La animadora de Canal 13, Pamela Díaz, declaró el 10 de agosto de 2026 que iniciará acciones judiciales contra el periodista Sergio Rojas por reiteradas descalificaciones que la describen como denostada, ninguneada y humillada. El anuncio se produjo tras comentarios emitidos en el programa de Zona Latina y se enmarca en una disputa de más de una década. El caso aporta datos oficiales sobre el volumen de querellas por injurias y el rol del Consejo Nacional de Televisión.
Origen inmediato de las declaraciones
Tras la salida de varios panelistas del espacio Hay que decirlo de Canal 13, Sergio Rojas emitió en su programa juicios sobre la responsabilidad de Pamela Díaz en esas desvinculaciones. La describió con términos como “gorreada”, “analfabeta” y otras expresiones que aludían a su vida personal, su capacidad profesional y su rol como madre. Díaz respondió en pantalla el mismo día. Afirmó que las decisiones de personal corresponden exclusivamente a la dirección del canal y negó cualquier intervención.
En sus palabras, “fui muy denostada, ninguneada y humillada”. Señaló la existencia de un hostigamiento que, según ella, se mantiene desde hace aproximadamente tres años y proviene de un comunicador que trabaja en un canal cercano, sin nombrarlo de forma explícita en esa intervención. Anunció que el miércoles siguiente entregaría más antecedentes en su propio programa y que procedería por la vía judicial. Añadió que esperó ese lapso para actuar de manera formal y no a través de amenazas públicas.
Rojas, por su parte, indicó en una intervención posterior que acatará lo que resuelva la justicia. Mencionó que, como figura pública, se somete a este tipo de procedimientos. Al mismo tiempo, aludió a la posibilidad de revelar antecedentes personales adicionales en un evento programado para finales de agosto.
Antecedentes de una disputa prolongada
La relación conflictiva entre ambos comunicadores se remonta al menos a 2012, cuando Díaz propinó una bofetada a Rojas en el backstage de un programa de Chilevisión. El episodio se originó, según versiones de la propia animadora, en comentarios de Rojas sobre su familia. Desde entonces, los cruces públicos han sido intermitentes y han incluido filtraciones de audios, acusaciones mutuas de mentiras y referencias a la vida privada.
En los últimos tres años, según el relato de Díaz, los señalamientos se intensificaron en torno a su forma de firmar contratos, su maternidad y supuestos maltratos a personas de su entorno laboral o mascotas. Ella niega de plano esas afirmaciones y sostiene que nunca ha tenido perros. Rojas ha sostenido en distintas ocasiones que sus comentarios forman parte del ejercicio periodístico de farándula.
Este patrón de enfrentamiento se inserta en un contexto más amplio de denuncias por tratamientos denigrantes en programas de entretención. El Consejo Nacional de Televisión registra de forma permanente denuncias ciudadanas por hostigamiento, humillación y afectación a la honra en espacios de ese género. En meses recientes de 2025 y 2026, emisiones de programas de farándula acumularon cientos y, en algunos casos, miles de reclamos por tratos agresivos hacia invitados o panelistas.
Datos oficiales sobre querellas por injurias
Según cifras del Poder Judicial procesadas en informes públicos, en 2023 se registraron 1.746 ingresos por los delitos de injurias y calumnias. Solo 37 personas resultaron condenadas en primera instancia ese año. En el primer semestre de 2024 los ingresos superaron los 1.000, lo que proyectaba un volumen anual superior a los 2.000. La gran mayoría de estas causas terminan en sobreseimiento, abandono de la querella o absolución. Las condenas efectivas representan una fracción mínima.
Estos números permiten una comparación temporal concreta. Mientras el promedio anual de causas por injurias se mantiene en torno a las 1.500-2.000 en los últimos años, los casos que involucran figuras mediáticas de alto perfil suelen generar una cobertura desproporcionada respecto de su peso estadístico. La disputa entre Díaz y Rojas, con más de catorce años de antecedentes documentados, supera con creces el plazo de prescripción de un año que rige para estos delitos desde el conocimiento de la ofensa. Esa duración prolongada la diferencia de la mayoría de las querellas ordinarias, que se resuelven o abandonan en plazos mucho más cortos.
En el ámbito administrativo, el propio programa de Rojas ya enfrentó una sanción del Consejo Nacional de Televisión en 2026 por una emisión de diciembre de 2025. El organismo determinó que se abordaron aspectos de la vida privada y familiar sin interés general suficiente, afectando la honra y la integridad psíquica de las personas aludidas. La multa se aplicó al operador de la señal.
El impacto medible para el sector televisivo se expresa en dos planos. Por un lado, las multas del Consejo Nacional de Televisión oscilan entre 20 y 200 unidades tributarias mensuales, equivalentes a varios millones de pesos chilenos por caso. Por otro, el costo de una querella privada por injurias incluye honorarios legales, tiempo de preparación de pruebas y el riesgo de contraquerellas. Para los canales, la reiteración de denuncias por hostigamiento en farándula eleva la exposición a sanciones y puede condicionar la línea editorial de los programas de entretención. Los datos de denuncias del Consejo muestran que los espacios de ese tipo concentran de manera recurrente los reclamos por violencia verbal y denigración.
En el centro de este fenómeno aparece la tensión entre libertad de expresión y protección del honor. Los comunicadores de la farándula chilena operan en un formato que históricamente privilegia el comentario personal y la polémica. Al mismo tiempo, el aumento sostenido de querellas por injurias registra una mayor disposición de las personas afectadas a judicializar esos señalamientos. Un estudio sobre condiciones laborales de periodistas y comunicadoras realizado por el Observatorio de Datos y Estadísticas de Género documentó que cerca del 80 por ciento de las mujeres encuestadas había experimentado alguna forma de violencia psicológica en el ejercicio de su trabajo, incluyendo subestimación y denigración.
La decisión de Díaz de formalizar acciones después de tres años de espera introduce un elemento de cálculo estratégico. Al posponer la querella, evita la prescripción y reúne un historial más amplio de emisiones. Rojas, al declarar que se someterá a la justicia, cierra temporalmente la vía de la confrontación mediática directa y traslada el conflicto al ámbito judicial. El miércoles próximo, cuando la animadora exponga los detalles anunciados, se conocerá el alcance concreto de la acción: si se trata de una querella por injurias graves con publicidad, de una demanda civil por daño moral o de una combinación de ambas vías.
Para el espectador, el caso ilustra los límites operativos del formato de farándula en la televisión abierta y de pago. Los números del Consejo Nacional de Televisión y del Poder Judicial muestran que la sociedad chilena presenta un volumen creciente de reclamos formales contra contenidos que afectan la honra. Ese dato objetivo condiciona tanto la producción de programas como la estrategia de defensa de quienes aparecen en ellos. La resolución que adopten los tribunales o el propio Consejo en este expediente contribuirá a definir, de manera concreta, el margen de tolerancia que el sistema jurídico asigna a los juicios de valor reiterados sobre la vida privada de figuras públicas.
El desenlace del proceso entre Pamela Díaz y Sergio Rojas se conocerá en los próximos meses. Mientras tanto, los registros oficiales de denuncias y querellas ofrecen un marco verificable para evaluar el peso real de este tipo de conflictos más allá de la cobertura mediática inmediata.
