Diego Arenas
La Cámara de Diputados de Chile ha decidido no establecer multas para aquellos ciudadanos que no se presenten a las urnas, a tan solo 75 días de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Esta decisión se toma en el marco de un proyecto que busca regular el voto obligatorio, formulado por la diputada Joanna Pérez del partido Demócratas.
Durante la votación, el proyecto obtuvo 75 votos a favor, 47 en contra y 14 abstenciones, pero no logró alcanzar el quórum necesario de 77 votos, dado su estatus como ley orgánica constitucional. La iniciativa, presentada en 2019, proponía multas que oscilarían entre $33.000 y $210.000 para los ciudadanos chilenos y extranjeros nacionalizados que no ejercieran su derecho al voto.
Pérez ha señalado que la falta de apoyo a las multas pone en riesgo el principio de voto obligatorio establecido por la reforma constitucional de enero de 2023. "El Gobierno no cumple su palabra (…) y, por sobre todo, también creo que no cumple la Constitución”, manifestó a la salida de la votación.
El proyecto fue originalmente acordado en principio entre el Gobierno y la oposición, pero no se logró materializar. Mientras la coalición de derecha trabaja para incluir también a los ciudadanos extranjeros en el voto obligatorio, el Gobierno busca restringir la participación de inmigrantes a elecciones municipales.
José Miguel Castro, presidente de la Cámara, había expresado optimismo sobre el avance del proyecto tras una reunión con la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos. Sin embargo, las tensiones aumentaron cuando los parlamentarios se desmarcaron del acuerdo y rechazaron las sanciones.
El rechazo fue especialmente marcado por la participación de miembros del Partido Comunista y del Frente Amplio, mientras que el Partido Socialista y el Partido por la Democracia estaban divididos entre la oposición y la abstención. Los vínculos entre el Gobierno y ciertos parlamentarios, que habían prometido respaldo previo, se vieron desgastados durante la votación.
El destino del proyecto ahora recaerá en el Senado, donde se revisará la normativa. Se espera que, en esta instancia, se puedan reponer las sanciones para aquellos que no voten. “Vamos a perseverar en que esto se pueda reponer en el Senado”, declaró la ministra Lobos después del rechazo en la Cámara.
Las expectativas indican que existe un consenso entre la derecha y parte de la centroizquierda sobre la necesidad de aplicar multas, lo que facilitaría su reintroducción en el debate legislativo.
Las fechas son clave. Se estima que se podría avanzar en las discusiones alrededor de la primera quincena de octubre, justo un mes antes de las elecciones.
El Gobierno ha enfrentado diversos desafíos en torno a la regulación del voto, especialmente con respecto a los ciudadanos extranjeros. En marzo, intentaron establecer que solamente pudieran votar en elecciones municipales, pero la propuesta fue considerada inadmisible, lo que sumó presión al Ejecutivo en su compromiso de acabar con la abstención electoral.
Recientemente, el Senado había aprobado una normativa que imponía sanciones a todos los ciudadanos que no votaran, pero fue rechazada por el Gobierno debido a cuestionamientos sobre su constitucionalidad.
La falta de consenso y el rechazo a las multas reflejan la complejidad del panorama político chileno. La situación de los inmigrantes y su derecho a voto se mantiene en el centro del debate, mientras la idea de un voto efectivo se enfrenta a múltiples desafíos políticos y sociales.
Como observó el ex-presidente Ricardo Lagos en otra época, "no se cambian las normas en beneficio propio". La integridad del proceso electoral debe prevalecer sobre los intereses individuales o de grupos, y la discusión sobre el voto obligatorio en Chile sigue siendo un tema candente que no se resolverá fácilmente.
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