Elena Carvajal Gorosábel
En el vasto y brillante Salar de Uyuni, donde el cielo se refleja en un manto de sal, las familias de Nor Lípez continúan con sus tradiciones de crianza de llamas y cultivo de quinua. Sin embargo, bajo esta costra blanca se encuentra el "oro blanco": el litio, un recurso estratégico codiciado a nivel mundial para la producción de baterías eléctricas. A pesar de su potencial, la transformación del litio en bienestar real para Bolivia enfrenta serios obstáculos.
El 26 de noviembre de 2024, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) firmó un contrato histórico de servicios valorado en US$1.030 millones con el consorcio hongkonés CBC Investment Limited, que incluye a gigantes como CATL, BRUNP y CMOC. Este acuerdo tiene como objetivo establecer dos plantas en el corazón del mayor yacimiento mundial, produciendo 35.000 toneladas anuales de carbonato de litio de grado batería mediante tecnología de extracción directa de salmuera (EDL). El Estado mantendría el 51% de control y el socio asiático aportaría en ingeniería y operación durante entre 36 y 42 años.
Dieciocho meses después, el proyecto sigue paralizado. Una jueza agroambiental ordenó en 2025 la suspensión de su tratamiento legislativo y cualquier avance administrativo, exigiendo estudios de impacto ambiental y consultas con las comunidades afectadas. Esta medida, impulsada por la Defensoría del Pueblo, sigue activa en mayo de 2026.
En el Congreso, el tema se transformó en una arena de debate. Opositores, como el Comité Cívico de Potosí (COMCIPO) y ciertas facciones del MAS, critican la falta de transparencia y los supuestos perjuicios al departamento más pobre de Bolivia. Con la llegada del nuevo gobierno de Rodrigo Paz a finales de 2025, se discute una nueva ley marco del litio que busca regular el sector y revisar los contratos existentes para fomentar una mayor inversión privada. YLB ha afirmado que ajustará sus acuerdos según lo estipulado por esta normativa.
Donny Alí, representante de las comunidades originarias de Nor Lípez, manifiesta: "Buscamos desarrollo, pero no a cualquier precio. Sin información clara ni respeto a nuestro territorio, perforar pozos y extraer agua en esta zona árida puede afectar nuestros pastizales y dañar el turismo." Expertos advierten que, aunque la EDL utiliza menos agua que métodos anteriores, el delicado ecosistema de 10.000 km² enfrenta serios riesgos de salinización y pérdida de microcuencas.
Desde el gobierno, se argumenta que el modelo propuesto preserva la soberanía y evita la simple exportación de materia prima. Bolivia posee las mayores reservas de litio del mundo, con cerca de 23 millones de toneladas, la mayoría en Uyuni. El contrato promete transferencia tecnológica y creación de empleos calificados, justo cuando la demanda global de baterías está en auge.
Aun así, analistas y legisladores críticos señalan preocupaciones sobre costos elevados, cláusulas restrictivas en los contratos y la falta de una regulación integral. En febrero de 2026, YLB informó que los contratos existentes quedarían sujetos a la futura legislación.
Por ahora, la producción nacional de litio se mantiene en niveles mínimos: la planta piloto apenas alcanza un 15% de su capacidad y aún no figura en los registros internacionales de exportaciones significativas. El Salar continúa siendo un testigo mudo de una encrucijada crucial: cómo extraer riqueza subterránea sin comprometer el frágil equilibrio ambiental y respetando el derecho de las familias altiplánicas a decidir su futuro.
A 2 de mayo de 2026, el pacto con China sigue sin avances en la construcción. El Congreso prosigue su debate sobre la ley marco y posibles renegociaciones. Potosí espera respuestas concretas. El mundo observa, mientras las comunidades locales continúan mirando hacia el horizonte blanco, cuestionándose si esta vez el litio realmente transformará sus vidas o si, nuevamente, se convertirá en una promesa incumplida.
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