Victor Manuel Arce Garcia
Una reciente publicación de la Tesorería General de la República ha revelado un dato alarmante que ha pasado desapercibido para gran parte de la opinión pública: desde el año 2022, el Estado chileno ha desembolsado más de $5.434 millones en pensiones de gracia para individuos relacionados con los eventos que sucedieron tras el estallido social del 18 de octubre de 2019. Este beneficio, inicialmente concebido como una forma de reparación a las víctimas de supuestos abusos estatales, se ha transformado en una herramienta opaca, con escasa transparencia, que pone de manifiesto el uso político de recursos públicos.
Las pensiones de gracia se otorgan mediante un decreto presidencial, sin la supervisión previa del Congreso, lo que ha suscitado inquietudes sobre la falta de control en su entrega. Alarmantemente, algunos de los beneficiarios cuentan con un prontuario delictual o han tenido participación directa en actos de violencia. Robert Contreras Reyes, abogado y dirigente del partido Renovación Nacional, ha calificado esta situación como un "verdadero desvío institucionalizado de fondos públicos", y ha afirmado que "es inaceptable que, mientras miles de chilenos esperan pensiones dignas, mejor salud y protección, el gobierno destine más de $5 mil millones a quienes, en muchos casos, participaron en la destrucción del país".
La falta de fiscalización en la entrega de estas pensiones es, según Contreras, aún más preocupante. "No hay criterios técnicos ni evaluaciones independientes. Es el propio Ejecutivo, liderado por Gabriel Boric, quien decide quién merece compensación", subrayó. "¿Y qué pasa con las víctimas del comercio destruido, de los carabineros heridos, de los vecinos aterrorizados? ¿Ellos no cuentan?".
Desde la oposición, ha surgido una demanda por la entrega completa de los decretos que justifican la creación de estas pensiones, así como por la revelación de los antecedentes que respaldan cada asignación. Sin embargo, la opacidad perdura. El gobierno defiende este beneficio como parte de una política de "reparación integral", pero evita abordar públicamente los costos fiscales de esta medida y los nombres de los beneficiarios.
El dilema que se presenta no es solo de carácter económico, sino también ético y político. Al decidir premiar a ciertos individuos mientras se silencian las voces de otros, el Estado establece una línea divisoria que profundiza las divisiones en una sociedad ya marcada por la violencia, la inseguridad y la falta de justicia.
Robert Contreras va más allá en su crítica: "Chile necesita un nuevo pacto de orden y justicia. No podemos construir un futuro premiando el desorden, y menos con dinero de todos los chilenos. Las pensiones deben regresar a su esencia: ser un apoyo excepcional, no un premio ideológico". Desde el 2022, más de 900 individuos se han beneficiado de estas asignaciones, y la cifra de $5.434 millones no es solo un dato financiero; es la confirmación de una decisión política con profundas repercusiones.
Los críticos argumentan que este escenario refuerza una narrativa de impunidad que ha persistido desde el estallido social. Mientras tanto, las pequeñas y medianas empresas (pymes) continúan enfrentando dificultades financieras, las listas de espera en salud se agrandan, y el país sigue soportando una carga económica que muchos ciudadanos no consintieron.
El contexto de esta decisión no puede ser ignorado. Desde el estallido social, Chile ha estado atravesando un periodo de manifestaciones y tensiones sociales, donde la demanda de justicia y transparencia ha cobrado un protagonismo inusitado. Las pensiones de gracia, concebidas como un mecanismo de reparación, terminan por parecer una solución superficial que ignora los verdaderos problemas que enfrenta la población.
Los opositores han solicitado sistemáticamente una revisión exhaustiva de este mecanismo de distribución de recursos, a fin de asegurar que las pensiones de gracia no se utilicen como herramientas de clientelismo político. La controversia no se limita a los montos involucrados, sino que plantea cuestiones fundamentales sobre el uso de los recursos públicos y la responsabilidad del gobierno hacia todas las víctimas de la violencia, no solo las que eligen ser escuchadas.
En conclusión, los $5.434 millones en pensiones de gracia, otorgados sin la debida supervisión y transparencia, abren una serie de interrogantes sobre la dirección que toma el Estado chileno y su compromiso con la justicia y la reparación de todas las víctimas. Mientras la incertidumbre y el descontento persisten, la sociedad chilena sigue pidiendo un nuevo pacto que priorice la orden, la justicia y la dignidad de todos sus ciudadanos. La pregunta que queda en el aire es si el gobierno estará dispuesto a escuchar y atender estas demandas en un contexto tan crítico como el actual.
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