La Corte de Apelaciones de Santiago revocó este lunes 3 de agosto la rebaja de la medida cautelar que beneficiaba al exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve. El tribunal ordenó su regreso al arresto domiciliario total al estimar que constituye un peligro para la seguridad de la víctima en la causa por abuso sexual y violación.
La decisión de la Novena Sala y sus fundamentos
La resolución dejó sin efecto el fallo del 23 de julio dictado por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. En esa fecha, el tribunal de primera instancia había sustituido el arresto domiciliario total por uno nocturno, a petición de la defensa encabezada por el defensor penal público Víctor Providel.
La Novena Sala de la Corte de Apelaciones acogió los recursos presentados por el Ministerio Público y la parte querellante. El fallo fue dividido: votaron a favor la ministra Jenny Book y el ministro (s) Christian Carvajal. El ministro (i) Guillermo Rodríguez disintió.
En su resolución, el tribunal de alzada señaló expresamente que el imputado “constituye un peligro para la seguridad de la víctima”. Agregó que se mantiene la medida del artículo 155 letra a) del Código Procesal Penal respecto de Manuel Zacarías Monsalve Benavides.
Los magistrados consideraron que el solo transcurso del tiempo —más de 600 días bajo distintas restricciones— no basta para rebajar la cautelar. Subrayaron la gravedad de los delitos investigados y la extensión de las penas que podrían aplicarse en caso de condena.
Cronología de un proceso que ya supera el año y medio
Los hechos que originaron la causa habrían ocurrido entre la noche del 22 y la madrugada del 23 de septiembre de 2024. Según la investigación, tras una cena en el restaurante Ají Seco Místico, en el centro de Santiago, la entonces asesora y el subsecretario se trasladaron al Hotel Panamericano, donde residía Monsalve.
La denuncia se presentó el 14 de octubre de 2024 ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Tres días después, Monsalve renunció al cargo. Fue detenido el 14 de noviembre en su domicilio de Viña del Mar y formalizado el 20 de ese mes por los delitos de violación y abuso sexual.
Desde esa fecha permaneció en prisión preventiva, primero en Rancagua y luego en el anexo penitenciario Capitán Yáber. El 19 de mayo de 2025, tras un recurso de amparo acogido por la Corte Suprema, pasó a cumplir arresto domiciliario total en su departamento de la calle Sol y Mar, en Viña del Mar, donde reside con su esposa.
Ese régimen se mantuvo hasta el 23 de julio de 2026, cuando el Juzgado de Garantía aceptó la solicitud de la defensa y lo rebajó a nocturno. Monsalve podía circular libremente durante el día y debía permanecer en su domicilio entre las 22:00 y las 6:00 horas. El arraigo nacional y la prohibición de acercarse a la víctima se mantuvieron vigentes.
Once días de libertad diurna que no se consolidaron
La rebaja de julio nunca alcanzó a consolidarse. El fiscal Marcelo Borbarán, de la Fiscalía Centro Norte, anunció de inmediato que evaluaría apelar. El Ministerio Público y la abogada de la querellante, María Elena Santibáñez, presentaron los recursos que la Corte resolvió este lunes.
En la audiencia de alzada intervinieron José Pérez Calaf por la Fiscalía y Víctor Providel por la defensa. El tribunal escuchó los alegatos y concluyó que una medida menos restrictiva generaba riesgo para la seguridad de la denunciante.
Un caso de alto perfil que tensiona el sistema de cautelares
Monsalve, médico de profesión y exdiputado por cuatro períodos, fue una figura central en la política de seguridad del gobierno de Gabriel Boric hasta su salida. Su formalización y las sucesivas revisiones de medidas cautelares han convertido la causa en un test permanente para los tribunales.
La investigación se encuentra en fase final. El plazo de pesquisa precluye alrededor del 14 de agosto. La Fiscalía deberá formalizar la acusación y dar paso a la etapa de preparación del juicio oral. Hasta ahora no se ha fijado fecha para el inicio del proceso que definirá la responsabilidad penal de la exautoridad.
La Fiscalía ha pedido penas de 10 años por el delito de violación y 4 años por abuso sexual. La defensa ha insistido en que no existen riesgos de fuga, reiteración ni obstrucción a la investigación, y que el tiempo ya cumplido bajo restricción justifica una cautelar menos gravosa.
El contexto de las medidas cautelares en delitos sexuales
La decisión de este lunes se alinea con la jurisprudencia que privilegia la protección de la víctima en causas de alta complejidad. El tribunal de alzada rechazó el argumento del simple paso del tiempo como mérito suficiente para modificar una medida decretada originalmente por la Corte Suprema.
Monsalve sigue sujeto a las demás restricciones: no puede abandonar el país y tiene prohibido todo contacto o aproximación a la denunciante. El cumplimiento del arresto domiciliario total se fiscaliza en su domicilio de Viña del Mar.
Paralelamente, este mismo lunes estaba programada la formalización de Fernando Nicolás Silva Tagliabué, ciudadano uruguayo investigado por amenazar e intentar comercializar registros íntimos de la víctima. La audiencia se reprogramó para el 21 de septiembre después de que el imputado no se presentara. Fuentes judiciales señalan que se encuentra fuera de Chile.
Lo que viene en la causa
Con el regreso al arresto domiciliario total, el escenario procesal se estabiliza en los términos que regían desde mayo de 2025. La Fiscalía avanza hacia la acusación formal. La defensa prepara su estrategia para el juicio oral, donde se enfrentarán las versiones de los hechos y las pruebas reunidas durante más de 20 meses de investigación.
El caso mantiene la atención pública por el cargo que ocupaba el imputado y por la naturaleza de los delitos investigados. La Corte de Apelaciones cerró este capítulo de revisión cautelar con un mensaje claro: en delitos de esta gravedad, el riesgo para la víctima prima sobre el tiempo transcurrido bajo restricción.
Monsalve permanecerá confinado en su residencia de Viña del Mar hasta que el tribunal de garantía o el tribunal oral dejen sin efecto la medida o se dicte sentencia definitiva. La investigación sigue abierta y el juicio, todavía sin fecha, será el momento en que se dirima de manera definitiva la responsabilidad penal de la exautoridad.
