La minería ha sido, históricamente, un pilar del desarrollo económico en Chile. Sin embargo, este sector también arrastra una profunda deuda en cuanto a seguridad laboral. La tragedia ocurrida el 31 de julio en la División El Teniente de Codelco es un doloroso recordatorio de que esta deuda está lejos de saldarse. Moments como este no deben ser tolerados en un país que se considera progresista.
A las 17:34 horas, un sismo de magnitud 4.2, que debería haber sido manejable en el contexto de la actividad minera, causó derrumbes en el Proyecto Andesita. El saldo fue devastador: un trabajador, Paulo Marín Tapia, perdió la vida, cinco permanecían desaparecidos y al menos diez resultaron heridos. En total, dieciséis personas se vieron involucradas en este trágico incidente.
Lo más doloroso de todo es que la familia de Paulo Marín no fue notificada de su fallecimiento de manera oportuna. La noticia llegó a ellos a través de los medios de comunicación, reflejando una inaceptable falta de sensibilidad humana y ética. Al cierre de esta columna, los cinco trabajadores desaparecidos aún no habían sido contactados por sus empleadores. Esta situación no solo es un fracaso administrativo; es un desprecio total hacia el bienestar humano.
El Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) catalogó la emergencia como un accidente minero significativo, y SENAPRED decretó alerta amarilla para la comuna de Machalí. Sin embargo, la ministra de Minería expresó sus condolencias más de doce horas después del incidente. Esta descoordinación es inexcusable. Debemos preguntarnos: ¿qué estaba haciendo la institucionalidad para prevenir tal desastre y responder de manera oportuna?
Para un país con alta sismicidad como Chile, este tipo de movimientos sísmicos son parte del territorio. Como lo establece el Servicio Sismológico Nacional, un temblor de 4.2 grados debería ser previsible y manejable. Atribuir el derrumbe únicamente al sismo, en vez de investigar la posible negligencia en la seguridad de la estructura, no solo resulta jurídicamente incorrecto, sino que muestra una falta de rigurosidad profesional alarmante.
No puede ser que un sismo de baja magnitud cause un colapso tan mortal. Esto apunta a una falla en la construcción o en las medidas de seguridad implementadas en las operaciones. Las guías técnicas de SERNAGEOMIN y los estándares internacionales exigen que se consideren eventos sísmicos dentro del diseño y la operación de túneles. Un trabajo minero que no respete estos estándares de seguridad no solo falla en proteger a sus trabajadores, sino que pone en evidencia una organización profundamente negligente.
Como establece el artículo 492 del Código Penal, quien cause la muerte de otra persona por negligencia debe ser sancionado. Si se demostrara que los sistemas de seguridad estaban por debajo de las normativas, la consecuencia debe ser la investigación judicial. La nueva reforma a la Ley N° 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, que entrará en vigor el 1 de septiembre de 2024, abre un nuevo marco para responsabilizar a las empresas. Los actores involucrados, tanto en Codelco como en sus contratistas, deben ser analizados bajo esta luz.
El desastre también pone de relieve un aspecto fundamental: el deber de reparación a las familias afectadas. Este no se limita a una compensación económica. La reparación integral debe incluir apoyo psicológico, contención para las familias, reconocimiento institucional y la garantía de que no se repetirán eventos similares.
Además, SERNAGEOMIN tiene una responsabilidad clara en la fiscalización de estas operaciones. Es urgente que se examine la últimas inspecciones en el Proyecto Andesita. ¿Se detectaron riesgos geotécnicos? ¿Se cumplían las normas de construcción? La omisión en fiscalizaciones puede llevar a considerados casos de responsabilidad estatal, dado que la inacción contribuye a los resultados trágicos.
Esta tragedia en el Teniente no puede ser simplemente explicada como un suceso menor ni puede diluirse en comunicados corporativos vacíos. Este es un momento crítico donde se hacen necesarios una investigación profunda y un compromiso inequívoco con la transparencia. La verdad, la justicia y la reparación son más que meros lemas; son un imperativo legal y moral del Estado, de las empresas y del sistema judicial.
El futuro del desarrollo en Chile no puede construirse sobre la indiferencia hacia la vida de los trabajadores. Es hora de que tomemos acciones reales y serias que protejan la vida humana, erradiquen la impunidad y garanticen que situaciones tan atroces no vuelvan a repetirse.
Por Sebastián Avendaño Farfán, abogado y socio fundador de Cáceres y Avendaño, Magister en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica de Chile, Diplomado en Derecho Laboral por el Instituto de Estudios Judiciales.
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