La visita del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, al sector El Olivar tenía como objetivo evaluar el impacto de las recientes lluvias en las construcciones entregadas a familias afectadas por el megaincendio de febrero de 2024. Mientras conversaba con la prensa sobre denuncias de desprendimientos de muros, intervino el abogado Jaime Barrientos, representante legal de la Constructora San Sebastián. Barrientos señaló que el lugar era vía pública y desmintió la existencia de una querella en los términos descritos por el ministro.
La tensión subió cuando Barrientos acusó a Poduje de comportarse “como un matón”. El secretario de Estado replicó con un “¿Qué me dijo?” y se acercó al jurista. Posteriormente, Poduje recriminó las presuntas fallas estructurales de las viviendas. Barrientos respondió que el ministro “se sale de sus cabales” y enfatizó que debían respetarse los tribunales y las pericias en curso. El episodio, registrado por cámaras de T13, refleja el deterioro de la relación entre la autoridad y la empresa contratista.
El megaincendio de 2024 y el legado de una reconstrucción compleja
El 2 y 3 de febrero de 2024, un megaincendio arrasó extensas zonas de Viña del Mar y la región de Valparaíso, dejando miles de damnificados. La reconstrucción de viviendas sociales en sectores como El Olivar se convirtió en prioridad para el gobierno entrante. Una de las empresas adjudicadas fue la Constructora San Sebastián, asociada a la entidad patrocinadora Social Arquitectura Limitada (SARQ), responsable de aproximadamente 350 viviendas.
Según reportes de BioBioChile y La Tercera, el proyecto enfrentó retrasos significativos desde el inicio. El ministro Poduje ha sostenido que heredó un proceso con escaso avance y deficiencias en la ejecución de parte de las obras asignadas a esta constructora. El contrato original ascendía a unos 30 mil millones de pesos, con alrededor de 8 mil millones ya pagados al momento de la paralización.
Irregularidades detectadas: auditorías, informes técnicos y la orden de paralización.
En marzo de 2026, apenas días después de asumir, Poduje firmó el Ordinario N°245 que ordenó la paralización total de las obras en El Olivar. La decisión se basó en una auditoría iniciada tras la denuncia de un proveedor de materiales. Los informes del IDIEM de la Universidad de Chile y la DITEC del Minvu detectaron, según el ministro, uso de materiales no certificados, vulneración de normas de resistencia al fuego y riesgo sísmico, especialmente en viviendas de dos pisos construidas con especificaciones de una sola planta.
Poduje ha reiterado en múltiples declaraciones a BioBioChile y ADN Radio que “no tenemos otro camino” ante el riesgo sísmico. De las 350 viviendas proyectadas, entre 50 y 170 presentaban avances significativos y, según los peritajes internos, requerirían demolición por no poder repararse de forma parcial sin comprometer la seguridad. La empresa, por su parte, sostiene que el proyecto fue diseñado por la entidad patrocinadora, aprobado por el Serviu Valparaíso y revisado por la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar.
Querellas cruzadas y la intervención de los tribunales
El 5 de junio de 2026, Social Arquitectura presentó una querella criminal de 168 páginas ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar contra Poduje, el seremi de Vivienda Marcelo Ruiz y el director subrogante del Serviu Rodrigo Muñoz. La acción acusa falsificación ideológica de instrumento público, fraude al Fisco y uso del aparato estatal para cometer delitos. La abogada Erika Maira y el abogado Jaime Barrientos han liderado la defensa de la constructora.
El Minvu respondió con querellas propias por presunto fraude al Fisco, estafa y negociación incompatible, alegando vínculos irregulares con funcionarios del Serviu. Además, damnificados del propio El Olivar presentaron en julio de 2026 ocho querellas adicionales contra las mismas autoridades por prevaricación administrativa y falsificación de documentos.
El 16 de junio de 2026, el Segundo Juzgado Civil de Valparaíso acogió parcialmente la solicitud de la constructora y ordenó un peritaje técnico independiente antes de cualquier demolición. El 9 de julio, el mismo tribunal rechazó recursos del Serviu y paralizó las demoliciones hasta que se realice el peritaje externo. Barrientos celebró la decisión como un triunfo del debido proceso.
El debate técnico: demolición versus reforzamiento
El núcleo del conflicto radica en la evaluación de las fallas. El Minvu argumenta que las viviendas presentan deficiencias estructurales graves que comprometen la seguridad de las familias, especialmente ante sismos y nuevos incendios. Los informes IDIEM y DITEC son citados como respaldo técnico irrefutable.
La constructora y su abogado sostienen que las casas pueden reforzarse, que no se ha permitido a la empresa defenderse técnicamente y que el peritaje independiente demostrará el cumplimiento del proyecto aprobado por el Estado. En declaraciones previas a EnEstrado.com y CNN Chile, Barrientos ha criticado lo que califica como “operación comunicacional” y “espectáculo político” por parte del ministro, señalando que se solicitaron reuniones que nunca se concretaron.
Expertos consultados en columnas de El Mostrador, como el Premio Nacional de Arquitectura Cristián Castillo, han cuestionado la decisión de demoler masivamente, sugiriendo que los informes cuestionan principalmente las viviendas de dos pisos y que el refuerzo podría ser viable en muchos casos.
El costo humano: familias en la incertidumbre
Detrás de las querellas y los informes técnicos están cientos de familias que perdieron todo en el incendio de 2024 y que llevan más de dos años esperando una vivienda definitiva. Videos virales de marzo de 2026 muestran a Poduje en un cruce con vecinas que defendían las casas construidas. El ministro respondió en ese entonces que, si querían quedarse en una vivienda con riesgo, podían firmar un documento asumiendo la responsabilidad.
Algunas familias han respaldado el plan del Minvu de demoler y reconstruir con nuevas empresas (Kawésqar y José Miguel Carreño). Otras, junto a la constructora, exigen que se respete el contrato original y se realicen las correcciones necesarias. La paralización judicial ha extendido la espera y generado divisiones entre los damnificados.
Estilo “sin filtros”, política y gestión de desastres
Poduje, arquitecto de profesión, llegó al ministerio con una imagen de gestor directo y sin rodeos. Su estilo ha sido celebrado por sectores que valoran la fiscalización estricta a contratistas, pero criticado por otros como generador de confrontaciones innecesarias. Columnistas de El Mostrador han señalado que el caso El Olivar lo ha pasado de “intocable en las encuestas” a enfrentar múltiples querellas y un posible “ocaso” político.
El episodio del 16 de julio ilustra cómo la gestión de la reconstrucción post-desastre en Chile sigue marcada por tensiones entre la urgencia de entregar soluciones seguras y el respeto al debido proceso contractual y judicial. La reconstrucción en Valparaíso contrasta con avances más rápidos reportados en otras regiones como Biobío y Ñuble.
Perspectivas: peritaje, plazos y lecciones para el sector
El peritaje ordenado por el tribunal será determinante. Si confirma las fallas graves, fortalecerá la posición del Minvu para avanzar con demoliciones y exigir restitución de fondos. Si avala la calidad de las obras o la viabilidad de refuerzos, la constructora podría recuperar terreno legal y exigir compensaciones por daños.
El gobierno ha señalado que aspira a retomar la construcción definitiva en las próximas semanas con nuevas empresas, aunque Poduje ha reconocido públicamente que no se cumplirá el plazo original de 15 meses para todas las familias damnificadas de la región.
El caso El Olivar expone desafíos estructurales del modelo chileno de reconstrucción: dependencia de contratistas privados, fiscalización estatal, y la dificultad de equilibrar rapidez con rigor técnico y legal. Mientras el peritaje avanza, las familias de El Olivar permanecen en el centro de una disputa que trasciende un cruce verbal y toca las bases de la confianza en las instituciones encargadas de reconstruir tras la tragedia.
