Irmina Herrera
La Contraloría General de la República de Chile ha hecho público un preocupante informe donde se evidencia la presencia de 13.286 funcionarios públicos que ingresaron a casinos durante el periodo 2023-2024, mientras estaban disfrutando de licencias médicas. Este escándalo, que se suma a otras investigaciones sobre el uso de este beneficio, plantea serias preguntas sobre la integridad del sistema y la responsabilidad de las entidades públicas.
Para llegar a esta cifra, la Contraloría realizó un cruce de datos con la Superintendencia de Seguridad Social. Durante el mismo periodo, se emitieron 5.235.890 licencias médicas para servidores públicos. A su vez, la Superintendencia de Casinos reportó un total de 218.372 ingresos de funcionarios del Estado a estos locales, lo que pone en evidencia una grave distorsión en el uso de las licencias médicas.
El informe destaca que, de los 13.286 funcionarios involucrados, se registraron un total de 14.599 licencias médicas. Sorprendentemente, 1.486 de estos funcionarios ya habían sido identificados en un informe anterior de mayo pasado, donde se señalaba que habían viajado fuera del país mientras estaban de licencia.
La investigación de la Contraloría indica que, debido al mal uso de estas licencias, se contabilizaron 14.923 asistencias a casinos. Las regiones que concentraron el mayor número de visitas fueron O'Higgins, Biobío y Valparaíso. En O'Higgins ocurrieron 3.376 registros (23% del total), en Biobío 2.180 (15%), mientras que Valparaíso experimentó 2.162 ingresos (14%).
El análisis también arroja luz sobre las entidades que más licencias médicas han emitido. Las municipalidades lideran la lista con un 30%, seguidas de hospitales y servicios de salud con un 29%. Dentro de los servicios más afectados destacan:
Ante los hallazgos, la Contraloría ha decidido notificar a cada una de las instituciones implicadas para que se inicien los procedimientos disciplinarios correspondientes. En paralelo, toda la información recopilada será enviada a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO). “Estas acciones buscan asegurar que se tomen las medidas adecuadas dentro del marco legal”, expresó la Contraloría.
La situación evidencia un problema de ética pública y manejo de recursos en el sector estatal. Este tipo de comportamiento no solo erosionan la confianza en las instituciones públicas, sino que también desvirtúan el verdadero propósito de las licencias médicas. Las autoridades deben trabajar cohesivamente para garantizar que los recursos sean utilizados de manera adecuada y responsable.
La revelación de que más de 13 mil funcionarios públicos abusaron del sistema de licencias médicas al asistir a casinos es un llamado urgente a la introspección y la reforma dentro del sistema de salud y las instituciones administrativas en Chile. Este problema debe ser abordado con firmeza para restaurar la confianza pública y garantizar que las licencias se utilicen conforme a su propósito original.
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