Irmina Herrera
Título: Estudio Revela Subsidio Implícito al Diésel en Chile: Desafíos Fiscales y Ambientales en 2026
En 2023, un estudio del Centro Avanzado de Transporte, Logística y Competitividad Económica (Catlec) reveló que Chile recaudó $2,6 billones por concepto de impuesto específico a los combustibles. De esta cifra, aproximadamente $1,9 billones —equivalente al 73%— actuó como un subsidio implícito al uso del diésel. Este fenómeno se origina en la brecha legal existente entre las tasas impositivas: 1,5 UTM por metro cúbico para el diésel frente a 6 UTM para la gasolina, lo que resulta en un costo de aproximadamente $101 por litro de diésel en contraste con $404 por litro de gasolina. El escenario se complejiza con las devoluciones tributarias que se otorgan a empresas de transporte de carga, aumentando aún más el incentivo hacia el combustible más contaminante.
El hallazgo se volvió relevante en un contexto de creciente sensibilidad fiscal y energética. Mientras el Gobierno de José Antonio Kast intenta ajustar las metas fiscales y enfrenta presiones por incrementos en los precios de los combustibles tras modificaciones al MEPCO (Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles), este análisis pone de manifiesto cómo el actual diseño tributario crea incentivos que contradicen los esfuerzos de descarbonización y una tributación ambiental eficiente.
La legislación chilena establece tasas diferenciadas que, en la práctica, permiten que la recaudación del impuesto sobre la gasolina financie la reducción del gravamen al diésel. Este subsidio cruzado mantiene artificialmente bajo el precio del diésel, beneficiando especialmente a sectores como el transporte de carga, la minería y la agricultura, que dependen en gran medida de este combustible. Según el informe de Catlec, el efecto de este subsidio es comparable a un subsidio directo significativo que, aunque no se refleja en el presupuesto fiscal, impacta la asignación de recursos y las señales de precios en el mercado.
A nivel internacional, el impuesto al diésel en Chile es considerablemente menor que en la mayoría de los países de la OCDE, especialmente en Europa, donde los altos gravámenes tienen como objetivo la descarbonización y la recaudación verde. En comparación, muchos países europeos aplican impuestos que superan significativamente las tasas chilenas, mientras que en Chile, la diferencia entre los impuestos sobre el diésel y la gasolina es especialmente pronunciada, llevándolo a ser un caso atípico en la región. Esta política contrasta con la tendencia global de internalización de costos ambientales y la promoción de combustibles alternativos menos contaminantes.
El subsidio implícito efectivamente perpetúa el uso intensivo del diésel en un país que se ha comprometido a alcanzar metas de carbono neutralidad. El transporte por carretera, el principal consumidor de diésel, es responsable de una porción significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero en Chile. Mantener estos incentivos fiscales dificulta la transición hacia flotas más limpias, propiciando la electrificación y mejorando la eficiencia energética. Expertos advierten que esta distorsión retrasa las inversiones en tecnologías alternativas y aumenta la vulnerabilidad del país ante shocks internacionales en los precios del petróleo.
El análisis adquiere mayor relevancia en el debate actual sobre presupuestos. Ante un aumento en los costos de los combustibles, el Gobierno Kast se ha visto obligado a ajustar caras metas fiscales y aumentar el endeudamiento. Un rediseño del impuesto específico podría no solo incrementarse la recaudación, sino también alinear la política tributaria con objetivos ambientales y de equidad social. Sin embargo, cualquier cambio se enfrentará a una oposición considerable por parte de sectores productivos que dependen del diésel.
El menor gravamen al diésel ha beneficiado directamente a la cadena logística, minimizando los costos de transporte de bienes y contribuyendo a la competitividad exportadora. Sin embargo, esta ventaja puede ser ilusoria si se consideran los costos externos relacionados con la contaminación, la salud pública y futuros compromisos de mitigación climática. Investigaciones de Catlec sugieren que una equalización gradual de las tasas impositivas, acompañada de medidas compensatorias transitorias, podría mejorar la eficiencia económica global sin perjudicar severamente la competitividad de los sectores dependientes del diésel.
En un año caracterizado por discusiones sobre reglas fiscales y la sostenibilidad de la deuda, el subsidio implícito al diésel presenta una oportunidad para una reforma estructural que establezca las señales de precios correctas. Expertos abogan por una revisión integral del sistema tributario de combustibles que tome en cuenta las externalidades, la recaudación y la transición energética. El reto para el Ejecutivo y el Congreso será equilibrar estos objetivos con las necesidades inmediatas de sectores clave de la economía.
En conclusión, el informe de Catlec subraya cómo las distorsiones tributarias, aunque no son visibles en el cotidiano, tienen efectos significativos en la estructura productiva y en el cumplimiento de metas ambientales, tanto a nivel nacional como internacional. A medida que Chile avanza en su agenda de crecimiento y disciplina fiscal, es esencial alinear los incentivos tributarios con prioridades estratégicas, lo que podría ser fundamental para definir la calidad del desarrollo económico en la próxima década. La discusión está abierta: un ajuste inteligente puede mejorar no solo la recaudación y reducir distorsiones, sino también facilitar una matriz energética más sostenible en un contexto global que exige cada vez más respuestas ante los desafíos climáticos y la volatilidad de los commodities energéticos.
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