La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, expuso este lunes ante la Comisión de Futuro y Ciencia de la Cámara que el 14% de los 11.340 beneficiarios de Becas Chile incumplió las condiciones de retorno y permanencia. La deuda alcanza $92 mil millones y el Estado solo ha recuperado el 7,3%.
Radiografía de un programa con 18 años de trayectoria
Desde 2008 el Estado ha entregado 12.589 becas a 11.340 personas para magíster, doctorado y postdoctorado, principalmente en el extranjero. La obligación central es clara: terminar los estudios, regresar dentro del plazo fijado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) e instalarse en Chile por un tiempo equivalente a la duración de la formación. Si el becario se queda en la Región Metropolitana, ese periodo se duplica.
El análisis presentado por Lincolao muestra que 1.666 personas ya tienen resolución de incumplimiento. De ellas, el 52% corresponde a doctorados y el 37% a magísteres. La recuperación efectiva suma poco más de $5 mil millones. Por la vía judicial se han obtenido apenas $78 millones, mientras 379 casos siguen en tribunales por un monto estimado de $15 mil millones.
Quiénes son y de dónde vienen
La procedencia geográfica de los becarios concentra el peso en comunas de altos ingresos de la capital. Santiago aporta el 7,8%, Las Condes el 6,9%, Providencia el 6,8%, Vitacura el 4,2% y Ñuñoa el 3,3%. El patrón se repite en quienes acumularon más de un beneficio: hay casos de personas con dos becas donde el incumplimiento llega al 17,6%. Treinta y un beneficiarios recibieron tres becas; tres de ellos no retribuyeron y cada uno representa un costo cercano a $200 millones para el fisco.
El costo unitario no es menor. Financiar un magíster seguido de un doctorado puede elevar la inversión por persona desde $53,8 millones hasta $122,7 millones, sin contar los gastos administrativos ni el seguimiento que, en algunos casos, se extiende por 24 años o más.
Mecanismos de cobro y el riesgo futuro
Una vez notificados, los deudores tienen tres caminos: pagar el total por transferencia, firmar un convenio de cuotas o enfrentar un juicio. Hasta ahora la vía administrativa ha movido la mayor parte de los $5 mil millones recuperados. La experiencia con el Crédito con Aval del Estado muestra que el Estado está dispuesto a endurecer la cobranza cuando detecta recursos públicos sin retorno.
El problema no se limita al stock actual. Existen 6.348 becas vigentes cuyas obligaciones vencen entre 2026 y 2042. La directora de la ANID y la propia ministra advirtieron un riesgo potencial de otros $480 mil millones si la tendencia de incumplimiento no se detiene. Esa cifra equivale a varias veces el presupuesto anual de varios programas de investigación nacionales.
Ajustes, no recortes
Lincolao descartó una rebaja presupuestaria. El mensaje oficial es de optimización. El Ministerio propone establecer áreas prioritarias con demanda laboral real —minería, ciberseguridad y agricultura fueron los ejemplos citados—, medir la movilidad socioeconómica exigiendo la comuna de residencia en las postulaciones y fortalecer las becas en universidades chilenas con más cupos. También se evalúa, junto al Ministerio de Educación, abrir la puerta a egresados de centros de formación técnica.
Los magísteres, doctorados y postdoctorados en el extranjero se mantendrán, pero concentrados en sectores estratégicos. La idea es alinear la formación con necesidades regionales y evitar que el capital humano avanzado se concentre otra vez en la capital. La modernización de sistemas de control e interoperabilidad aparece como el componente técnico indispensable para que el seguimiento deje de ser un proceso manual y lento.
Lo que revelan los números
El 14% de incumplimiento y la recuperación de solo el 7,3% dibujan un programa que durante años privilegió la entrega de recursos sobre el control posterior. La concentración de beneficiarios en comunas de altos ingresos refuerza la pregunta sobre el impacto redistributivo real. Si el Estado invierte cientos de millones por persona y una fracción significativa no regresa ni retribuye, el costo de oportunidad recae sobre quienes nunca accedieron a esas oportunidades.
La presentación ante la Cámara ocurre en un momento en que el Ejecutivo ya activó mecanismos de cobro agresivos en otras deudas educativas. La diferencia es que aquí se trata de capital humano altamente calificado, con títulos de universidades extranjeras y, en muchos casos, trayectorias laborales consolidadas fuera de Chile. Localizarlos y ejecutar cobros judiciales toma tiempo y recursos que el propio Estado reconoce limitados.
Los $92 mil millones adeudados no son una cifra abstracta. Representan recursos que dejaron de financiar investigación, infraestructura científica o formación de nuevos investigadores dentro del país. Con 6.348 becas todavía en curso y un horizonte de casi dos décadas, el margen de error se reduce. La fiscalización anunciada y los ajustes propuestos serán, en los hechos, la prueba de si el programa puede corregir su trayectoria o si el forado seguirá creciendo.
