Victor Manuel Arce Garcia
El Gobierno del presidente José Antonio Kast ha propuesto el uso de la Clave Única para regular el acceso de menores a redes sociales, una medida que, a pesar de presentarse como una solución para proteger a la infancia, representa un retroceso significativo en las libertades individuales y un preocupante avance hacia la vigilancia estatal de la vida digital en Chile.
La iniciativa, que exige a los menores registrarse con Clave Única para acceder a plataformas como TikTok e Instagram, establece un sistema de control sobre la actividad en internet de niños y adolescentes, disfrazado como una política de “responsabilidad parental”. Este enfoque confunde la protección con el control. Aunque es innegable que existen riesgos en las redes sociales —como la exposición a contenido dañino, el acoso o la pérdida de privacidad—, la solución propuesta es problemática.
Convertir al Registro Civil en un censor digital de la infancia es un paso hacia un modelo de vigilancia que, en lugar de ofrecer protección, impone restricciones. Tal como se ha observado en otros países, los sistemas obligatorios de verificación de edad conducen a:
Ejemplos de países como China, donde la verificación de identidad está ligada a un sistema de puntaje social, y los fracasos en Australia y el Reino Unido, que enfrentaron resistencia civil, nos muestran que Chile no puede permitir avanzar sin un debate público profundo y salvaguardias excepcionales.
Afortunadamente, existen alternativas menos invasivas y más efectivas que ya están en uso, como:
La protección de los niños debe centrarse en educarlos y empoderar a las familias, no en otorgar al Estado un control total sobre su vida digital. Cuando un menor debe ingresar su Clave Única para abrir una cuenta, se está creando una cultura de obediencia y autocensura en lugar de fomentar la libertad responsable.
En conclusión, proteger a los niños no implica vigilarlos, sino educarlos para que se conviertan en ciudadanos críticos y responsables. La propuesta del Gobierno es innecesaria, desproporcionada y riesgosa, y debe ser rechazada en el Congreso. Es vital replantear el enfoque hacia la educación, la responsabilidad parental y exigir un mayor compromiso a las plataformas, sin caer en el control estatal centralizado. La libertad comienza desde la infancia; no la entreguemos tan fácilmente.
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