Ministra Judith Marín ante polémica por proyecto “Escucha su Corazón”: “Los parlamentarios serán quienes deban pronunciarse”

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, enfrentó preguntas sobre una de las iniciativas más polémicas del actual período legislativo. El proyecto de ley “Escucha su Corazón”, impulsado por parlamentarios de derecha, busca modificar el Código Sanitario para exigir que los médicos ofrezcan a las mujeres escuchar los latidos del embrión o feto antes de practicar un aborto en tres causales. Si la paciente declina, el profesional deberá negarse a realizar el procedimiento.

Marín optó por una respuesta institucional: “Entendemos que esto es una moción parlamentaria que hoy se encuentra radicada en la comisión de Salud, donde los parlamentarios serán quienes deban pronunciarse al respecto”. Agregó que ya existe una ley que regula esta materia.

El contenido del proyecto y sus alcances

La iniciativa, presentada el 25 de junio de 2026 por diputados del Partido Nacional Libertario, Republicanos y, en un primer momento, Renovación Nacional, modifica el artículo 119 del Código Sanitario. Establece el deber del médico de informar sobre la actividad cardíaca embrionaria o fetal y ofrecer la oportunidad de escucharla mediante los medios técnicos disponibles.

Si bien inicialmente abarcaba las tres causales (riesgo vital de la madre, inviabilidad fetal letal y embarazo por violación), el autor principal, el diputado Cristóbal Urruticoechea, indicó que se excluyó la causal de riesgo vital. Aun así, la versión pública aún genera dudas y críticas transversales.

Los impulsores argumentan que se trata de fortalecer el consentimiento informado con información “veraz, completa y objetiva”. Para sus detractores, sin embargo, introduce una barrera adicional que puede resultar coercitiva, especialmente en situaciones de alta vulnerabilidad emocional.

Reacciones y críticas desde diversos sectores

La propuesta desató un intenso debate. La exministra Antonia Orellana la calificó de “crueldad legislativa” y la comparó con iniciativas de ultraderecha en otros países. Organizaciones como Observatorio MIRA y Miles Chile la rechazaron por considerar que constituye violencia institucional y revictimiza a las mujeres, particularmente en casos de violación o inviabilidad fetal.

Diputadas de distintas bancadas manifestaron rechazo por “falta de empatía” y “violencia institucional”. Incluso figuras de centro-derecha, como la exministra Karla Rubilar, advirtieron que “en los momentos más difíciles, el Estado debe acompañar, no revictimizar”.

Desde el ámbito médico y de derechos humanos, se alerta que obligar a escuchar los latidos —o penalizar la negativa con la denegación del procedimiento— puede generar trauma psicológico innecesario y entorpecer el acceso a un derecho ya regulado por ley desde 2017.

Contexto político y legislativo

El proyecto llega en un período de tensiones en el Congreso, donde temas de derechos reproductivos siguen polarizando a las bancadas. Mientras sectores conservadores buscan endurecer o limitar el acceso al aborto en tres causales, el Ejecutivo ha mantenido una postura de respeto a la ley vigente sin promover modificaciones restrictivas.

La respuesta de la ministra Marín refleja una estrategia institucional: derivar la discusión al Legislativo sin comprometer al Gobierno en un tema altamente sensible. Esto evita confrontaciones directas, pero también deja el debate abierto a las mayorías parlamentarias del momento.

Implicaciones para las mujeres y el sistema de salud

Especialistas en salud reproductiva advierten que iniciativas como esta pueden generar efectos disuasivos. En situaciones de violación o inviabilidad fetal, el proceso ya implica un alto componente emocional; agregar un requisito que puede percibirse como presión adicional complica el acceso oportuno y seguro.

La ley actual establece protocolos de consentimiento informado que ya incluyen información médica completa. Modificarlos para incluir este paso específico genera dudas sobre su compatibilidad con estándares internacionales de derechos humanos, que priorizan la autonomía de la mujer y evitan medidas que puedan constituir tortura o trato cruel.

El debate en la opinión pública

En redes sociales y medios, la discusión se ha polarizado rápidamente. Sectores provida celebran el proyecto como un avance en la protección de la vida no nacida. Organizaciones feministas y de derechos sexuales lo ven como un retroceso que desvirtúa la ley de 2017 y revictimiza a quienes ya enfrentan circunstancias extremadamente dolorosas.

La ministra Marín, al recordar que existe una ley vigente, parece apuntar a que cualquier cambio debe respetar el marco legal actual y los derechos garantizados.

El proyecto “Escucha su Corazón” se encuentra en tramitación en la Comisión de Salud de la Cámara. Su futuro dependerá del debate parlamentario, donde las posiciones ideológicas suelen chocar con fuerza. Mientras tanto, el Ejecutivo observa desde la distancia institucional, dejando la responsabilidad de pronunciarse —como señaló la ministra— en manos de los legisladores.

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