Christian Slater E.
Señor Director:
El aumento de los combustibles no solo representa un problema económico, sino que revela una importante cuestión ética: ¿cómo debe el Estado equilibrar su necesidad de recaudar con su deber de no sobrecargar a los ciudadanos en tiempos de crisis?
Sin ser economista, creo que hay momentos en que es esencial plantear preguntas críticas que, más allá de lo técnico, repercuten en la vida cotidiana de las personas. El aumento sostenido de los combustibles es uno de esos casos: afecta el transporte, la alimentación y, en última instancia, el costo de vida. Como ciudadano comprometido con el Bien Común, es legítimo cuestionar si las herramientas actuales del Estado son suficientes y justas. Toda política pública, más allá de su diseño técnico, debe evaluarse bajo el criterio de justicia.
En Chile, cada vez que suben los precios de los combustibles, la respuesta institucional se centra en el MEPCO, un mecanismo que busca amortiguar estas alzas. Aunque cumple una función, lo hace dentro de un marco que no aborda el problema de fondo, limitándose a administrar el impacto sin corregirlo. A medida que el costo de vida aumenta, esta gestión se vuelve insuficiente para millones de personas. Además, su velocidad de ajuste no siempre se alinea con las alzas internacionales, lo que abre la puerta a potenciales mejoras en su funcionamiento.
Es importante recordar que el impuesto específico a los combustibles no siempre existió. Se creó como medida de emergencia y se transformó en una fuente permanente de financiamiento estatal. Lo que nació como transitorio se volvió estructural. Aunque esta permanencia pueda justificarse desde un análisis técnico o fiscal, la pregunta ética persiste: ¿es correcto mantener un impuesto de origen excepcional que impacta directamente en el costo de vida de la población?
Plantear la eliminación total del impuesto puede parecer una solución obvia, pero también conlleva serios riesgos, especialmente en términos fiscales. Limitarnos exclusivamente al MEPCO tampoco parece suficiente en escenarios de alzas prolongadas. Por lo tanto, es sensato explorar alternativas que combinen herramientas existentes, como una rebaja parcial y temporal del impuesto específico, junto con un MEPCO más ágil. Esto generaría un alivio sin desestabilizar completamente las finanzas públicas.
Incluso, podríamos imaginar mecanismos innovadores que reconozcan el sobrecosto como un esfuerzo transitorio que el Estado deba considerar en el tiempo. Sin embargo, las dificultades prácticas de implementación hacen que esta idea sea más valiosa como planteamiento que como solución concreta: ¿cómo distribuir de manera justa las cargas en tiempos de crisis?
Desde el punto de vista institucional, la modificación del impuesto requiere una ley cuya iniciativa corresponde al Presidente de la República. Esto no es un impedimento, sino una decisión. En definitiva, el debate regresa a la esencia de la política pública, que no se agota en la eficiencia y la recaudación, sino que también debe incluir justicia, proporcionalidad y oportunidad, especialmente en contextos extraordinarios donde ciertas cargas deben ser reexaminadas.
La pregunta, entonces, no es solo cuánto recauda el Estado, sino cómo lo hace y en qué circunstancias. Cuando una política se percibe como injusta, también pierde su legitimidad.
Christian Slater E.
Profesor de Ética | Analista Estratégico
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