Lucía Rivas Pereira
Santiago, Chile, La Municipalidad de Ñuñoa recibió un importante revés el 11 de junio tras el pronunciamiento de la Contraloría General de la República, que determinó que los municipios no cuentan con la facultad para declarar un estado de emergencia comunal. La decisión afecta directamente las estrategias de seguridad pública del alcalde Sebastián Sichel, quien había anunciado una medida de este tipo en marzo, posterior a un violento incidente que dejó a un carabinero gravemente herido.
El 6 de marzo de 2025, en la confluencia de las calles Ramón Cruz y Eduardo Castillo Velasco, un carabinero, el sargento José Miguel Villegas, fue atacado durante un intento de robo, lo que conmocionó a la comunidad. En respuesta, Sichel utilizó su cuenta de X (Twitter) para comunicar su decisión de decretar un Estado de Emergencia Comunal, afirmando que esto permitiría "tomar medidas inmediatas para prevenir y reforzar la Seguridad en Ñuñoa". Esta declaración resonó ampliamente, suscitando tanto apoyo como críticas.
Sin embargo, la concejala Maite Descouvieres (PS) y varios ciudadanos elevaron su preocupación sobre la legalidad de dicha medida a la Contraloría. Según la normativa, el artículo 42 de la Constitución establece que solo el Presidente de la República tiene la autoridad de declarar estados de emergencia en situaciones de grave alteración del orden público.
En un informe liderado por Dorothy Pérez, la Contraloría aseveró que “las municipalidades no tienen competencia para declarar estados de emergencia”, dejando claro que esta facultad pertenece exclusivamente al Ejecutivo. La resolución publicada destacó que la Municipalidad de Ñuñoa debe evitar actuaciones que puedan desvirtuar la naturaleza de los actos administrativos, enfatizando que el decreto de Sichel era inapropiado.
Además, el organismo fiscalizador cuestionó el uso de las redes sociales municipales para hacer eco de anuncios realizados en cuentas personales del alcalde, indicando que "la entidad edilicia, como institución, presta los servicios, no las autoridades de forma independiente".
Sin embargo, la Contraloría también reconoció que las medidas adoptadas por Sichel en otros ámbitos de seguridad, como el aumento de patrullajes y la instalación de cámaras, son parte de las competencias municipales. "Lo decretado se relaciona con la adopción de medidas de gestión interna para prevenir delitos", señala el informe, lo que permitió al municipio interpretar la resolución como un respaldo parcial a sus acciones.
Pese a este revés, Sebastián Sichel se manifestó en redes sociales defendiendo su decisión. Afirmó que "la Contraloría ratificó la facultad de la Municipalidad de Ñuñoa para utilizar el decreto de emergencia comunal en materias de seguridad pública. La seguridad es prioridad. Seguimos haciendo la pega”.
La Municipalidad, en un comunicado, reafirmó su compromiso con la seguridad ciudadana, mencionando iniciativas como la recuperación de cámaras de vigilancia y el aumento de funcionarios de seguridad. Sichel también criticó al Gobierno de Gabriel Boric, acusándolo de no dotar a los municipios de las herramientas necesarias para combatir la delincuencia.
La controversia en Ñuñoa refleja una creciente preocupación por la inseguridad ciudadana en Chile, donde en los últimos dos años los delitos violentos han aumentado un 7% en la Región Metropolitana, destacándose un incremento en los robos con violencia y encerronas. En este panorama, otros alcaldes, como José Manuel Palacios (La Reina) y el ex Alcalde Rodolfo Carter (La Florida), han impulsado iniciativas similares en 2023, que también han sido cuestionadas por la Contraloría.
La decisión de la Contraloría generó reacciones mixtas. En redes sociales, algunos críticos acusaron a Sichel de politizar la seguridad y señalaron que su decreto fue un intento de eludir procesos administrativos adecuados. La ministra vocera, Aisén Etcheverry, había cuestionado la medida desde el inicio, afirmando que las figuras utilizadas "no existen en nuestro ordenamiento jurídico".
El clima en el Concejo Municipal de Ñuñoa también fue tenso, con concejales dividiéndose entre quienes apoyaban y quienes cuestionaban la legalidad del decreto. La concejala Mireya del Río (PC) expresó sus dudas sobre el decreto, mientras que Daniela Bonvallet (RN) lo defendió, subrayando la urgencia de la situación en materia de seguridad.
El dictamen de la Contraloría no solo establece un precedente legal, sino que expone las tensiones entre el poder local y el central en un Chile donde la inseguridad se ha convertido en una preocupación prioritaria. La reacción de Sebastián Sichel, quien intenta presentarse como un líder proactivo frente a la delincuencia, resalta la impotencia de los gobiernos locales ante un marco constitucional que limita significativamente sus competencias.
En un contexto electoral como el de 2025, este episodio podría ser un punto de inflexión. El Gobierno de Boric deberá demostrar que puede liderar la lucha contra la delincuencia sin caer en estrategias de seguridad extrema, mientras los municipios buscan innovar dentro de sus márgenes legales. Las controversias sobre el poder municipal y la seguridad seguirán siendo temas candentes que influirán en el futuro político de Chile.
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