The Times Latino
Central hidroeléctrica Rucalhue Chile - Un nuevo episodio de violencia irrumpió en la región del Biobío durante la madrugada de este domingo 20 de abril de 2025, cuando un grupo de desconocidos armados atacó las obras de la central hidroeléctrica Rucalhue, ubicada entre las comunas de Santa Bárbara y Quilaco. El saldo del atentado es alarmante: 47 camiones, un camión de combustible, una moto niveladora y dos excavadoras fueron reducidos a cenizas, mientras que dos de los cuatro guardias presentes resultaron con heridas leves tras ser intimidados por los agresores. Según el reporte policial, el incidente tuvo lugar alrededor de las 02:30 horas, cuando Carabineros de la comisaría de Santa Bárbara recibió una alerta sobre el ataque incendiario en curso.
Los hechos, descritos como un "atentado contra la infraestructura, los trabajadores, las comunidades vecinas y el estado de derecho" por la empresa Rucalhue Energía, han generado conmoción en la zona y reavivado el debate sobre la seguridad y el orden público en regiones marcadas por conflictos sociales y territoriales. Los guardias, quienes fueron los primeros en enfrentar a los agresores, relataron a las autoridades que los sujetos, portando armas de fuego, los amenazaron directamente antes de proceder a incendiar la maquinaria presente en el lugar. A pesar de la violencia del acto, no se reportaron víctimas fatales, aunque el daño material es significativo.
Rucalhue Energía, la compañía a cargo del proyecto hidroeléctrico, emitió un comunicado en el que expresó su más enérgico rechazo a lo sucedido. "Condenamos todo acto de violencia. Este tipo de hechos no solo representa un atentado contra la infraestructura, sino también contra los trabajadores, las comunidades vecinas y el estado de derecho", señaló la empresa. Además, anunció que presentará querellas legales y colaborará activamente con las autoridades policiales y judiciales para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y reforzar las medidas de seguridad en el área.
El proyecto de la central Rucalhue, una iniciativa que busca generar 90 MW de energía eléctrica mediante un sistema de paso con embalse, ha sido objeto de controversias desde su concepción. Adquirido en 2018 por Rucalhue Energía SpA, filial de la china International Water & Electric (CWE), el desarrollo ha enfrentado críticas por su impacto ambiental y social en la cuenca del río Biobío, así como por tensiones con comunidades locales. Sin embargo, la empresa subrayó en su declaración que cumple "con toda la normativa ambiental, social y técnica vigente" y que el proceso ha sido transparente ante las instituciones del Estado.
"Reafirmamos nuestro compromiso con el diálogo, la paz social y el respeto hacia las comunidades vecinas. Seguiremos trabajando con responsabilidad y de manera colaborativa con los distintos actores del territorio, convencidos de que el desarrollo sustentable es posible en un marco de respeto mutuo", agregó Rucalhue Energía. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades para que "estos actos no queden impunes" y pidió que las instituciones del Estado actúen "con toda la fuerza de la ley" para perseguir y sancionar a los culpables.
El ataque a la central Rucalhue se suma a una serie de incidentes violentos registrados en el sur de Chile, particularmente en las regiones del Biobío y La Araucanía, donde la quema de maquinaria y vehículos ha sido una táctica recurrente en el marco de conflictos territoriales y demandas de grupos mapuches. Aunque no se han atribuido responsabilidades específicas por este atentado, la presencia de lienzos o mensajes en ataques previos en la zona ha apuntado en ocasiones a organizaciones como la Resistencia Mapuche Malleco (RMM). Hasta el momento, no hay información oficial que vincule este incidente con algún grupo en particular.
El impacto económico del ataque es innegable. La destrucción de 47 camiones, un camión de combustible, una moto niveladora y dos excavadoras representa una pérdida millonaria para Rucalhue Energía, además de un retraso potencial en las obras de construcción, que ya habían sido reiniciadas en 2024 tras una pausa iniciada en 2020 por la pandemia y dificultades administrativas. El gerente legal de la empresa, Diego Vio, había advertido previamente sobre cómo las demoras en permisos y la incertidumbre afectan la inversión en proyectos como este, un punto que ahora cobra mayor relevancia ante este acto de sabotaje.
Desde el ámbito policial, Carabineros informó que se encuentra investigando el caso, recopilando testimonios y evidencias en el lugar de los hechos. El gobierno, por su parte, no tardó en reaccionar. Según medios locales, se anunció que se presentará una querella invocando la Ley Antiterrorista, lo que refleja la gravedad con la que las autoridades están abordando el incidente. Esta medida, sin embargo, podría reavivar las críticas de quienes consideran que la aplicación de dicha legislación en conflictos de este tipo tiende a exacerbar las tensiones en lugar de resolverlas.
En el ámbito local, las comunidades de Santa Bárbara y Quilaco, ubicadas a unos 10 kilómetros del proyecto, se encuentran en una posición delicada. Por un lado, la central Rucalhue ha sido promovida como una fuente de desarrollo económico, con promesas de tributación local que beneficiaría directamente a estas comunas. Por otro, la violencia asociada al proyecto podría alejar la inversión y profundizar la desconfianza entre los habitantes y la empresa.
El ataque incendiario a la central Rucalhue pone de manifiesto los desafíos que enfrenta Chile en su búsqueda de equilibrar el desarrollo energético, la sustentabilidad y la paz social. Mientras las llamas consumían la maquinaria, también se quemaban las esperanzas de un progreso sin conflictos en una región marcada por heridas históricas.
El atentado a la central Rucalhue no es un hecho aislado, sino un reflejo de las tensiones latentes en el sur de Chile, donde proyectos energéticos como este chocan con demandas territoriales y preocupaciones ambientales. La respuesta de Rucalhue Energía, centrada en el diálogo y la legalidad, contrasta con la magnitud de la violencia desplegada, lo que sugiere una desconexión entre las partes involucradas. La invocación de la Ley Antiterrorista por parte del gobierno, aunque busca enviar un mensaje de firmeza, podría agravar el conflicto si no se acompaña de un esfuerzo real por abordar las causas subyacentes, como el histórico reclamo mapuche y la percepción de imposición de megaproyectos.
Este incidente subraya la necesidad de una estrategia integral que vaya más allá de la represión, apostando por la mediación y el respeto mutuo que la propia empresa dice defender. Sin ello, el ciclo de violencia amenaza con perpetuarse, poniendo en jaque tanto el desarrollo como la estabilidad de la región.
Síguenos en nuestras Redes Sociales
