The Times Latino
Santiago, Chile- 9 de abril de 2025 — Un nuevo escándalo sacude el ámbito político chileno tras la publicación de un reportaje por el medio digital The Clinic, que revela que el senador Luciano Cruz-Coke, mantuvo un contrato de arriendo con la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) por una casona de su propiedad hasta noviembre de 2020, justo antes de asumir su cargo como parlamentario. Según el medio, el acuerdo implicaba un pago mensual de $4 millones, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés o irregularidades éticas en el ejercicio de su función pública.
Ante las acusaciones, Cruz-Coke respondió con calma pero firmeza: “Si alguien quiere llevarlo al Tribunal Constitucional están en su derecho”. Sin embargo, no ofreció mayores detalles sobre el contrato ni abordó directamente las críticas. Por su parte, un grupo de diputados del Partido Socialista (PS) anunció su intención de presentar el caso ante el Tribunal Constitucional para que se investigue si el senador infringió normas de probidad al mantener vínculos contractuales con una entidad estatal antes de asumir su escaño.
El caso de Cruz-Coke pone de nuevo sobre la mesa el delicado equilibrio entre los intereses privados y las responsabilidades públicas en Chile, un país donde la transparencia de sus autoridades es constantemente escrutada. Aunque el senador no ha sido formalmente acusado de un delito, el hecho de que el arriendo se extendiera hasta fines de 2020 —poco antes de su ingreso al Senado— levanta sospechas sobre la compatibilidad de sus acciones con los estándares éticos que se esperan de un parlamentario. La respuesta del senador, al remitirse al derecho de sus detractores de recurrir al Tribunal Constitucional, podría interpretarse como una estrategia para desviar la atención o como una confianza en que no hay irregularidades legales que lo comprometan.
La reacción de los diputados PS, en tanto, refleja una postura más agresiva, buscando capitalizar políticamente el caso en un contexto de polarización. Sin embargo, el Tribunal Constitucional no suele ser el espacio idóneo para resolver disputas de esta naturaleza, lo que sugiere que la movida podría ser más simbólica que efectiva. Mientras los detalles del contrato y su legalidad no se esclarezcan, este episodio promete mantener a Cruz-Coke bajo el foco público, en un momento en que la ciudadanía exige mayor claridad en la conducta de sus representantes.
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