Antes que nada, quiero aclarar que no uso la grosera palabra "atorrante". La menciono en el título de esta columna para referirme a ciertos creativos de la UDI que así califican a los funcionarios públicos del actual gobierno. Ellos piensan que utilizando expresiones vulgares, al estilo de Milei en Argentina, lograrán ganar en las elecciones del 16 de noviembre. Lo mismo hicieron los llamados Republicanos de Kast, quienes llamaron "parásitos" a quienes trabajan en la administración pública. Kaiser, por su parte, se refiere a Boric como "tránsfuga" y "deshonesto".
Ellos son libres de usar esas vulgaridades. Sin embargo, lo que estamos denunciando aquí es completamente diferente. En nuestra reciente presentación ante la Contraloría General de la República, realizada por la fundación Defendamos la Ciudad el 31 de octubre de 2025, mencionamos los serios problemas de congestión vehicular alrededor del estadio de la Universidad Católica en Las Condes. Estos problemas se suman a una denuncia previa sobre la inadecuada aplicación de pinturas intumescentes en ese mismo recinto. A diferencia de los políticos de derecha que atacan a sus adversarios con insultos, creemos que esta situación se debe más a la falta de conocimientos técnicos de algunos funcionarios municipales y actores privados que participaron en el trámite administrativo del proyecto Claro Arena, situado en Camino Las Flores 13.000.
Quiero enfatizar que soy absolutamente independiente en términos políticos. Esto es evidente en las miles de publicaciones que he realizado durante años, donde critico sin miedo las numerosas irregularidades que se producen en áreas como vivienda, urbanismo, obras públicas, transporte y medio ambiente, siempre defiendo el marco legal que rige el libre mercado. Es claro que no soy bien visto por aquellos inversionistas que se benefician de favores del sector público.
En nuestra denuncia ante la Contraloría, revisamos el artículo 2.1.36 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y la red vial estructurante definida en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Las Condes, además del permiso de edificación N° 105/2016 y un certificado de informaciones previas (CIP) del extenso terreno donde se ubica el proyecto de ampliación. El estadio, que existe desde 1988, es considerado un equipamiento mayor, lo que significa que debe cumplir con la obligación de tener acceso a una vía troncal o expresa.
El CIP señala que el predio enfrenta dos vías troncales: Camino San Francisco de Asís y Camino El Alba. También indica que "parte de la vialidad que enfrenta el predio no ha sido urbanizada, garantizada ni incorporada al bien nacional de uso público". Asumimos que la funcionaria municipal que otorgó el permiso era consciente de que, para la ubicación de equipamientos, las vías que los rodean deben estar asfaltadas antes de dar autorización a un permiso de edificación. Esto debería garantizarse antes de la recepción definitiva de obras, que en este caso ya se ha dado.
Aunque el predio está frente a vías troncales, el acceso al estadio desde Camino San Francisco de Asís está bloqueado por otros edificios. En cuanto al acceso por Camino El Alba, este fue proyectado en el Estudio de Impacto sobre el Transporte Urbano (EISTU) mediante una vía interna diseñada para conectar con los estacionamientos satélites del proyecto, que pertenecen a la Clínica San Carlos de Apoquindo y a la Universidad de Los Andes. La vía Av. Pie Andino no está presente en la zona y el EISTU ha sido sustituido por el IMIV (Informe de Mitigación de Impacto Vial).
Debido a esto, la mayoría de los asistentes al estadio accede a los estacionamientos a través de las vías República de Honduras y Avenida Las Flores, que no tienen la jerarquía troncal necesaria según la OGUC. Sorprendentemente, al leer la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), constatamos que el estadio ha estado operando durante años sin que se hubiera urbanizado un tramo significativo de Camino El Alba. Hay más irregularidades que podríamos relatar, pero para no abrumar a los lectores, las omitimos. Sin embargo, estamos seguros de que la Contraloría exigirá al municipio que cumpla con la normativa legal, en defensa de la calidad de vida de sus vecinos.
Por último, quiero resaltar de manera positiva el trabajo del dirigente vecinal Juan Pablo Salinas, quien también ha denunciado ante la Contraloría y el ministerio de Transporte y Telecomunicaciones el déficit de servicio del municipio de Las Condes en relación con el aumento del tráfico por los eventos en Claro Arena. Es evidente que quienes evaluaron los impactos negativos de este aumento probablemente aprobaron el permiso de manera laxa, sin aplicar criterios preventivos, para no ser señalados como "tramitadores".
A pesar de que mi opinión pueda no ser relevante para muchos, quiero expresar que en la primera vuelta presidencial mi voto será nulo. Planeo publicar un libro que se lanzará justo después de que asuma el nuevo presidente en marzo de 2026, para que el nuevo gobierno, con funcionarios competentes en cada ministerio, pueda evitar los errores cometidos por administraciones anteriores.
Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente la postura ni la línea editorial de este medio.
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