiencia de un día para otro, no crea doctrina conjunta por generación espontánea ni garantiza cultura de secreto, disciplina institucional, respaldo político y madurez republicana para usar herramientas sensibles sin convertirlas en armas de persecución, filtración o vendetta.
Aquí aparece una analogía que conviene mirar con cuidado. Durante años se habló en Chile y en otros países de justicia transicional. Podrá discutirse su aplicación, sus excesos, sus omisiones o sus resultados, pero al menos existía una transición. Había un sistema judicial funcionando y, con todas sus imperfecciones, se transitó hacia otro sin que la justicia dejara de operar. La duda, en materia de inteligencia, es si Chile tuvo una transición equivalente o si, por el contrario, limitó una capacidad existente antes de consolidar una nueva capacidad igual o superior.
"Corregir no es destruir. Controlar no es paralizar. Modernizar no es desarmar antes de haber construido algo mejor."
Durante décadas, las Fuerzas Armadas y de Orden desarrollaron capacidades que muchas veces iban más allá de lo que formalmente les correspondía, pero que respondían a una necesidad concreta del Estado. Luego, por razones políticas, históricas, ideológicas o jurídicas, esas capacidades fueron restringidas, vigiladas, inhibidas o derechamente cercenadas. Probablemente había que corregirlas, profesionalizarlas, someterlas a control y evitar abusos. Pero corregir no es destruir. Controlar no es paralizar. Modernizar no es desarmar antes de haber construido algo mejor.
Chile ya tuvo, además, experiencias que muestran que cuando el Estado enfrenta amenazas reales, la inteligencia no puede quedar reducida a informes burocráticos. En los años de transición apareció una estructura conocida como "La Oficina", creada precisamente porque existían grupos armados activos y porque el Estado necesitaba una capacidad civil para enfrentar amenazas concretas. No se trata de idealizar esa experiencia ni de presentarla como modelo perfecto, sino de recordar que, incluso en plena transición democrática, la realidad obligó a reconocer que un país no puede vivir sin capacidad de inteligencia operativa.
La nueva ley entrega herramientas importantes. Autoriza procedimientos especiales de obtención de información, operaciones bajo cobertura, intervención de comunicaciones, acceso a sistemas informáticos, escucha en lugares cerrados y entrada y registro bajo condiciones legales. También permite dar cobertura a funcionarios y establece sanciones frente al uso político o la divulgación indebida de información secreta. Todo eso es relevante, pero esas herramientas exigen algo más que respaldo legal: requieren personal preparado, doctrina, experiencia, selección rigurosa, entrenamiento, conducción política responsable y protección real del secreto.
El problema no es solo si la ley autoriza operaciones de inteligencia y contrainteligencia. El problema es si Chile cuenta ya con el personal, la doctrina, la experiencia, la protección institucional y la cultura de secreto necesarias para realizarlas sin improvisación, filtraciones ni uso político. Esa capacidad no depende de un organismo aislado, sino de una verdadera comunidad de inteligencia: Agencia Nacional de Inteligencia, inteligencia de defensa, Fuerzas Armadas, Carabineros, Policía de Investigaciones y organismos colaboradores, todos actuando con coordinación real, lenguaje común, confianza institucional y conducción estratégica del Estado.
De nada sirve crear agentes si después un sector político pretende desenmascararlos en una comisión parlamentaria. De nada sirve autorizar operaciones bajo cobertura si quienes deben ejecutarlas no cuentan con respaldo institucional suficiente. De nada sirve entregar atribuciones intrusivas si el país no tiene una cultura seria de control reservado, donde se fiscalice sin destruir aquello que se pretende proteger.
El control democrático es indispensable. Nadie sensato debiera querer servicios de inteligencia sin límites, sin responsabilidad o sin supervisión. Pero una cosa es controlar y otra muy distinta es exponer. Una cosa es fiscalizar y otra es convertir la inteligencia en botín político. Si cada operación sensible termina filtrada, discutida en la prensa o usada como munición entre partidos, entonces no tendremos inteligencia: tendremos teatro institucional.
La experiencia internacional demuestra que los Estados que se toman en serio su supervivencia no improvisan la inteligencia. Estados Unidos, después del 11 de septiembre, no concluyó que necesitaba menos inteligencia, sino una comunidad mejor coordinada. El Reino Unido mantiene servicios con larga tradición para enfrentar terrorismo, amenazas estatales, espionaje, ciberamenazas y riesgos contra su infraestructura. Israel, país pequeño y permanentemente exigido por su entorno, ha hecho de la inteligencia una condición de supervivencia nacional. Y Ucrania ha demostrado que en la guerra moderna la inteligencia, la ciberdefensa, la información y la capacidad de anticipación pueden ser tan decisivas como los tanques o la artillería. Chile no puede mirar esos ejemplos como realidades lejanas, porque un país sin inteligencia robusta, profesional y sostenida en el tiempo no es más democrático: es simplemente más vulnerable.
El problema es aún mayor porque las amenazas del siglo XXI ya no se presentan solo con tanques cruzando la frontera ni con aviones enemigos buscando blancos militares. Hoy las amenazas pueden venir por migraciones descontroladas, crimen organizado transnacional, narcotráfico, terrorismo, ciberataques, manipulación informativa, presión económica, captura cultural, influencia extranjera, sabotaje, penetración financiera o destrucción progresiva de las bases morales e institucionales de una nación.
Chile tampoco puede darse el lujo de no entender su propio valor estratégico. No basta mirar la frontera terrestre. Hay que comprender qué significan el Estrecho de Magallanes, la Antártica chilena, Isla de Pascua, los cables submarinos, las tierras raras, las energías alternativas, el hidrógeno verde, los grandes puertos vecinos, las fábricas instaladas al otro lado de la cordillera, la relación con Argentina, la competencia entre Estados Unidos, China y Rusia, y la proyección oceánica de nuestro país. Todo eso forma parte de una inteligencia estratégica que no puede ser reemplazada por informes tardíos ni por diagnósticos parciales.
Por eso, la discusión sobre la nueva Ley de Inteligencia no debiera reducirse a si ahora existen más controles o más facultades intrusivas. La pregunta de fondo es si Chile está construyendo una verdadera capacidad nacional de inteligencia o solo está reorganizando estructuras en el papel. También habrá que esperar que esta nueva institucionalidad avance, madure y se consolide. Sería una pésima señal que, dentro de tres o cuatro años, Chile vuelva a discutir otra ley, otro nombre, otro servicio o una nueva reorganización, como si la inteligencia del Estado pudiera reconstruirse cada vez que cambia el clima político. La inteligencia nacional no puede ser una política de gobierno, ni menos una reacción frente a la crisis de turno. Debe ser una verdadera política de Estado: permanente, profesional, controlada, reservada, conjunta y orientada a proteger los intereses superiores de Chile.
La ley parece avanzar. Sería injusto negarlo. Pero el verdadero examen no estará en su promulgación, sino en su implementación. Allí sabremos si el país fue capaz de transformar una norma en capacidad real; si logró equilibrar eficacia operacional, control democrático y protección del secreto; si aprovechó la experiencia acumulada sin quedar atrapado en prejuicios ideológicos; y si entendió, por fin, que la inteligencia no es un lujo de los Estados poderosos, sino una necesidad vital de cualquier nación que quiera seguir siendo soberana.
Chile no puede improvisar su inteligencia, menos aún en un tiempo en que muchos todavía creen estar mirando la guerra del pasado, mientras la guerra del presente ya se libra en silencio, bajo tierra, bajo el mar, en las redes, en la cultura, en la economía, en las fronteras invisibles y en la mente de los pueblos.
Síguenos en nuestras Redes Sociales
