Victor Manuel Arce Garcia
Este miércoles, la Cámara de Diputados de Chile aprobó un proyecto de resolución que ha creado un fuerte debate en el país. La propuesta, impulsada principalmente por la Unión Demócrata Independiente (UDI), busca abolir el uso del lenguaje inclusivo en todas las instituciones públicas, generando un choque significativo entre diferentes sectores de la sociedad chilena.
El texto de la iniciativa, que fue presentado por el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), instaba al Ejecutivo a “dejar inmediatamente sin efecto aquellos actos administrativos que impongan el uso del lenguaje inclusivo” y a regresar “al correcto uso del idioma castellano”. Esto incluyó una prohibición clara de cualquier “distorsión gramatical en razón de género, etnia u otro tipo de clasificación identitaria”.
Entre los diputados defensores, como Cristián Araya del Partido Republicano, se manifestó un mensaje contundente: celebraron el fin de lo que denominaron una "dictadura woke" y cuestionaron los gastos derivados de manuales que promueven el lenguaje inclusivo. Javier Olivares, representante del Partido de la Gente (PDG), enfatizó que el Estado debería comunicarse de manera “clara” y sin “ideología”, argumentando que un enfoque neutral promovería una mejor comprensión pública.
Sin embargo, la reacción no tardó en llegar del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH), que rechazó la medida de forma enérgica. Este organismo expresó que la Cámara estaba enviando una “pésima señal” al intentar censurar formas de expresión que buscan una comunicación más respetuosa de la diversidad. “El lenguaje no se impone por decreto; en democracia, hay que garantizar la libertad de expresión, no restringirla”, afirmaron. Para el MOVILH, la resolución obedece a motivaciones ideológicas que no tienen en cuenta los cambios sociales y culturales, advertiendo un impacto particularmente negativo para las personas trans y no binarias, quienes ven en el lenguaje inclusivo una herramienta necesaria para su reconocimiento.
La directora ejecutiva de la Fundación Iguales, María José Cumplido, también se sumó a las críticas, manifestando que el Estado no debería dictar cómo las personas deben expresar sus pensamientos. Defendió el uso de un lenguaje inclusivo como un componente esencial para evitar la invisibilización de grupos minoritarios y enfatizó que el lenguaje “está vivo y cambia constantemente”.
Bajo el gobierno de Gabriel Boric (2022-2026), se promovieron guías de lenguaje inclusivo en distintas áreas del Estado, popularizando términos como “todes” y “niñes”. Los partidarios de la iniciativa actual argumentan que estas prácticas generan confusión y se alínean con una agenda ideológica. Por otro lado, los críticos sostienen que este movimiento es un reflejo natural de la evolución del idioma hacia una mayor inclusión.
El debate sobre el lenguaje inclusivo ilustra las tensiones más profundas en la sociedad chilena acerca de identidad, género y el papel del Estado en cuestiones culturales. Aunque la resolución del Congreso no es vinculante, ejerce una notable presión sobre el gobierno de Kast, que ha priorizado la claridad y la sencillez en la comunicación pública.
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