Victor Manuel Arce Garcia
En el imponente salón de sesiones del Senado de Filipinas, donde las togas carmesí de los senadores-jueces otorgan un aire de solemnidad casi judicial, el juicio político contra la vicepresidenta Sara Duterte ha cruzado esta semana un umbral significativo. Lo que comenzó como un procedimiento formal a inicios de julio ha derivado, en su segunda semana, hacia una confrontación más intensa con la incorporación de nuevos testigos que buscan aportar luz —o al menos argumentos— sobre las acusaciones más sensibles: las presuntas amenazas graves contra el presidente Ferdinand Marcos Jr., la primera dama Liza Araneta-Marcos y el expresidente de la Cámara de Representantes Martin Romualdez.
El proceso, que se desarrolla ante el Senado actuando como tribunal de impeachment, podría extenderse durante varias semanas más, quizás casi tres meses según estimaciones preliminares. Su desenlace no solo determinará si la vicepresidenta permanece en el cargo, sino que también proyectará sombras —o claridades— sobre el equilibrio de poder en Manila y sobre las aspiraciones de cara a las elecciones presidenciales de 2028.
Para comprender la magnitud del momento actual conviene recordar que la relación entre los clanes Marcos y Duterte no siempre fue de confrontación abierta. En 2022, la fórmula Marcos-Duterte —con Ferdinand Marcos Jr. como presidente y Sara Duterte como vicepresidenta— representó una unión estratégica que dominó las urnas bajo el lema “Uniteam”. Esa coalición parecía sellar una reconciliación histórica entre dos familias que habían sido rivales en el pasado.
Sin embargo, las tensiones comenzaron a acumularse en los años siguientes. Diferencias sobre el control de fondos confidenciales, la distribución de cargos en el gabinete y, especialmente, la postura frente a organismos internacionales como la Corte Penal Internacional marcaron el quiebre. El deterioro se acentuó tras las elecciones de mitad de mandato de 2025, cuando las fricciones políticas se volvieron más visibles y públicas.
En ese contexto, las acusaciones contra Sara Duterte —malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, abuso de poder y las ya mencionadas amenazas— adquirieron un carácter particularmente cargado. La vicepresidenta, hija del expresidente Rodrigo Duterte, ha rechazado de plano todas las imputaciones y ha sostenido que el proceso responde a motivaciones políticas. Mientras tanto, su padre permanece detenido en La Haya, a la espera de juicio ante el Tribunal Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad vinculados a la controvertida campaña contra las drogas que lideró durante su mandato.
El pliego de cargos presentado ante el Senado se articula en torno a cuatro artículos principales. El primero y más mediático se refiere a las presuntas amenazas graves. Según la acusación, en una conferencia de prensa virtual de noviembre de 2024, Sara Duterte habría realizado declaraciones que la fiscalía interpreta como amenazas directas contra el presidente, la primera dama y el entonces presidente de la Cámara. La defensa, por su parte, argumenta que se trata de expresiones protegidas por la libertad de expresión y que el proceso busca criminalizar el disenso político.
Los otros tres artículos giran en torno al manejo de recursos públicos: el presunto uso irregular de fondos confidenciales asignados a la Oficina de la Vicepresidenta y al Departamento de Educación (durante su paso por esa cartera), posibles irregularidades que apuntarían a enriquecimiento ilícito, y acusaciones de abuso de autoridad en la gestión de esos recursos. Estos cargos, de naturaleza más técnica y financiera, exigen la presentación de documentación detallada y peritajes que el Senado está comenzando a examinar con mayor profundidad en esta etapa del juicio.
La semana pasada, el agente de la Oficina Nacional de Investigaciones (NBI) John Mark Calilung ofreció antecedentes relacionados con el artículo referido a las amenazas. Esta semana, el proceso ha continuado con la comparecencia de otros funcionarios de esa misma institución. El director regional del NBI, Jeremy Lotoc, declaró ante los senadores-jueces que las expresiones de Sara Duterte en aquella conferencia de prensa de noviembre de 2024 constituían, a su juicio, amenazas graves y no simples manifestaciones protegidas por la libertad de expresión.
La defensa, liderada por abogados como Vinluan, sometió al testigo a un intenso contrainterrogatorio, cuestionando la credibilidad de los documentos presentados, posibles errores en los expedientes y eventuales sesgos institucionales. El fiscal de la Cámara, Amando Virgil Ligutan, objetó con firmeza algunos de esos cuestionamientos, especialmente aquellos que rozaban aspectos personales del testigo. El senador Francis Escudero, quien preside el tribunal de impeachment, sostuvo varias de las objeciones de la fiscalía y advirtió contra comentarios que pudieran considerarse improcedentes.
En esta fase clave, la fiscalía tiene previsto llamar a declarar a Zuleika Lopez, portavoz y una de las colaboradoras más cercanas de la vicepresidenta. Lopez fue citada mediante subpoena para comparecer los días 13 y 14 de julio, con el objetivo de aportar testimonio “material” relacionado con el artículo de las amenazas. Su cercanía con Sara Duterte la convierte en una testigo de particular interés para ambos bandos: la acusación espera que ilumine el contexto y la intención de las declaraciones de noviembre de 2024; la defensa, previsiblemente, buscará resaltar que cualquier comentario se inscribía en un clima de tensión política y preocupación por la seguridad de su familia.
También se espera la comparecencia de Belinda Bello, directora de la Oficina de Seguridad Legislativa de la Cámara de Representantes, cuyo testimonio podría aportar elementos adicionales sobre los protocolos de seguridad y el contexto en que se produjeron las supuestas amenazas.
El Senado ha buscado un equilibrio entre celeridad y rigor. El senador Escudero ha propuesto ajustar el calendario para que las audiencias del juicio se realicen en horario matutino, liberando las tardes para las sesiones legislativas ordinarias a partir de finales de julio. Esta propuesta refleja la preocupación por no paralizar por completo la labor legislativa mientras se desarrolla un proceso de tal envergadura.
Hasta el momento, el juicio ha avanzado con la presentación ordenada de testigos y documentos, aunque no han faltado los choques verbales entre fiscales y defensores. Estos roces, lejos de ser meros episodios anecdóticos, revelan la alta carga política que rodea cada paso del procedimiento. En Filipinas, donde las dinastías políticas siguen siendo un rasgo estructural del sistema, un juicio de estas características inevitablemente se percibe también como un capítulo más en la larga historia de rivalidades entre élites.
Si el Senado, por mayoría de dos tercios de los senadores-jueces presentes, declara culpable a Sara Duterte en alguno de los artículos, las consecuencias serían inmediatas y de largo alcance: destitución del cargo de vicepresidenta e inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas. Esa inhabilitación, en particular, cerraría de manera definitiva cualquier posibilidad de que la actual vicepresidenta compita por la presidencia en 2028, un escenario que muchos analistas consideraban plausible antes del estallido de este proceso.
El vacío que dejaría su salida también plantearía interrogantes sobre la sucesión vicepresidencial y sobre la estabilidad del gobierno de Marcos Jr. en los dos años restantes de mandato. Al mismo tiempo, el resultado del juicio enviará señales claras sobre la capacidad del Senado filipino para actuar con independencia frente a presiones políticas de uno u otro signo.
El padre de la acusada, Rodrigo Duterte, sigue siendo una figura de enorme peso simbólico para amplios sectores de la población, especialmente en Mindanao. Su situación legal en La Haya añade una capa adicional de complejidad emocional y política al juicio de su hija. Cualquier decisión del Senado será leída, inevitablemente, a través del prisma de esa relación filial y de la narrativa más amplia sobre la “guerra contra las drogas” y sus secuelas.
El juicio político contra Sara Duterte no ocurre en el vacío. Forma parte de una tradición filipina de uso del mecanismo de impeachment como herramienta de rendición de cuentas —y, a veces, de ajuste de cuentas— entre poderes. Desde la caída de Ferdinand Marcos Sr. en 1986, el país ha transitado por múltiples crisis institucionales en las que el Senado ha debido actuar como árbitro final.
Lo que distingue este caso es la combinación de elementos: una vicepresidenta con fuerte arraigo popular, acusaciones que mezclan temas de corrupción financiera con presuntas amenazas de violencia, y un telón de fondo de rivalidad dinástica que atraviesa generaciones. El desenlace, cualquiera que sea, dejará huella en la forma en que los filipinos perciben la separación de poderes, la independencia judicial y la posibilidad real de que los altos funcionarios respondan ante la ley sin que prevalezcan consideraciones de lealtad familiar o lealtad política.
Por ahora, las audiencias continúan. Los senadores escuchan, los abogados argumentan, los testigos declaran. En el austero recinto del Senado, bajo la mirada atenta de la opinión pública y de los medios, se está escribiendo un capítulo más de la siempre compleja y apasionada vida institucional de Filipinas. El país, y el mundo que lo observa, aguarda el veredicto con la certeza de que, más allá del resultado inmediato, este juicio ya ha puesto de manifiesto las tensiones profundas que siguen definiendo el ejercicio del poder en la nación insular.
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