Victor Manuel Arce Garcia
El presidente José Antonio Kast presentó en cadena nacional su Plan de Reconstrucción Nacional, considerado como la respuesta integral al estancamiento que ha frenado el crecimiento en Chile durante más de una década. Con 40 medidas, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, busca combinar ayuda inmediata a las zonas afectadas por incendios con incentivos para la inversión privada y el empleo formal. A pesar de su ambición, el proyecto ha generado preocupaciones sobre desequilibrios fiscales, aumento de la desigualdad y posibles daños a largo plazo para los sectores más vulnerables de la sociedad.
Chile ha acumulado un crecimiento promedio del 2% anual en los últimos doce años, enfrentando un alto desempleo y un déficit considerado por Quiroz como “fisco sin caja”. Para revertir esta situación, el plan destina 400 mil millones de pesos—equivalentes a unos 450 millones de dólares—en la reconstrucción física de Ñuble, Biobío y Valparaíso, financiado principalmente por la repatriación voluntaria de capitales y otras medidas no impositivas. Entre las principales iniciativas se encuentran la eliminación temporal del IVA en la venta de viviendas nuevas y la reducción gradual del impuesto de primera categoría del 27% al 23% en cuatro años.
Sin embargo, fuentes independientes y parlamentarios de oposición alertan de que esta estrategia podría implicar una pérdida de recaudación de hasta 2.800 millones de dólares anuales, principalmente por la rebaja tributaria. Un oficio interno de Hacienda, revelado recientemente, instruye a 22 ministerios a elaborar un Presupuesto 2027 que contemple un recorte inicial del 3%, afectando a 142 programas cuyas inversiones superan 5,4 billones de pesos. Las áreas potencialmente impactadas incluyen alimentación escolar, educación superior y programas de salud mental.
Quiroz ha tratado de tranquilizar a los ciudadanos, afirmando que se trata de “sugerencias técnicas” y que aún no se han tomado decisiones finales. Sin embargo, la inquietud persiste sobre cómo los ajustes en gasto público podrían afectar los servicios básicos de las familias más vulnerables. Una madre en Quilpué, que depende de un comedor escolar tras perder su vivienda, expresa el temor colectivo: “Reconstruir las casas está bien, pero si nos quitan el plato de comida en la escuela, ¿cómo seguimos adelante?”
Economistas advierten que la rebaja de impuestos podría no generar inversión inmediata, afectando la demanda agregada en el corto plazo. El Congreso debate la ley con urgencia, logrando acuerdos con el Partido de la Gente. Sin embargo, persisten profundas discrepancias sobre el enfoque del plan, que algunos critican por favorecer a las grandes empresas a expensas de la clase media y los sectores más necesitados.
En un Chile que aún enfrenta las secuelas de catástrofes naturales y un desafío económico persistente, la combinación de incentivos a la inversión con austeridad genera preocupación sobre quiénes realmente serán los beneficiarios de la reconstrucción y a qué costo humano. El éxito del Plan no se medirá solo en cifras macroeconómicas, sino en su capacidad de mejorar la vida cotidiana sin dejar a nadie atrás.
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