El peligro del control estatal en el acceso de menores a redes sociales

El Gobierno del presidente José Antonio Kast ha propuesto el uso de la Clave Única para regular el acceso de menores a redes sociales, una medida que, a pesar de presentarse como una solución para proteger a la infancia, representa un retroceso significativo en las libertades individuales y un preocupante avance hacia la vigilancia estatal de la vida digital en Chile.

La iniciativa, que exige a los menores registrarse con Clave Única para acceder a plataformas como TikTok e Instagram, establece un sistema de control sobre la actividad en internet de niños y adolescentes, disfrazado como una política de “responsabilidad parental”. Este enfoque confunde la protección con el control. Aunque es innegable que existen riesgos en las redes sociales —como la exposición a contenido dañino, el acoso o la pérdida de privacidad—, la solución propuesta es problemática.

Convertir al Registro Civil en un censor digital de la infancia es un paso hacia un modelo de vigilancia que, en lugar de ofrecer protección, impone restricciones. Tal como se ha observado en otros países, los sistemas obligatorios de verificación de edad conducen a:

• Mayor vigilancia estatal
• Autocensura entre los jóvenes
• Exclusión digital de aquellos sin acceso a tecnología adecuada
• Potencial abuso de datos por futuros gobiernos

Ejemplos de países como China, donde la verificación de identidad está ligada a un sistema de puntaje social, y los fracasos en Australia y el Reino Unido, que enfrentaron resistencia civil, nos muestran que Chile no puede permitir avanzar sin un debate público profundo y salvaguardias excepcionales.

Afortunadamente, existen alternativas menos invasivas y más efectivas que ya están en uso, como:

• Herramientas parentales en plataformas
• Obligatoriedad de supervisión por parte de los padres
• Intervención de Tribunales de Familia en casos de riesgo
• Educación digital obligatoria en escuelas

La protección de los niños debe centrarse en educarlos y empoderar a las familias, no en otorgar al Estado un control total sobre su vida digital. Cuando un menor debe ingresar su Clave Única para abrir una cuenta, se está creando una cultura de obediencia y autocensura en lugar de fomentar la libertad responsable.

Principales peligros del control estatal

• Pérdida de la privacidad: Exige que todos los usuarios entreguen datos biométricos o documentos de identidad oficiales al Estado o a empresas privadas para verificar su edad. 
• Vigilancia masiva: Crea un sistema de rastreo permanente de la actividad digital de toda la población, no solo de los menores.
• Brechas de seguridad: Centraliza bases de datos con información altamente sensible, convirtiéndolas en blancos ideales para ciberataques y robos de identidad.
• Censura y control político: Permite al gobierno de turno decidir qué contenidos o plataformas son "seguros", facilitando el bloqueo de voces disidentes o información incómoda.
• Desplazamiento del rol parental: Traspasa la responsabilidad educativa y de crianza de las familias hacia la burocracia estatal.
• Marginación de comunidades vulnerables: Limita el acceso a redes de apoyo digital para jóvenes LGBT+ o menores en entornos familiares abusivos. 
• Falsa sensación de seguridad: Fomenta que el Estado baje la guardia en educación digital, mientras los menores buscan formas de evadir los bloqueos usando herramientas como VPNs.

En conclusión, proteger a los niños no implica vigilarlos, sino educarlos para que se conviertan en ciudadanos críticos y responsables. La propuesta del Gobierno es innecesaria, desproporcionada y riesgosa, y debe ser rechazada en el Congreso. Es vital replantear el enfoque hacia la educación, la responsabilidad parental y exigir un mayor compromiso a las plataformas, sin caer en el control estatal centralizado. La libertad comienza desde la infancia; no la entreguemos tan fácilmente.

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