Victor Manuel Arce Garcia
La economía chilena se halla en un momento crítico de redefinición. Después de más de una década de incertidumbre regulatoria y un estancamiento en la inversión, el gobierno del presidente José Antonio Kast, asumido en marzo de 2026, está orientado hacia la reactivación productiva.
El principal eje de esta transformación es el Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, que propone más de 40 medidas en cinco áreas clave: competitividad tributaria, fomento al empleo, simplificación de cargas regulatorias, certeza jurídica e institucional, y contención del gasto público.
Esta estrategia responde a un crecimiento anual de menos del 2% en los últimos años, en comparación con un potencial del 3,5-4%. A pesar de esto, el nuevo enfoque debe equilibrar la necesidad de reactivación con los desafíos fiscales que enfrenta el país.
El Ministerio de Hacienda, bajo la dirección de Jorge Quiroz, ha detectado un desbalance estructural significativo. En su Informe de Finanzas Públicas, se estima una brecha técnica de US$10.500 millones para 2026-2030, resultado de inconsistencias de la administración anterior.
Este desbalance incluye sobreestimaciones de ingresos y un déficit efectivo de aproximadamente el 2,4% del PIB. Consecuentemente, la Tesorería General ha intensificado la emisión de deuda soberana, tensionando las primas de riesgo país.
Ante esta situación, el gobierno ha establecido una política de austeridad total, con ajustes del 3% en el gasto. Además, contempla $400.000 millones para la reconstrucción en zonas afectadas por incendios en Valparaíso, Ñuble y Biobío. Sin reformas fiscales urgentes, el Plan de Reconstrucción podría generar déficits persistentes al menos hasta 2031.
Paralelamente a las tensiones fiscales, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) enfrenta denuncias de irregularidades graves en el Programa de Alimentación Escolar. La auditoría interna reveló más de $14.000 millones en pagos por raciones no entregadas.
Esta crisis resalta problemas sistemáticos: falta de fiscalización, debilidad en licitaciones y una cultura de gasto que ignora resultados medibles. Estos episodios incrementan la percepción de riesgo en la gobernanza del gasto público, impactando la confianza de inversionistas.
La respuesta del gobierno incluye una "Inspección Total" del aparato estatal, con auditorías y reestructuraciones enfocadas en la eficiencia.
La crisis de seguridad pública representa un cuarto pilar crítico que afecta el clima de inversión. Asaltos y extorsiones han forzado al sector privado a reorientar recursos hacia medidas de seguridad en lugar de expansión productiva.
Estudios independientes estiman que la inseguridad representa un costo equivalente al 2,6% del PIB anual, convirtiéndose en el "impuesto encubierto" más gravoso. El gobierno ha declarado una emergencia en seguridad, preparando medidas que se detallarán en la próxima Cuenta Pública.
El discurso presidencial se desarrollará en un marco de fuerzas enfrentadas: la necesidad de impulsar el crecimiento privado versus la cruda realidad fiscal y los escándalos de gobernanza. La capacidad del Ejecutivo para comunicarse transparentemente sobre la consolidación fiscal y mejorar la seguridad será clave para restaurar la confianza de mercados.
Chile tiene los recursos y capacidades para lograr un crecimiento sostenido superior al 4%, pero su éxito dependerá de la alineación de incentivos privados con la responsabilidad fiscal y la seguridad efectiva. El futuro económico de millones de chilenos está en juego.
Síguenos en nuestras Redes Sociales
