El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó este lunes 3 de agosto la solicitud de la defensa del exdiputado Joaquín Lavín León para modificar sus medidas cautelares. El otrora parlamentario permanecerá en prisión preventiva, medida que cumple desde el 8 de mayo por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos.
La resolución del tribunal y la postura del Ministerio Público
A casi tres meses de su formalización, la defensa pidió revisar la cautelar. El juzgado desestimó el planteamiento tras dos jornadas de alegatos. Lavín León sigue recluido en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.
La fiscal Constanza Encina, de la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente, valoró el fallo. “Estamos muy conformes con la resolución. Creemos que fue una muy buena resolución. Creemos que durante dos extensas jornadas se volvió a discutir prácticamente lo mismo de la audiencia de formalización”, señaló.
Encina destacó que la magistrada consideró la gravedad de los hechos y la extensión del mal causado, que abarca casi todo el período en que Lavín León ejerció como diputado. La fiscal subrayó además “varias situaciones de obstrucción directa a la investigación que podrían afectar las declaraciones de testigos” y el manejo de la plataforma SocialTazk, donde se le acusa de gestionar datos electorales a escala nacional, junto con la eliminación de información relevante para los peritajes.
La defensa anuncia apelación
El abogado Cristóbal Bonacic cuestionó los fundamentos del tribunal. Según explicó, la resolución reconoce que la prisión preventiva no es el único medio idóneo para asegurar los fines del procedimiento, pero no detalla por qué otras medidas no bastan. “Finalmente, la resolución mantuvo la prisión preventiva simplemente porque los delitos que se imputan pudiesen haber afectado la fe pública”, sostuvo.
Bonacic confirmó que apelará la decisión. La defensa ha insistido desde el inicio en que no concurren los requisitos clásicos de peligro de fuga, riesgo de reiteración o entorpecimiento de la investigación que justificarían mantener la privación de libertad.
Los hechos que investiga la Fiscalía
El Ministerio Público acusa a Lavín León de rendir a la Cámara de Diputados y al Servel facturas ideológicamente falsas por cerca de $104 millones. Los documentos se emitieron a nombre de la imprenta MMG y de la empresa Modo 74 SPA, pertenecientes a Juan Silva y Felipe Vásquez, respectivamente, ambos también imputados.
Otras aristas de la investigación apuntan a un presunto fraude al fisco de mayor envergadura, estimado en algunos reportes en torno a los $240 millones, vinculado al uso irregular de asignaciones parlamentarias y a maniobras de ocultamiento. Se indaga además el uso de la plataforma SocialTazk para el manejo de datos electorales y un posible tráfico de influencias relacionado con el municipio de Maipú durante la alcaldía de su esposa, Cathy Barriga.
El contexto de un caso de alto perfil
Lavín León, de 47 años, fue diputado por tres períodos consecutivos entre 2014 y 2026. En octubre de 2024, al conocerse la investigación, renunció a su militancia en la UDI. La formalización del 8 de mayo incluyó la prisión preventiva decretada por el entonces juez Daniel Urrutia, quien argumentó la gravedad de las sanciones posibles y el peligro para la seguridad de la sociedad.
Esa medida ha sido revisada en distintas instancias. La Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Suprema confirmaron la prisión preventiva en junio, rechazando recursos de amparo de la defensa. El tribunal de alzada y el máximo tribunal consideraron que la resolución original estaba debidamente fundamentada y que la libertad del imputado representaba un riesgo.
La investigación sigue abierta. La Fiscalía ha señalado la existencia de nuevas denuncias del Servel y de elementos que apuntan a obstrucción, lo que refuerza, a juicio del Ministerio Público, la necesidad de mantener la cautelar más intensa.
Lo que viene en el proceso
Con el rechazo de este lunes, Lavín León permanece en Capitán Yáber. La defensa interpondrá el recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que deberá revisar los argumentos de ambas partes.
El caso concentra la atención por el perfil político del imputado, la magnitud de las sumas involucradas y las conexiones con la gestión municipal de Maipú. Mientras avanza la pesquisa, el Séptimo Juzgado de Garantía mantuvo el status quo: prisión preventiva como medida para resguardar el éxito de la investigación y la fe pública.
La resolución deja claro que, a juicio del tribunal, los antecedentes presentados por la Fiscalía siguen justificando la privación de libertad del exdiputado. Ahora el escenario se traslada a la instancia de alzada, donde se debatirá nuevamente si otras cautelares menos restrictivas pueden cumplir los mismos objetivos procesales.
