Washington activa su artillería arancelaria: el anuncio que sacude el comercio bilateral
El 16 de julio de 2026, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) confirmó la imposición de un arancel adicional del 25% sobre un conjunto de productos importados desde Brasil. La medida, que comenzará a aplicarse el 22 de julio, surge tras una investigación iniciada en julio de 2025 bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, a instancias directas del Presidente Donald Trump.
Jamieson Greer, actual Representante Comercial de Estados Unidos, fue el encargado de comunicar la decisión. En un comunicado oficial, Greer señaló que “las prácticas comerciales desleales de Brasil han impedido que los trabajadores y productores estadounidenses accedan a este importante mercado”. Al mismo tiempo, dejó abierta la puerta al diálogo: “Seguimos abiertos a continuar las negociaciones con Brasil para lograr los cambios necesarios”.
El anuncio no llegó de sorpresa total. Desde junio de 2026, el USTR había determinado que ciertas políticas brasileñas eran “irrazonables o discriminatorias” y suponían una carga o restricción al comercio estadounidense. El paso siguiente era la aplicación de medidas correctivas.
Las acusaciones concretas: comercio digital, PIX y preferencias arancelarias
La investigación del USTR identificó varios frentes de conflicto. Uno de los más destacados es el relacionado con el comercio digital y los servicios de pagos electrónicos. Brasil ha desarrollado el sistema PIX, una plataforma de pagos instantáneos que ha revolucionado las transacciones en el país sudamericano y que, según Washington, genera una competencia “desleal” al favorecer a jugadores locales y dificultar el acceso de empresas estadounidenses.
Otro punto sensible son las tarifas preferenciales que Brasil otorga a productos de México e India en el marco de acuerdos parciales. Para EE.UU., estas preferencias distorsionan el comercio y perjudican a exportadores norteamericanos en sectores donde compiten directamente.
Además, la investigación incluyó preocupaciones sobre protección de propiedad intelectual, acceso al mercado de etanol, aplicación de normas anticorrupción y, de manera novedosa en este tipo de acciones, cuestiones vinculadas a la deforestación ilegal. Aunque este último punto tiene un fuerte componente ambiental, el USTR lo enmarcó dentro de las prácticas que afectan el comercio estadounidense.
Funcionarios estadounidenses han señalado que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia dirigida a decenas de socios comerciales por supuestos incumplimientos en materia de trabajo forzoso y otras prácticas que distorsionan el comercio global.
Exenciones estratégicas: carne, café y aeronaves quedan fuera del golpe
Uno de los aspectos más relevantes del anuncio es la lista de exenciones, que resultó más amplia de lo inicialmente esperado. Quedan excluidos del arancel del 25% productos clave para el comercio bilateral como la carne de res, el café y ciertas piezas de aeronaves. También se exceptúan bienes que Estados Unidos no produce internamente y algunos productos energéticos o de tierras raras.
Esta decisión tiene un claro componente estratégico. La carne bovina y el café son dos de los principales productos de exportación brasileños hacia el mercado estadounidense. Eximirlos reduce el impacto inmediato sobre los productores brasileños y, al mismo tiempo, limita el efecto inflacionario que el arancel podría generar en los consumidores norteamericanos.
En el caso de las piezas de aeronaves, la exención protege cadenas de suministro integradas, especialmente vinculadas a Embraer, el gigante brasileño del sector aeroespacial que mantiene importantes vínculos con fabricantes estadounidenses. Mantener fluida esta relación industrial parece haber pesado más que la aplicación indiscriminada del arancel.
El contexto político: Trump, la Corte Suprema y el regreso del proteccionismo
El nuevo arancel se produce en un momento particular de la política comercial estadounidense. Tras la anulación por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos, en febrero de 2026, de una serie de aranceles globales impulsados anteriormente, la administración Trump ha buscado nuevas herramientas legales para avanzar en su agenda proteccionista.
La Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 se ha convertido nuevamente en el instrumento preferido. Esta norma permite al Representante Comercial imponer medidas unilaterales cuando se detectan prácticas extranjeras que resultan “irrazonables o discriminatorias” y que restringen el comercio de EE.UU.
El caso de Brasil se inscribe en una ofensiva más amplia. El gobierno de Trump ha señalado que evalúa aranceles similares contra otros socios comerciales por cuestiones relacionadas con trabajo forzoso, subsidios y barreras no arancelarias. La reactivación de esta estrategia marca un retorno explícito a la filosofía de “America First” en materia comercial, con énfasis en el uso de aranceles como palanca de negociación.
Reacciones e impacto esperado en Brasil
Para Brasil, el anuncio representa un desafío significativo, aunque atenuado por las exenciones. El país mantiene un superávit comercial con Estados Unidos en varios rubros, pero depende del mercado norteamericano para productos de alto valor como aeronaves, carne y café.
El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta ahora la tarea de responder sin escalar innecesariamente el conflicto. Fuentes cercanas a Brasilia han indicado que se mantendrán las conversaciones bilaterales, tal como lo sugirió el propio Jamieson Greer. Sin embargo, la posibilidad de medidas de represalia brasileñas —ya sea mediante aranceles propios o a través de mecanismos de la Organización Mundial del Comercio (OMC)— no puede descartarse si las negociaciones fracasan.
El sistema PIX, orgullo de la inclusión financiera brasileña, se encuentra en el centro de la disputa. Lo que para Brasil representa una innovación exitosa y soberana, para Washington aparece como una barrera que limita la penetración de empresas tecnológicas y financieras estadounidenses en uno de los mercados más dinámicos de pagos digitales de América Latina.
Consecuencias para la economía estadounidense y las cadenas de suministro
Desde la perspectiva de Estados Unidos, el arancel busca corregir un desequilibrio percibido y presionar a Brasil para que modifique sus políticas. Sin embargo, la aplicación de aranceles también genera costos internos. Los importadores estadounidenses de productos brasileños no exentos verán incrementados sus costos, lo que podría trasladarse a precios finales para los consumidores.
En sectores donde las exenciones no aplican, las empresas que dependen de insumos brasileños deberán evaluar alternativas de abastecimiento, lo que puede implicar disrupciones temporales en las cadenas de suministro. El hecho de que las exenciones sean amplias sugiere que la administración Trump buscó minimizar estos efectos colaterales sobre la economía doméstica.
Analistas del sector señalan que el uso reiterado de la Sección 301 como herramienta de política comercial puede erosionar la previsibilidad que necesitan las empresas para planificar inversiones de largo plazo. Al mismo tiempo, refuerza la percepción de que los aranceles son un instrumento legítimo y recurrente en la relación entre las grandes potencias económicas.
Implicaciones regionales: un mensaje para América Latina
El caso de Brasil no ocurre en el vacío. Otros países de la región observan atentamente cómo evoluciona esta disputa. La estrategia de imponer aranceles unilaterales por cuestiones que van más allá del comercio tradicional —incluyendo temas digitales, ambientales y de gobernanza— establece un precedente que podría aplicarse a otros socios latinoamericanos.
Para México, que mantiene una relación comercial profunda con Estados Unidos bajo el T-MEC, el precedente brasileño genera preguntas sobre posibles revisiones futuras de prácticas arancelarias preferenciales. Para países exportadores de commodities como Argentina, Colombia o Chile, el mensaje es claro: Washington está dispuesto a utilizar aranceles como herramienta de presión incluso contra aliados o socios importantes.
La inclusión de la deforestación ilegal como uno de los elementos investigados también abre un nuevo frente. Combina comercio con agenda ambiental y climática, un enfoque que probablemente se repetirá en futuras acciones del USTR.
¿Negociación o escalada? El camino que se abre a partir del 22 de julio
El propio Jamieson Greer ha dejado la puerta abierta a continuar las conversaciones con Brasil. La administración Trump ha demostrado en el pasado que los aranceles pueden ser tanto un punto de llegada como un punto de partida para lograr concesiones en la mesa de negociaciones.
Para Brasil, la prioridad será defender sus intereses en los sectores exentos y buscar revertir o mitigar el impacto en los productos que sí serán gravados. La capacidad de Lula da Silva para articular una respuesta coordinada —ya sea bilateralmente o en foros multilaterales— será clave en las próximas semanas.
El 22 de julio de 2026 marcará el inicio formal de la aplicación del arancel. A partir de esa fecha, comenzará a medirse el verdadero efecto económico de la medida y la reacción de los actores involucrados. Si las negociaciones avanzan, el arancel podría convertirse en una herramienta temporal de presión. Si fracasan, podría consolidarse como un nuevo elemento estructural en la relación comercial entre Estados Unidos y Brasil.
En cualquier escenario, el anuncio del USTR confirma que la política comercial estadounidense bajo la segunda administración Trump ha recuperado su carácter ofensivo y unilateral. América Latina, y especialmente Brasil, se encuentran nuevamente en el centro de esa tormenta arancelaria.
