El 15 de julio de 2026, Amnistía Internacional presentó un informe que no deja indiferente a nadie que siga la evolución de la seguridad en Centroamérica. Tras cuatro años de investigación exhaustiva, la organización concluye que las violaciones cometidas bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 en El Salvador muestran patrones que podrían encuadrarse como crímenes de lesa humanidad.
El documento titulado “Seguridad sin derechos” no es una denuncia aislada. Se basa en seis misiones de investigación entre mayo de 2022 y enero de 2025, 109 entrevistas a víctimas, familiares, abogados, defensores públicos y hasta exmiembros de la Policía Nacional Civil, además del análisis de expedientes judiciales y más de 80 casos individuales. Los hallazgos son contundentes: más de 90.000 personas detenidas, al menos 470 muertes bajo custodia estatal y miles de familias sin información clara sobre el paradero o situación legal de sus seres queridos.
El contexto que nadie puede ignorar: de la violencia pandillera al modelo de excepción
Para entender la magnitud del debate actual es indispensable recordar de dónde venía El Salvador. En 2015 la tasa de homicidios superaba los 100 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo en tiempos de paz. Las pandillas controlaban territorios, extorsionaban comercios y aterrorizaban comunidades enteras. La llegada de Nayib Bukele al poder en 2019 y, especialmente, la declaración del régimen de excepción en marzo de 2022 tras un fin de semana especialmente sangriento, marcaron un giro radical.
Las cifras oficiales posteriores son innegables. La tasa de homicidios cayó a 1,9 por 100.000 habitantes en 2024 y se situó en torno a 1,3 en 2025. El país registra periodos prolongados sin asesinatos y el turismo y ciertas inversiones han respondido positivamente a la percepción de mayor seguridad. El propio Bukele ha destacado estos logros en múltiples ocasiones, presentando el modelo como un éxito regional.
Sin embargo, el precio de esa transformación está ahora bajo la lupa internacional con un nivel de detalle que resulta difícil de desestimar.
Lo que documenta el informe: patrones sistemáticos, no excesos aislados
El informe de Amnistía Internacional no habla de casos aislados ni de “manzanas podridas”. Describe un sistema en el que las detenciones se realizan frecuentemente sin orden judicial, basadas en perfiles territoriales, apariencia o denuncias no verificadas. Los testimonios recogidos hablan de cuotas de detención, instrucciones verbales sin registro y presión institucional para “legalizar” arrestos posteriores.
En los 82 casos analizados en profundidad se repiten de forma consistente cuatro patrones: detenciones arbitrarias, desaparición forzada temporal (familias sin saber dónde están los detenidos durante días o semanas), tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el desmantelamiento efectivo del debido proceso. Los jueces, según múltiples relatos, validan las detenciones de forma casi automática tras periodos prolongados sin control judicial efectivo.
Las condiciones de reclusión aparecen descritas con crudeza: hacinamiento extremo, negación de atención médica oportuna, palizas, castigos colectivos y falta de información a los familiares. El resultado: al menos 470 muertes documentadas bajo custodia durante el periodo analizado. Detrás de cada número hay madres que recorrieron prisiones sin obtener respuestas claras y personas que permanecen detenidas incluso cuando existen órdenes de libertad.
¿Crímenes de lesa humanidad? El análisis jurídico que plantea Amnistía
La afirmación más fuerte del informe es que estos hechos podrían constituir crímenes de lesa humanidad según el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Para que se configure esta figura se requiere que los actos sean parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, con conocimiento de ese contexto por parte de los autores.
Amnistía Internacional sostiene que los elementos están presentes: la duración prolongada (más de cuatro años), la escala masiva (decenas de miles de detenciones), el carácter sistemático (políticas y reformas institucionales que facilitan las violaciones) y la dirección hacia sectores vulnerables de la población civil, especialmente comunidades empobrecidas y estigmatizadas. La organización enfatiza que no se trata de excesos individuales, sino de un marco institucional que ha debilitado o eliminado los controles que deberían prevenir estas prácticas.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, fue clara durante la presentación: “La seguridad no puede construirse sobre la arbitrariedad, la tortura, las desapariciones forzadas y la anulación del debido proceso”. Añadió que la calificación de posibles crímenes de lesa humanidad expresa respeto por las instancias judiciales competentes y no pretende sustituirlas.
Voces desde dentro y la erosión institucional
El informe incorpora testimonios de agentes policiales que describen cómo el sistema priorizó resultados numéricos sobre garantías procesales. Un defensor entrevistado señaló que “ya no importa si hay evidencia o no; basta con que la policía diga que alguien ‘parece pandillero’”. Otro actor clave, Noah Bullock de Cristosal, organización que suspendió sus operaciones en El Salvador en julio de 2025 alegando hostigamiento y persecución, advirtió que las instituciones encargadas de proteger derechos fueron cooptadas o debilitadas progresivamente.
Estos cambios institucionales incluyen reformas legislativas que ampliaron plazos de detención provisional, permitieron procesos masivos sin individualización adecuada de responsabilidades y redujeron la independencia de órganos de control. Organizaciones como Human Rights Watch y reportes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han señalado tendencias similares en años previos.
La otra cara: logros en seguridad y la defensa del gobierno
Ningún análisis serio puede obviar que antes del régimen de excepción las pandillas ejercían un control territorial que generaba miles de víctimas anuales, sobre todo en sectores populares. La reducción drástica de la violencia ha significado vidas salvadas, barrios recuperados para el uso cotidiano y una mejora tangible en la percepción de seguridad para millones de salvadoreños.
El gobierno de Nayib Bukele ha defendido consistentemente su estrategia como necesaria frente a una amenaza existencial. Ha señalado que los críticos priorizan los derechos de quienes delinquían sobre los de la ciudadanía honrada. Hasta la fecha, el Ejecutivo no ha emitido una respuesta oficial detallada al informe de julio de 2026, aunque en el pasado ha descalificado informes similares de organismos internacionales.
Bukele mantiene alto apoyo popular y se prepara para buscar un tercer mandato en 2027. Su encuentro reciente con el presidente estadounidense Donald Trump añade una dimensión geopolítica al debate: la relación con Washington podría verse influida por cómo se gestione la cuestión de derechos humanos en los próximos meses.
Implicaciones más allá de El Salvador
El caso salvadoreño trasciende sus fronteras. Representa un modelo de “mano dura” que otros países de la región observan con atención, ya sea para replicarlo o para evitarlo. Si las conclusiones de Amnistía Internacional ganan tracción en foros internacionales, podrían abrir la puerta a mayor escrutinio, posibles mecanismos de rendición de cuentas y efectos en la cooperación bilateral o multilateral.
Desde una perspectiva financiera y de estabilidad, la erosión sostenida del Estado de derecho genera riesgos a mediano y largo plazo: incertidumbre jurídica para inversiones, posibles restricciones de financiamiento internacional y daño a la imagen país que el propio gobierno ha intentado mejorar con la reducción de la violencia. El turismo ha crecido, pero la sostenibilidad de ese repunte depende también de la percepción de respeto a las normas básicas.
La experiencia salvadoreña ilustra también un dilema más amplio en América Latina: cómo combatir la criminalidad organizada sin sacrificar las garantías que distinguen a una democracia funcional de un sistema puramente represivo. Los datos muestran que es posible reducir drásticamente la violencia; la pregunta que plantea el informe es si ese logro puede mantenerse sin reconstruir los mecanismos de control y rendición de cuentas que han sido debilitados.
Lo que pide Amnistía y los escenarios posibles
Las recomendaciones del informe son concretas: poner fin al régimen de excepción, restablecer plenamente las garantías del debido proceso, investigar de forma independiente las denuncias de tortura, desapariciones y muertes bajo custodia, y garantizar información transparente sobre todas las personas privadas de libertad.
El gobierno salvadoreño enfrenta ahora una encrucijada. Mantener el rumbo actual puede consolidar los logros en seguridad a corto plazo, pero aumenta el riesgo de aislamiento internacional y de futuras responsabilidades legales. Un proceso gradual de normalización institucional, con investigaciones creíbles y reformas que recuperen el control judicial efectivo, podría mitigar esas tensiones sin renunciar a los avances contra la criminalidad.
Lo que está en juego no es solo la imagen de un gobierno popular. Es la pregunta fundamental de si la seguridad sostenible se construye debilitando el Estado de derecho o reforzándolo. El informe de Amnistía Internacional no cierra esa discusión; la abre con datos que exigirán respuestas serias en los próximos meses y años.
El Salvador ha demostrado que es posible cambiar radicalmente los indicadores de violencia. Ahora la sociedad salvadoreña, sus instituciones y la comunidad internacional decidirán si ese cambio se consolida sobre bases que respeten los estándares mínimos del derecho internacional o si el costo humano termina por erosionar los propios logros alcanzados.
