Victor Manuel Arce Garcia
Recientemente, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó reformas que alteran de manera significativa aspectos fundamentales del sistema político y electoral del país. Esta decisión se enmarca en una tendencia alarmante hacia el uso del poder legislativo, sin contrapesos efectivos, para realizar cambios estructurales que, según expertos, podrían poner en riesgo los derechos humanos. Este artículo examina las implicaciones de estas reformas y resalta las advertencias de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional.
La aprobación de las reformas al artículo 248 de la Constitución, realizada sin un proceso de deliberación adecuado, elimina un requisito crucial: la necesidad de que las modificaciones sean ratificadas por dos legislaturas distintas. Este cambio ha reducido drásticamente el tiempo disponible para el análisis público, debilitando el sistema de balances y contrapesos que, al menos en teoría, garantizaba un mayor escrutinio social.
César Marín, director regional adjunto de Amnistía Internacional para las Américas, advirtió que “las señales de alarma que hemos dado los últimos meses se confirman con la forma en que, una vez más, se ha modificado la Constitución sin procesos deliberativos adecuados ni consulta pública”. Este clima de inestabilidad y falta de transparencia se traduce en un riesgo creciente de violaciones a los derechos humanos, además de la posibilidad de que se impongan futuras reformas sin tener en cuenta a la población.
Desde que el partido oficialista asumió el control total de la Asamblea Legislativa en 2021, ha impulsado numerosas reformas que han debilitado la independencia judicial y suspendido derechos fundamentales. La metodología exprés de aprobación, carente de transparencia y participación, ha facilitado la detención arbitraria de defensores de derechos humanos que se atrevan a alzar su voz.
Marín enfatizó que “la manera en que se están aprobando las reformas constitucionales en El Salvador revela un patrón de prácticas autoritarias que busca debilitar las condiciones necesarias para el ejercicio pleno de los derechos humanos”. En este contexto, el país ha visto la prisión de individuos que, durante décadas, han alzado su voz en defensa de los derechos fundamentales. Los casos de Ruth López, Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez son solo algunos ejemplos de esta preocupante tendencia.
Amnistía Internacional destaca la responsabilidad del Estado salvadoreño de garantizar el derecho a la participación en asuntos públicos. Es imperativo que las autoridades garanticen espacios para el diálogo democrático, extendiendo el tiempo necesario para la deliberación y permitiendo el escrutinio público de reformas de esta magnitud.
La organización internacional hizo un llamado a la comunidad internacional para que mantenga un monitoreo vigilante sobre la situación en El Salvador. Esto incluye la exigencia al Estado salvadoreño de cumplir con las obligaciones internacionales que resguardan los derechos humanos, así como el respaldo a aquellos que, tanto dentro como fuera del país, siguen luchando por la defensa de estos derechos fundamentales. La liberación inmediata e incondicional de los detenidos por ejercer su libertad de expresión es, de igual manera, una demanda urgente.
La aprobación de reformas constitucionales en El Salvador sin los debidos procesos de participación y debate pone de manifiesto una coyuntura crítica en la que los derechos humanos se ven seriamente amenazados. La comunidad internacional, así como los ciudadanos salvadoreños, deben permanecer alerta frente a este desafío, velando por un proceso democrático que respete los principios fundamentales de participación y transparencia.
Síguenos en nuestras Redes Sociales
