Cristián Valenzuela, el generalísimo de la campaña del candidato presidencial José Antonio Kast, provocó revuelo al calificar a todos los funcionarios públicos de "parásitos" en una columna de opinión publicada en La Tercera. Sin embargo, no proporcionó ejemplos concretos, lo que evidenció una búsqueda de notoriedad que, a pesar de resultar exitosa, le trajo una ola de críticas, incluso de políticos de su propia coalición. Al día siguiente, intentó matizar su afirmación, afirmando que no todos los funcionarios del Estado debían ser etiquetados de esa manera.
Tras esta desafortunada declaración, la contralora Dorothy Pérez participó en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2025, donde su discurso, aclamado por más de mil asistentes, expuso casos de corrupción detectados por su entidad en la administración pública. Si bien no entraremos en los detalles, ya han sido ampliamente cubiertos por la prensa. Algunos podrían señalar con razón que la élite esperaba que ella mencionara el término "permisología", acuñado por ellos para facilitar trámites de inversión.
Es curioso que la Contraloría General de la República no fiscaliza al sector privado. Sin embargo, a pocos días de las elecciones, era esencial que la contralora criticara a los funcionarios públicos del actual gobierno, quienes habían sido despectivamente llamados "parásitos" por el colaborador de Kast, mientras este último se posiciona junto a Jeannette Jara en las encuestas.
Este columnista ha señalado en repetidas ocasiones que, no solo en el actual gobierno, sino en todos, se han evidenciado errores administrativos y actos corruptos por parte de autoridades nombradas por presidentes por motivos de amistad o afinidad política. Las prácticas más deshonestas, a menudo llevadas a cabo por actores privados bien relacionados, permanecen ocultas, y aquellos que las ejecutan, en colusión con burócratas, acumulan riquezas mal habidas.
Durante el Enade, por prudencia y para evitar incomodar a los asistentes distinguidos, no se mencionaron casos de corrupción alarmantes que han quedado impunes. Recordemos solo dos ejemplos que ilustran cómo, con buenos contactos, se realizan negocios ilegales.
Guetos Verticales en Estación Central
Durante la alcaldía de Rodrigo Delgado, se otorgaron 80 permisos de edificación en altura, todos declarados ilegales por la Contraloría. Sin embargo, el municipio ignoró las órdenes de invalidar los permisos y continuó emitiendo recepciones finales. En 2020, algunos ciudadanos interpusimos querellas por prevaricación administrativa, pero la investigación fiscal aún no ha dado frutos. A pesar de que se han invertido aproximadamente $2 mil millones, la fiscalía permanece en silencio. ¿Se verá el fiscal nacional, Ángel Valencia, obligado a revelar el desenlace de esta trama de corrupción?
Dunas de Concón en la 5ª Región de Valparaíso
Este es otro claro ejemplo de la complicidad entre el sector público y privado. Se ha documentado cómo, bajo el gobierno de Pinochet, se vendieron las dunas de Concón a dos constructoras vinculadas al régimen. A pesar de que estas empresas no pagaron por completo la deuda, se fusionaron para crear Reconsa. Un informe del abogado Pedro Pierry, antiguo abogado del Consejo de Defensa del Estado, revela cómo una normativa que defensa el santuario de las dunas fue ignorada, permitiendo que estas empresas se beneficiaran.
En conclusión, la mayoría de los funcionarios públicos no son "parásitos"; se comportan de manera correcta. Sin embargo, hay que reconocer que en algunas municipalidades existe una tendencia a vulnerar las leyes por ignorancia. Reconocemos la labor de la actual contralora, así como la de sus antecesores, con quienes hemos trabajado en fundaciones relacionadas con vivienda y urbanismo.
Finalmente, en un contexto donde se habla tanto de participación ciudadana, sugerimos a la contralora Pérez que elimine la exigencia que limita la legitimación activa a los denunciantes. Creemos que, al hacerlo y con un presupuesto aumentado para 2026, se reducirá significativamente la corrupción.
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