Patricio Herman
El reciente gobierno de José Antonio Kast ha traído cambios económicos significativos en Chile. Con un enfoque en favorecer al sector privado, se plantea la duda sobre si estas medidas beneficiarán realmente a la población
En la actualidad, no sorprende que el gobierno de José Antonio Kast, respaldado por la mayoría de los chilenos, esté implementando medidas económicas que benefician de manera excesiva al sector privado. Su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha promovido políticas debido a la lenta tramitación de proyectos de inversión por parte del Estado. En este contexto, en junio de 2026, se publicó la Ley N° 21.826, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) para agilizar el proceso de obtención de permisos de edificación y urbanización.
Simultáneamente, se están modificando las disposiciones de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), que tienen mayor jerarquía que los planes reguladores intercomunales y comunales. Esto implica que las decisiones de los gobiernos regionales y municipales sobre Vivienda y Urbanismo quedan relegadas, mientras que se anticipan cambios drásticos en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), parte del ministerio de Medio Ambiente.
A nuestro entender, existen tanto avances como retrocesos en esta área, y el futuro revelará si las políticas liberales y las facilidades para empresarios han sido beneficiosas o perjudiciales para el bienestar de las ciudades. Dentro de cuatro años, será crucial evaluar el crecimiento de la inversión, los salarios y el impacto en la cesantía y la inflación; estas cifras determinarán el rumbo político, ya sea hacia un gobierno de derecha o de centro-izquierda.
Empresas influyentes como los grupos Luksic, Matte y Angelini han mostrado una notable capacidad para vincularse con diferentes administraciones gubernamentales. Estos conglomerados apoyan la reforma tributaria que incluye la invariabilidad tributaria, que debería limitarse al mandato gubernamental de cuatro años, a diferencia de lo propuesto actualmente. Además, resulta controversial que esta reforma contemple la exención de contribuciones para propiedades de personas mayores de 65 años, sin considerar que algunas podrían tener ingresos elevados y residir en lujosas mansiones.
Es importante recordar el episodio que involucró a Andrónico Luksic en Perú, donde se reunió con Vladimiro Montesinos para desbloquear dificultades en un proyecto. Esta interacción resultó en un escándalo tras la revelación de un pago de US$ 2 millones para facilitar la operación.
El caso Caval también expone las conexiones entre empresarios y políticos. Luksic recibió en su oficina al matrimonio Dávalos-Compagnon, quienes buscaron financiamiento para resolver problemas ligados a un negocio en Machalí. La justificación del préstamo implicó una tasación «errónea» que consideró un aumento de valor del terreno bajo futuras modificaciones urbanas.
Por su parte, Eleodoro Matte también intentó emprender un proyecto en terreno protegido, sin ajustar la regulación sectorial. Tras la intervención de Contraloría, se levantó el proyecto, lo cual ocasionó malestar en la comunidad universitaria durante una charla que impartí sobre el tema.
En el ámbito de la colusión, la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), propiedad de los Matte, fue condenada por manipular precios del papel. Estas prácticas afectan gravemente la economía de mercado y son recurrentes en otros sectores como el avícola y farmacéutico.
Finalmente, el grupo Angelini se vio involucrado en un escándalo relacionado con un permiso inmobiliario no válido, el cual fue objetado por la Contraloría. A pesar de esto, la construcción continuó, evidenciando una clara falta de supervisión pública.
Esperamos que tanto Luksic, Matte como Angelini cumplan con los marcos regulatorios en sus proyectos. Recientemente, se nos ofreció compartir nuestra experiencia en la publicación de un libro que abordará estos temas de manera entretenida y reflexiva.
Síguenos en nuestras Redes Sociales
