Patricio Herman
El presidente de la fundación Defendamos la Ciudad arremetió contra el timonel de la AOA por defender la legalidad de las torres hiperdensas de Estación Central. El urbanista desclasificó los dictámenes de Contraloría y los oficios del Minvu que inhabilitan el agrupamiento continuo sin límites de altura, emplazando a la fiscal Ximena Chong a acelerar las formalizaciones por corrupción.
La controversia político-institucional y penal en torno a la edificación hiperdensa en el sector poniente de la capital ha sumado un capítulo de extrema virulencia gremial. En las noticias de Canal 13 del domingo 24 de mayo de 2026 se dio a conocer, en un completo reportaje, lo que acontece con los llamados "guetos verticales" en la comuna de Estación Central, desnudando una presunta red de coimas donde ciertos funcionarios municipales les pedían dinero a empresarios inmobiliarios para tramitar sus permisos de edificación pendientes. Al respecto, la opinión pública ya sabe lo que ha sucedido con una infinidad de proyectos acogidos a la figura de agrupamiento de edificación continua en sectores que no contaban con regulación urbana en esa comuna, todos los cuales fueron declarados contrarios a derecho por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) bajo la gestión de Paulina Saball, la Contraloría, la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, razón por la cual cinco ciudadanos interpusieron, hace unos seis años, una querella por prevaricación administrativa sin que a la fecha se conozca un resultado.
La Contraloría, a partir del año 2018, impartió precisas instrucciones al alcalde en ejercicio, Rodrigo Delgado, para paralizar las faenas de los edificios en construcción e invalidar los permisos conforme al artículo 53° de la Ley N° 19.880. A pesar de las exigencias y sumarios, hoy existen unos 80 edificios recibidos oficialmente por el municipio, menos dos que, bajo la misma ilegalidad confirmada, deberían contar con recepción final, representando inversiones ascendentes a los US$ 2,5 mil millones.
La trampa normativa que dio origen a este descalabro urbano fue advertida tempranamente por los organismos rectores del Estado. Mientras el alcalde de Estación Central era Gustavo Hasbún, con fecha 10 de julio de 2007, el jefe de la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Minvu, Luis Eduardo Bresciani, envió el oficio N° 0549 al Director de Obras Municipales (DOM) en función, expresándole taxativamente que este tipo de edificios en altura no estaban permitidos en zonas sin plan regulador propio, dictamen que ese funcionario acató debidamente.
Sin embargo, a partir del año 2013, sus continuadores en el cargo, desobedeciendo esa instrucción vinculante, empezaron a otorgar permisos a sabiendas que eran ilícitos, coincidiendo con el período del alcalde Rodrigo Delgado. La administración del actual alcalde, Felipe Muñoz, también tomó la decisión de interponer acciones judiciales por el mismo motivo y ambas fueron acumuladas en una causa penal que está analizando la fiscal Ximena Chong, llamándonos profundamente la atención que el gobernador regional, Claudio Orrego, no haya recurrido ante los tribunales, pues él a esas torres de viviendas las bautizó como guetos verticales y, ante la prensa, se refiere a ellos como estructuras que nunca se debieron haber construido, mientras el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ya se hizo parte en la mencionada querella.
Debido a que ha transcurrido un período de tiempo excesivo, la semana pasada, junto al abogado Gabriel Muñoz, le solicitamos una reunión formal a la fiscal Chong para explicarle materias que ella posiblemente desconoce, como el contenido de nuestra entrevista con el entonces titular del Minvu, Cristián Monckeberg, a quien le entregamos una propuesta formal para fijar compensaciones económicas por parte de las inmobiliarias contra la validación de los edificios ya construidos, la que no tuvo respuesta pues el presidente Piñera lo trasladó a otra cartera. Su reemplazante, Felipe Ward, nunca se interesó en resolver la situación, recordando que mientras ejercía en Bienes Nacionales reconoció el 4 de marzo de 2019, en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, haber cometido un fraude al Fisco con motivo de una introducción minera en el Parque Nacional Patagonia, ilegalidad que quedó impune pese al riguroso trabajo investigativo del sociólogo Andrés Gillmore.
Conforme al título de esta columna de opinión, en relación a estos edificios ilegales, el Diario Financiero entrevistó en carácter de experto al arquitecto Fernando Marín, actual presidente de la Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA) y exvicepresidente del Colegio de Arquitectos, quien argumentó con mucha seguridad que todo el proceso del otorgamiento de los permisos era absolutamente legal. Suponemos que su intervención tuvo como objetivo quedar bien con los inversionistas, pero nos extraña sobremanera que ese medio de expresión haya dado a conocer esa impropia entrevista llena de opiniones mendaces, razón más que suficiente para que su director se arrepienta públicamente por haberla autorizado.
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| CRONOLOGÍA DE LA ILEGALIDAD EN ESTACIÓN CENTRAL |
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| Año 2007: Oficio N° 0549 de Luis E. Bresciani (DDU) prohíbe las torres. |
| Año 2013: DOM desobedece instrucción vinculante y otorga permisos espurios. |
| Año 2018: Dictamen N° 27.918 de Contraloría ratifica ilegalidad absoluta. |
| Año 2019: Diputados de la UDI, PS, PR y DC intentan "perdonazo" legal fracasado.|
| Año 2026: Reportaje de C13 revela red de coimas para destrabar recepciones. |
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Si se escuchó al experto Marín, se concluye que desconocía el dictamen N° 27.918 del 12/11/2018 de la Contraloría, como también el oficio firmado por su colega Bresciani, en los cuales se declaraba que si una zona determinada no se encuentra regida por una norma urbanística de altura máxima, en ella no es posible aplicar el sistema de agrupamiento de edificación continua, toda vez que este sistema requiere, por definición, de aquella limitante. En este episodio de los famosos guetos verticales, como un hecho asaz gracioso, en el año 2019 el diputado UDI Juan Manuel Fuenzalida, apoyado por sus colegas Raúl Leiva (PS), Carlos Abel Jarpa (PR) y Matías Walker (DC), presentó un proyecto de ley para establecer un perdonazo con el cual, por arte de magia, todos estos edificios se transformarían en legales, burda iniciativa que no prosperó. Por lo relatado, entendemos que la fiscal Chong, quien tiene en su poder todos los dictámenes de la Contraloría y los fallos de la Corte Suprema, adoptará las decisiones que corresponden en contra de los venales funcionarios municipales de Estación Central que estuvieron comprometidos en estos flagrantes actos de corrupción.
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