Más de 200 menores haitianos ingresaron a Chile en 2025 en vuelos chárter bajo reunificación familiar. Hoy su paradero sigue desconocido. La Fiscalía investiga posible tráfico de personas. Pero el verdadero escándalo no es solo la entrada irregular: es la gestión política fallida de dos gobiernos, el oportunismo descarado de políticos de ambos bandos y la irresponsabilidad de muchos medios que convirtieron un drama de niños en un show de acusaciones cruzadas.
Revisión de fuentes y los hechos duros
Según la denuncia oficial del SERMIG (15 de junio de 2026) y reportes de medios locales , al menos 12 adultos sin vínculos familiares acompañaron grupos de menores haitianos. La Contraloría detectó decenas de casos sin ubicación actualizada. La Fiscalía indaga tráfico ilícito de migrantes, cohecho y falsificación de documentos. Ya en marzo de 2023, bajo el gobierno anterior, el entonces director de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, había alertado sobre prácticas sospechosas de aerolíneas. El consulado en Haití fue retirado por corrupción en visados. Entre 2022-2025 se autorizaron más de 16 mil reunificaciones, muchas flexibilizadas en 2024 por la crisis haitiana.
La administración de Gabriel Boric flexibilizó en mayo de 2024 los requisitos de ingreso de menores “por la situación en Haití”. Esa decisión, aunque humanitaria en el papel, se tomó sin reforzar controles, trazabilidad ni coordinación con protección de la infancia. Las alertas de 2023 fueron archivadas o insuficientemente seguidas. El resultado: cientos de niños entraron y luego se perdieron en el sistema. Eso no es solo “contexto”, es una gestión política negligente que priorizó la narrativa de acogida por encima de la seguridad y el seguimiento real.
El actual Ejecutivo actuó rápido al presentar la denuncia y convocar a los tres poderes del Estado. Sin embargo, la forma en que se tomó el caso huele a cálculo político. En lugar de un comunicado frío y técnico centrado exclusivamente en “localizar a los niños ya”, se usó el escándalo para golpear al gobierno anterior con dureza. La frase “despreocupación total del gobierno anterior” se repitió en declaraciones oficiales. Eso convierte un problema humanitario en munición electoral. La fuerza de tarea está bien, pero la narrativa de “nosotros sí actuamos” suena más a posicionamiento que a preocupación genuina por cada niño.
Cómo se tomó este caso: politización desde el minuto uno
El caso no se manejó como una emergencia de protección infantil. Se manejó como un arma política. El gobierno actual lo tomó para demostrar que “el modelo anterior fracasó”. Sectores de oposición y exfuncionarios lo tomaron para defenderse o contraatacar (“las alertas ya existían”). En el Congreso se aprobó una comisión investigadora en tiempo récord, más por rédito que por eficiencia. Mientras tanto, los niños siguen sin aparecer y la burocracia sigue sin dar explicaciones claras sobre por qué se perdió el rastro durante meses.
La gestión política de este caso ha sido pobre en ambos lados: falta de autocrítica real, ausencia de trabajo conjunto y exceso de declaraciones para la prensa en vez de resultados concretos para las familias.
Críticas duras a los medios de comunicación
Muchos medios chilenos han fallado estrepitosamente. Algunos titularon con cifras infladas (“468 niños perdidos”) sin contrastar con las fuentes oficiales que hablan de “más de 200” en el lote investigado. Otros convirtieron el caso en un reality de culpables: “Boric los perdió”, “Kast los usa”. Poca investigación profunda sobre las redes que pudieron operar, poca cobertura sobre qué está haciendo realmente la fuerza de tarea y casi cero foco en las historias humanas de los niños y sus familias. El sensacionalismo vende clics, pero destruye la posibilidad de un debate serio. Cuando los medios priorizan el escándalo sobre la verdad y la solución, se convierten en parte del problema.
Críticas a los políticos de ambos bandos
Los políticos chilenos —de derecha, izquierda y centro— han demostrado una vez más su peor cara. Usan a niños haitianos vulnerables como fichas en el tablero electoral. Unos para atacar la “migración descontrolada” del gobierno anterior. Otros para acusar de xenofobia o hipocresía al actual. Pocos han dicho con claridad: “Me da igual quién tenga la culpa, lo importante es encontrar a estos niños hoy”. Esa ausencia de grandeza es vergonzosa. Los niños no votan. No dan likes. No sirven para encuestas. Por eso los políticos los usan y luego los olvidan.
El oportunismo es transversal. Tanto el gobierno actual como la oposición anterior han priorizado el relato por encima de la coordinación efectiva. Esa es la verdadera gestión política fallida de este caso.
Lo que realmente importa (y que nadie está priorizando lo suficiente)
Detrás de toda esta pelea de egos y relatos hay decenas —quizá cientos— de niños que pueden estar en situación de riesgo extremo. La prioridad absoluta tiene que ser:
- Localizarlos con urgencia real, no declarativa.
- Investigar sin banderas políticas quiénes fallaron y quiénes se aprovecharon.
- Reformar el sistema de reunificación familiar para que nunca más sea usado por redes criminales.
- Exigir a medios y políticos que dejen de usar este drama como contenido viral.
Chile puede y debe hacerlo mejor. Pero mientras los políticos sigan midiendo el caso por cuántos puntos les da en las encuestas y los medios sigan midiéndolo por clics, los niños seguirán siendo las grandes víctimas de esta gestión política irresponsable.
Es hora de dejar de lado las batallas partidistas. Es hora de exigir verdad, localización inmediata y responsabilidad real. Porque si no, este escándalo no será el último.
