Patricio Herman
En nuestra última columna, denunciamos el problema de los guetos verticales en Estación Central, evidenciando la connivencia entre actores del urbanismo y las irregularidades legales. La corrupción parece estar impune, favorecida por un silencio cómplice de medios que responden a los intereses de poderosos grupos económicos.
El pasado 29 de mayo, decidimos actuar y entregamos documentación a las Comisiones de Vivienda y Urbanismo de la Cámara de Diputados y del Senado, así como al Colegio de Arquitectos de Chile y la Asociación de Oficinas de Arquitectos. Nuestro objetivo era claro: instar a estas instituciones a emitir una declaración pública. Sin embargo, es previsible que muchas se vean presionadas a no tomar una postura firme, dejando a la prensa que apoya la versión oficial del arquitecto sin críticas.
Una figura inquietante aparece en este escenario: el ministro Quiroz. Su relación familiar con un arquitecto del sector inmobiliario plantea un serio conflicto de intereses que no debe ser ignorado. A pesar de que omitir esta información en su Declaración de Intereses y Patrimonio podría considerarse un simple olvido, resulta evidente que su proyecto de reforma tributaria beneficia directamente a la industria inmobiliaria.
Entre estas medidas se encuentran cambios significativos en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, la eliminación temporal del IVA para viviendas nuevas y la flexibilización de permisos de edificación. Estas acciones no parecen responder a un interés genuino por mejorar el acceso a la vivienda, sino más bien a un impulso por favorecer a una industria clave en la economía. Esta estrategia sigue la línea del gobierno de Kast, que prioriza el crecimiento económico sobre las necesidades de las familias.
Particularmente alarmante es la propuesta de ampliar la exención del pago de contribuciones a todos los propietarios de "primeras viviendas", sin considerar sus ingresos o avalúo fiscal. Aunque presentada como una solución a las demandas ciudadanas, esta medida podría tener efectos negativos en el Fondo Común Municipal, generando resistencia entre varios alcaldes que advierten su potencial regresividad.
Es crucial señalar que muchos beneficiarios de esta exención no son ciudadanos promedio, sino individuos adinerados que manipulan estas ventajas a través de sociedades comerciales. Se crea así un dilema ético donde los que menos lo necesitan son los más favorecidos, dejando a los verdaderos propietarios de viviendas desprotegidos.
En lugar de optar por una exención indiscriminada, sería más sensato que el ministro Quiroz reconsiderara su propuesta y estableciera límites más acordes a la realidad socioeconómica del país. Aumentar el umbral del avalúo fiscal para la exención aseguraría que realmente beneficie a quienes más lo necesitan, y no a quienes buscan aprovecharse de un sistema que, evidentemente, favorece a las élites.
Es imperativo que tomemos conciencia de la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos de actuar en beneficio del bien común y no en favor de intereses personales. Solo así podremos aspirar a construir una sociedad más justa y equitativa.
Síguenos en nuestras Redes Sociales
