The Times Latino
Santiago, Chile, 14 de abril de 2025 – Las declaraciones del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y la víctima que lo acusa de violación y abuso sexual han desatado un torbellino de contradicciones. Los encuentros del 25 de septiembre y el 4 de octubre de 2024, posteriores a los hechos denunciados, muestran relatos opuestos que complican la investigación en curso.
Tras los hechos ocurridos el 22 y 23 de septiembre de 2024, en el restaurante Ají Seco y el Hotel Panamericano, donde la denunciante alega haber sido víctima de agresión sexual, Manuel Monsalve, entonces subsecretario del Interior, se reunió con ella en dos ocasiones. Según su declaración al Ministerio Público, el 25 de septiembre le envió un mensaje por WhatsApp pidiéndole que acudiera a su oficina. Allí, asegura haber intentado reconstruir los hechos de manera “metódica”, preguntándole cómo salieron del lugar, cómo se trasladaron y qué hicieron. Monsalve afirmó que ambos coincidieron en no recordar detalles, atribuyéndolo a una pérdida de memoria de 8 a 10 horas tras consumir alcohol.
La denunciante, sin embargo, contradice esta versión. En su testimonio, señala que Monsalve expresó preocupación por su carrera política y mencionó un supuesto forcejeo, insinuando que ella intentó escapar. La víctima sostiene que no recuerda nada de ese episodio y que fue ella quien propuso acudir a la policía, no él, como Monsalve afirmó. Además, destacó que el exsubsecretario parecía evadir sus preguntas sobre las lesiones que ella presentaba, como un golpe en la cabeza y una herida sangrante en la muñeca.
El segundo encuentro, según Monsalve, ocurrió el 2 de octubre. Él asegura haber insistido en la posibilidad de que existieran fotos o videos del incidente y propuso contactar a la policía, advirtiendo que ello implicaría exposición pública y su probable renuncia. La denunciante, por su parte, sitúa esta reunión el 4 de octubre y afirma que fue ella quien sugirió acudir a la PDI para esclarecer los hechos. Según su relato, Monsalve se mostró reacio, preocupado por proteger su imagen pública, y mencionó que contactar a la jefa de Inteligencia de la PDI podría derivar en una filtración.
Monsalve relató que ambos discutieron la posibilidad de haber sido drogados, comparando el episodio con un caso mediático de un actor chileno, y descartó un robo porque no les faltaban pertenencias. No obstante, la denunciante asegura que él no respondió cuando ella afirmó categóricamente no haber consentido ninguna relación sexual, incluso si hubiera estado consciente.
Las discrepancias en las fechas, la autoría de la idea de involucrar a la policía y las intenciones detrás de las reuniones han puesto a Monsalve bajo un intenso escrutinio. La investigación del Ministerio Público busca esclarecer los hechos, mientras el caso sacude los cimientos del ámbito político chileno.
Este caso pone en evidencia la complejidad de los procesos judiciales en casos de agresión sexual, donde las versiones contradictorias dificultan establecer la verdad. La narrativa de Monsalve, centrada en una supuesta pérdida de memoria colectiva, contrasta con el relato de la denunciante, que señala evasivas y un interés del exsubsecretario por proteger su imagen. La insistencia de Monsalve en atribuir los hechos al consumo de alcohol podría interpretarse como un intento de diluir responsabilidades, mientras que la claridad de la víctima al negar el consentimiento refuerza la gravedad de la acusación.
La diferencia en las fechas de la segunda reunión (2 vs. 4 de octubre) y la autoría de la idea de acudir a la PDI son puntos críticos que el Ministerio Público deberá esclarecer. Además, el caso refleja un problema estructural: la dificultad de las víctimas para obtener respuestas claras en contextos de poder desigual, como el que existía entre un subsecretario y una subalterna. La investigación debe priorizar la recolección de pruebas objetivas, como registros de cámaras o análisis médicos, para evitar que el caso se estanque en un duelo de testimonios.
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