Perú reitera que la opinión de expertos de la ONU sobre la detención de Pedro Castillo carece de carácter obligatorio

La Cancillería de Perú dejó clara su posición este fin de semana: el pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas que considera arbitraria la privación de libertad del expresidente Pedro Castillo y solicita su liberación inmediata no constituye una decisión jurisdiccional obligatoria ni modifica las resoluciones adoptadas por las autoridades peruanas competentes.

En un comunicado oficial difundido el sábado, el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano subrayó que las opiniones emitidas por este mecanismo —adscrito al Consejo de Derechos Humanos de la ONU— son pronunciamientos de carácter consultivo elaborados por expertos independientes. Su finalidad, según Lima, radica en promover el diálogo y la cooperación internacional en materia de derechos humanos, sin que posean la naturaleza jurídica de una sentencia internacional ni generen efectos directos en el ordenamiento jurídico interno del país.

La postura oficial de la Cancillería peruana

El documento de la Cancillería enfatiza que estos grupos de trabajo forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Se trata de profesionales independientes que examinan comunicaciones individuales y formulan opiniones y recomendaciones dirigidas a los Estados. Conforme al derecho internacional público, sus pronunciamientos no equivalen a fallos de tribunales internacionales y, por tanto, no obligan a los Estados a modificar decisiones judiciales nacionales ya adoptadas.

Esta precisión llega en respuesta directa al dictamen del Grupo de Trabajo, que concluyó que la detención de Castillo resultaba arbitraria y pidió su puesta en libertad. La defensa del exmandatario, encabezada por el abogado Walter Ayala, ya presentó un hábeas corpus ante la justicia peruana solicitando su excarcelación inmediata, además de la nulidad de las actuaciones judiciales previas, incluyendo las prisiones preventivas de 18 y 36 meses dictadas antes de la sentencia condenatoria y la propia condena en primera instancia.

El contexto judicial del caso Castillo

Pedro Castillo, quien ejerció la presidencia entre 2021 y 2022, fue condenado en noviembre de 2025 por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva por el delito de conspiración para la rebelión, en relación con los hechos del 7 de diciembre de 2022. En esa fecha, el entonces mandatario anunció la disolución del Congreso y la instalación de un gobierno de emergencia, medida que no prosperó y derivó en su vacancia por incapacidad moral declarada por el Parlamento.

Desde entonces, Castillo permanece recluido en el penal de Barbadillo. Su defensa sostiene que se vulneraron garantías procesales tanto en el proceso penal como en el procedimiento de vacancia presidencial. El hábeas corpus presentado por Ayala apunta específicamente contra el actual presidente interino José María Balcázar, el ministro de Justicia Luis Jiménez, el Congreso de la República, jueces de la Corte Suprema y el Ministerio Público, alegando afectación al derecho a la libertad personal y a la defensa.

La sentencia de primera instancia sigue su curso en apelación, mientras el expresidente continúa purgando la pena impuesta.

Repercusiones políticas en plena transición de poder

El pronunciamiento de la Cancillería coincide con un momento delicado de la vida política peruana. El presidente interino José María Balcázar, quien asumió funciones tras la salida de la administración anterior, transferirá el mando el próximo 28 de julio a Keiko Fujimori, ganadora de la segunda vuelta electoral celebrada el 7 de junio pasado.

Consultado sobre el tema, Balcázar señaló que el documento de la ONU “viene a modificar un poco el escenario jurídico, legal y constitucional” en lo referente a una eventual solicitud de indulto. El mandatario interino precisó que esperará una petición formal de los abogados de Castillo y que el pedido deberá ser analizado primero por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el asesoramiento técnico correspondiente. “Eso abonaría a su petitorio y ahí se verá”, comentó.

Desde el lado de los simpatizantes del exmandatario, el excandidato presidencial Roberto Sánchez visitó el penal de Barbadillo junto a un grupo de seguidores y anunció una movilización nacional para el próximo 15 de julio con el objetivo de exigir la liberación inmediata de Castillo.

La naturaleza de los mecanismos de la ONU y su alcance real

Para comprender el alcance del dictamen es necesario recordar cómo opera el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. Creado en 1991 por la entonces Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (hoy Consejo de Derechos Humanos), este órgano examina casos individuales de privación de libertad que podrían contravenir estándares internacionales contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos.

Sus opiniones se clasifican según categorías establecidas (ausencia de base legal, ejercicio de derechos fundamentales, violaciones graves al debido proceso, entre otras). Sin embargo, estos pronunciamientos tienen carácter recomendatorio. No sustituyen a los tribunales nacionales ni poseen mecanismos de ejecución forzosa. Los Estados suelen responder a estas opiniones, ya sea acatándolas parcialmente, rechazándolas o simplemente tomándolas como insumo para el diálogo con los mecanismos internacionales.

La posición expresada por la Cancillería peruana se inscribe en una práctica habitual de numerosos países: reconocer el valor de estos mecanismos de supervisión como herramientas de promoción de estándares internacionales, sin concederles fuerza vinculante equivalente a la de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la Corte Internacional de Justicia.

Implicaciones más amplias para el Estado de derecho peruano

El episodio pone de relieve la tensión permanente entre los compromisos internacionales adquiridos por el Perú en materia de derechos humanos y la primacía del ordenamiento jurídico interno. Las autoridades peruanas han reiterado en múltiples ocasiones que las decisiones definitivas sobre la libertad de las personas corresponden exclusivamente a los tribunales nacionales, dentro del marco constitucional y legal vigente.

El hábeas corpus presentado por la defensa de Castillo seguirá su trámite ordinario ante la justicia peruana, que será la instancia encargada de determinar si procede o no la excarcelación solicitada. Paralelamente, cualquier eventual solicitud de indulto —figura de carácter eminentemente político y ejecutivo— deberá transitar por los canales institucionales correspondientes, con los informes técnicos del Ministerio de Justicia.

En el plano político, el dictamen de la ONU y la respuesta del gobierno peruano alimentan un debate ya de por sí polarizado sobre el legado del gobierno de Castillo, la legitimidad de los procesos judiciales en su contra y el equilibrio de poderes durante su mandato. La cercanía de la transmisión de mando añade una capa adicional de complejidad: la nueva administración de Keiko Fujimori heredará tanto el caso judicial como las expectativas generadas en torno a posibles revisiones o continuidades en la política de justicia y derechos humanos.

Lo que queda claro, más allá de las interpretaciones partidarias, es que el sistema judicial peruano mantiene su competencia exclusiva para resolver sobre la situación procesal y penitenciaria de Pedro Castillo. Los pronunciamientos de organismos internacionales como el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria constituyen aportes valiosos al debate público y al escrutinio de las prácticas estatales, pero no reemplazan ni anulan las resoluciones de los tribunales nacionales.

En las próximas semanas se conocerá cómo evoluciona el hábeas corpus y si la defensa formaliza una solicitud de indulto que el Ministerio de Justicia deberá evaluar con los elementos técnicos y jurídicos a su alcance. Mientras tanto, el comunicado de la Cancillería reafirma una línea de principio que Perú ha sostenido consistentemente: la soberanía judicial interna prevalece sobre recomendaciones no vinculantes de carácter internacional.

El caso de Pedro Castillo, con sus múltiples aristas legales, políticas y simbólicas, continúa siendo un termómetro de las tensiones que atraviesa la democracia peruana en su búsqueda de estabilidad institucional tras años de inestabilidad.

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