Patricio Herman
Con motivo del reciente fallo del 3er Juzgado de Letras de Valparaíso, que otorgó una limitada compensación de $185,8 millones a la empresa Sogin SpA —persona jurídica muy cercana a la Inmobiliaria del Puerto SpA, del inversionista y político de extrema derecha Nicolás Ibáñez—, muchos han recordado que aquella solicitó inicialmente la excesiva suma de $134 mil millones.
En pedir no hay engaño, pero en la edición del 4 de junio de 2026, el diario El Mercurio publicó un editorial titulado “Incertidumbre jurídica ¿y urbanística?”, con el acusador epígrafe: “vuelve a quedar de manifiesto la brecha entre las aspiraciones de progreso y el hostigamiento a los proyectos para lograrlo”. En él, critica duramente el accionar del exalcalde Jorge Sharp respecto del proyecto inmobiliario que Ibáñez deseaba ejecutar en el cerro O’Higgins de Valparaíso.
El predio, de aproximadamente 10 hectáreas, pertenecía originalmente en partes iguales a la Compañía Chilena de Tabacos y al jardín suizo de la familia Pümpin. Años atrás, antes de que apareciera la inmobiliaria de Ibáñez, la Cámara de Diputados, mediante un proyecto de resolución, solicitó al entonces Presidente de la República que el Estado adquiriera este terreno para destinarlo como Parque Botánico Urbano Comunal, bajo la figura de Inmueble de Conservación Histórica (ICH) en la modificación del Plan Regulador Comunal de 2004. Lamentablemente, esa iniciativa no prosperó.
En 2013, la Inmobiliaria del Puerto SpA compró el terreno e inició trámites para construir unos veintitantos edificios de departamentos de entre 8 y 10 pisos, un megaproyecto de alrededor de US$80 millones.
El permiso de edificación Nº 301, aprobado el 30 de mayo de 2015 por la administración del entonces alcalde UDI Jorge Castro, presentó graves vicios. La Contraloría General de la República, en sus dictámenes Nº 59.619 (2014) y Nº 16 (2015), dejó en evidencia que la Dirección de Obras Municipales aceptó el reemplazo de documentación en el anteproyecto, vicio que debió ser corregido.
Un tercer dictamen, Nº 18.638 del 19 de octubre de 2015, de la sede regional de Valparaíso, confirmó que la municipalidad carecía de los conocimientos técnicos necesarios para tramitar correctamente estos permisos. Tanto las solicitudes de reconsideración de la municipalidad como de la inmobiliaria fueron desestimadas.
Tras las objeciones lideradas por el alcalde Jorge Sharp y la comunidad organizada, el empresario Nicolás Ibáñez decidió renunciar voluntariamente al megaproyecto, pese a contar con un fallo favorable de la Corte Suprema (con voto decisorio del abogado integrante Enrique Alcalde). Ibáñez vendió el terreno a la empresa Sogin SpA, la misma que en 2024 inició la demanda judicial que culminó con la modesta indemnización de $185,8 millones.
Curiosamente, el editorial de El Mercurio omite mencionar el nombre de Sogin SpA y se refiere solo a “la empresa continuadora del proyecto”, una omisión que llama la atención. Además, pretende argumentar que la demanda buscaba compensar lucro cesante y desvalorización por cambios en el Plan Regulador, algo que resulta falso, pues Sogin SpA nunca fue titular de acto administrativo municipal alguno.
El bajo monto de la indemnización resuelta por el 3er Juzgado de Letras de Valparaíso demuestra la debilidad de la pretensión. El Mercurio, diario dirigido a la élite del país, debería ejercer un periodismo más profesional y riguroso, en lugar de defender intereses particulares con argumentos sesgados.
La aspiración de contar con un Parque Pümpin en Valparaíso sigue viva en la comunidad. Defender el interés público no es hostigamiento a la inversión: es cuidar el patrimonio y la calidad de vida de los porteños.
Patricio Herman
Presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad.
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