Victor Manuel Arce Garcia
El Gobierno del presidente José Antonio Kast enfrenta un fuerte enfrentamiento con exfuncionarios de la administración de Gabriel Boric tras la revelación de irregularidades en el ingreso masivo de menores haitianos a Chile, lo que ha desencadenado una investigación penal por posibles delitos de tráfico o trata de personas.
La crisis de la migración haitiana ha llevado a una creciente atención en Chile, especialmente después de que las autoridades detectaran irregularidades significativas relacionadas con el ingreso de niños haitianos al país. Desde la llegada de la administración de José Antonio Kast, se han revelado preocupaciones sobre el manejo de información entre los funcionarios actuales y los anteriores, creando tensiones que apuntan a problemas de gobernanza y transparencia.
El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) recibió los primeros alertas sobre estas irregularidades hace al menos dos semanas. Según un preinforme reservado de la Contraloría General de la República, que salió a la luz la semana pasada, se identificaron serias fugas en los controles migratorios durante los años 2024 y 2025. Este informe detalla cómo 12 adultos, mayormente haitianos, así como algunos dominicanos y chilenos nacionalizados, ingresaron al país acompañando a 486 niños, niñas y adolescentes en vuelos chárter.
Fiscalizaciones posteriores mostraron que al menos 64 menores no pudieron ser localizados, y cifras preliminares sugieren que más de 200 niños podrían estar inubicables. Este hallazgo se complica aún más con testimonios de que en algunos domicilios declarados, los residentes negaron conocer a las familias o a los niños. La falta de coordinación interinstitucional entre Sermig, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio Mejor Niñez ha comprometido la veracidad de los vínculos familiares y la verificación de domicilios adecuados.
La Fiscalía Nacional ha iniciado una investigación de oficio, asignada a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, para determinar posibles delitos relacionados a la trata de personas y localizar a los menores desaparecidos. Las indagaciones también se extienden a otros países, así como al financiamiento de los vuelos chárter utilizados en estas irregularidades.
El actual Gobierno sostiene que no fue advertido sobre estos problemas durante la transición en marzo. En contraste, exautoridades como el exdirector de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, afirman que la información, incluido el proceso de contraloría en curso, fue debidamente entregada en las reuniones de traspaso.
Thayer ha defendido su gestión, aclarando que un memorándum de 2024 que flexibilizó los requisitos documentales para haitianos fue una respuesta a la crisis humanitaria que enfrenta su país. Varios exfuncionarios, incluido el exsubsecretario del Interior Víctor Ramos, respaldan esta versión y recalcan que la investigación de la Contraloría era confidencial y que se actuó en cooperación con la Fiscalía desde etapas tempranas.
Hasta el momento, el expresidente Gabriel Boric no ha emitido declaraciones oficiales sobre el asunto, lo que ha generado especulaciones sobre la presión política que enfrenta. La controversia ha llevado a sectores del oficialismo, incluidos el Partido Republicano y otros, a exigir que Thayer sea citado a declarar ante la Fiscalía.
En respuesta a la crisis, el Gobierno ha organizado una fuerza de tarea liderada por la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, y ha convocado a una reunión de emergencia en La Moneda con representantes de los tres poderes del Estado, Contraloría y Fiscalía. El objetivo es coordinar esfuerzos para localizar a los menores y optimizar la gestión de datos.
La situación actual pone en primer plano a los niños, pero la presión política para determinar responsabilidades administrativas y políticas ya está latente en el ambiente. La crisis resalta las críticas hacia la gestión migratoria durante la crisis haitiana y crea un sentido de urgencia sobre la protección de los menores involucrados.
Síguenos en nuestras Redes Sociales
