Un nuevo capítulo en los escándalos judiciales que rodean al Gobierno de Pedro Sánchez. Un tribunal español ha ordenado que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, sea juzgada por presuntos delitos de corrupción. El juez Juan Carlos Peinado dictó este sábado el auto de apertura de juicio oral y le impuso medidas cautelares estrictas: deberá entregar su pasaporte, no podrá salir del territorio nacional y tendrá que comparecer ante las autoridades dos veces al mes hasta que se dicte sentencia.
La decisión judicial y sus implicaciones inmediatas
Según la resolución judicial divulgada este 20 de junio de 2026, el magistrado Juan Carlos Peinado ha considerado que existen indicios suficientes para que Begoña Gómez (55 años) se siente en el banquillo ante un jurado popular en la Audiencia de Madrid. El caso no tiene fecha de juicio fijada aún, pero las medidas cautelares entran en vigor de inmediato.
El tribunal notificará la prohibición de salida del país “a todos los puestos fronterizos y aeropuertos civiles y militares” para garantizar su cumplimiento. La esposa del presidente del Gobierno rechaza las acusaciones y su defensa ya anuncia que recurrirá las medidas cautelares.
El origen del caso: la cátedra en la Universidad Complutense
La investigación se centra en la creación y dirección de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid que codirigió Begoña Gómez. Según el juez, “la cátedra sirvió como un medio de desarrollo profesional privado para la persona investigada”.
Se investiga el presunto uso de recursos públicos, contactos institucionales y su posición como esposa del presidente para favorecer intereses privados. Los delitos que se le imputan son tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. La causa se abrió en abril de 2024 tras una denuncia de un grupo anticorrupción.
Reacciones: del PSOE a la oposición
El PSOE reaccionó de inmediato con un mensaje en X bajo la etiqueta #YoConBegoña: “Begoña Gómez es inocente. Lleva dos años siendo perseguida judicial y políticamente. Lo de hoy es un paso más, un escándalo democrático que no se sostiene. No pararán”.
Pedro Sánchez ha enmarcado reiteradamente estas investigaciones como una estrategia de la derecha para desestabilizar su gobierno en minoría, que depende de pactos parlamentarios frágiles. Tanto el presidente como su esposa niegan cualquier irregularidad.
Por su parte, los partidos de la oposición de derechas han exigido la dimisión inmediata de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones anticipadas.
Un entorno bajo la lupa judicial
El caso de Begoña Gómez se suma a otras investigaciones que afectan al círculo cercano del presidente socialista:
- José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, investigado por presunto tráfico de influencias vinculado al rescate de la aerolínea Plus Ultra.
- David Sánchez, hermano del presidente, juzgado recientemente por presunto trato de favor en un cargo público.
- José Luis Ábalos, exministro de Transportes y ex mano derecha de Sánchez, procesado por presuntas comisiones ilegales en contratos públicos.
Estas causas han intensificado el debate sobre la estabilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez, quien llegó al poder en 2018 mediante una moción de censura y ha logrado agotar mandatos a pesar de la fragmentación parlamentaria.
Contexto y perspectivas
La decisión del juez Juan Carlos Peinado marca un punto de inflexión en una investigación que lleva más de dos años abierta. Aunque la Fiscalía ha solicitado en varias ocasiones el archivo del caso, el magistrado ha avanzado hacia la fase de juicio oral.
El Gobierno mantiene que se trata de una “persecución judicial y política”, mientras la oposición insiste en que la Justicia debe seguir su curso sin interferencias. España se encuentra nuevamente en el centro del debate sobre la separación de poderes y el impacto de los escándalos judiciales en la política nacional.
Por ahora, Begoña Gómez deberá adaptarse a las nuevas restricciones mientras su equipo legal prepara la estrategia.
