Diego Arenas
Más de dos años y medio después del colapso del esquema, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago sustituyó la prisión preventiva de Andrés Riquelme Pallamar —principal imputado por un fraude que supera los $950 millones— por arresto domiciliario total. Las víctimas, que perdieron ahorros de toda una vida, denuncian falta de avances sustantivos, opacidad sobre el destino de los fondos y la ausencia de otros actores clave en la investigación.
El caso “Falsas órdenes de Bomberos”, que involucra documentos falsificados para simular operaciones con el Cuerpo de Bomberos de Chile, volvió a generar tensión judicial y emocional entre los afectados tras la decisión del tribunal. Riquelme Pallamar, quien permanecía recluido en el Centro de Detención Preventiva Santiago I, ahora cumple la medida cautelar en su domicilio.
Entre 2022 y finales de 2023, Riquelme operó a través de la empresa Chilean Seller Inversiones, ofreciendo supuestas inversiones seguras con rentabilidades moderadas (alrededor del 1,7% cada 90 días). Las garantías consistían en paquetes documentales completos: órdenes de compra falsificadas supuestamente emitidas por Bomberos de Ñuñoa, pagarés, contratos de cesión de créditos, escrituras de reconocimiento de deuda y mandatos de cobro.
Las víctimas creían financiar la adquisición de equipamiento bomberil. Inicialmente, algunos recibieron retornos que generaron confianza. Sin embargo, entre el 4 y el 11 de diciembre de 2023 se produjo un default masivo. Decenas de inversionistas dejaron de recibir sus pagos, revelando la naturaleza piramidal del esquema.
Una de las víctimas más afectadas es Nicky Nathalie Kathleen Sommer, profesora y ciudadana europea residente en Chile. A sus 60 años perdió la totalidad de sus ahorros de jubilación: $256 millones de capital, más intereses que elevaron el perjuicio personal a más de $300 millones.
Sommer fue contactada por César Marín Mebus, quien le presentó la operación, negoció condiciones, recibió comisiones y preparó la documentación falsa. “Él no solo me presentó la inversión, sino que me envió los papeles que resultaron ser falsos. Sin embargo, sigue fuera del proceso”, denuncia la afectada.
La querella fue admitida en enero de 2024. Riquelme fue formalizado y quedó en prisión preventiva. Ahora, con el cambio a arresto domiciliario, Sommer y otros querellantes expresan frustración: “Han pasado más de dos años y medio y seguimos sin saber qué va a pasar ni cuándo habrá juicio oral”.
El 4 de junio de 2026, el Cuarto Juzgado de Garantía acogió la revisión de medidas cautelares tras cumplirse los 120 días iniciales. Aunque el Ministerio Público se opuso, el tribunal optó por el arresto domiciliario total, considerando probablemente el tiempo transcurrido y otros criterios legales.
Los querellantes cuestionan no solo esta decisión, sino el estado general de la causa. “Aún quedan diligencias pendientes sobre la estructura que permitió captar recursos utilizando documentación falsa”, sostienen. Apuntan especialmente a la red de captadores y asesores financieros que habrían facilitado la llegada de nuevos inversionistas.
Una de las mayores preocupaciones es la recuperación de los recursos. Riquelme no registraría bienes relevantes a su nombre. Las víctimas denuncian que sus propiedades estarían a nombre de su pareja —madre de sus hijos— y de su madre, incluyendo un departamento en Santiago y un terreno en el sur del país.
Se investigan posibles negociaciones para vender estos bienes, lo que reforzaría la hipótesis de un ocultamiento patrimonial previo al colapso del esquema. Hasta ahora, no se han reportado recuperaciones significativas para los afectados.
Los querellantes insisten en la necesidad de ampliar la investigación. César Marín Mebus es mencionado reiteradamente como facilitador clave: captador, negociador y preparador de documentación. Sin embargo, no ha sido formalizado.
El abogado Felipe Jiménez Seminario, representante de varias víctimas, ha señalado que es “crucial determinar si Riquelme actuó solo o si hay otros responsables que ayudaron a captar inversionistas”. La defensa de Riquelme ha sugerido que otros asesores financieros también formaron parte de la cadena.
El perjuicio total supera los $950 millones, afectando a decenas de inversionistas, entre personas naturales y pequeñas empresas. El caso expone vulnerabilidades en la confianza del mercado de inversiones informales y la necesidad de mayor fiscalización sobre documentación financiera.
Las víctimas esperan que el Ministerio Público cierre pronto la investigación y convoque a audiencia de preparación de juicio oral. Mientras tanto, el paso de Riquelme a arresto domiciliario reaviva el temor de que el caso se diluya en el tiempo sin una resolución definitiva ni reparación efectiva.
Este fraude, que utilizó el prestigio de Bomberos de Chile para generar credibilidad, deja lecciones dolorosas sobre la necesidad de verificar fuentes, documentación y la trayectoria real de quienes ofrecen inversiones “seguras” con rentabilidades atractivas.
Para las decenas de afectados, la justicia sigue pendiente. El arresto domiciliario de Andrés Riquelme Pallamar marca un nuevo capítulo en una causa que, a más de dos años y medio de su inicio, aún no entrega respuestas claras sobre responsabilidades completas ni el paradero del dinero.
Síguenos en nuestras Redes Sociales
