Victor Manuel Arce Garcia
La destitución de la senadora Isabel Allende Bussi por el Tribunal Constitucional el pasado 3 de abril de 2025 ha sacudido los cimientos del Partido Socialista (PS) y del gobierno de Gabriel Boric, revelando una crisis que trasciende lo legal y se adentra en lo simbólico y político. Lo que comenzó como una noble intención —convertir la casa de Salvador Allende en un museo para honrar su legado— terminó en un fiasco que ha manchado el apellido más icónico de la izquierda chilena y puesto en jaque la credibilidad de un presidente que prometió ser su heredero.
El fallo del TC, aprobado por ocho votos contra dos, encontró a Allende culpable de infringir la Constitución al participar en la fallida compraventa de la propiedad familiar al Estado, un proyecto impulsado personalmente por Boric. La senadora, con 31 años de trayectoria intachable, no solo pierde su escaño, sino que carga con la humillación de ser la primera parlamentaria destituida por este mecanismo. A esto se suma la salida de su sobrina, Maya Fernández, del Ministerio de Defensa en marzo, también vinculada al mismo escándalo. La familia Allende, emblema del socialismo chileno, ha sido arrastrada al lodo por una gestión torpe que el PS percibe como una puñalada por la espalda.
Dentro del Partido Socialista, la molestia es palpable. Senadores como Fidel Espinoza han apuntado directamente a Boric, acusándolo de “errores garrafales” que han dañado irreparablemente el legado de Allende. Paulina Vodanovic, presidenta del PS y senadora, se ha limitado a anuncios formales, pero fuentes internas revelan su profundo dolor y frustración. “Esto no solo nos debilita como partido, sino que nos deja expuestos ante una derecha que celebra nuestra caída”, habría confidenciado a cercanos. El sentimiento de traición se agrava porque el gobierno, en lugar de proteger a sus aliados, parece haberlos abandonado a su suerte.
Álvaro Elizalde, actual ministro de Interior y hoy Vicepresidente de Chile, emerges como el hombre que deberá “poner el pecho a las balas” en lo que resta del mandato. Su rol como jefe de gabinete ministerial lo coloca en la primera línea de fuego para contener el desgaste político, que ya se refleja en las críticas internas y en la pérdida de confianza de la base socialista. Elizalde ha intentado suavizar el golpe, calificando la destitución como un “precedente grave” y defendiendo la buena fe de Allende, pero sus palabras suenan huecas ante un partido que siente que el gobierno les dio la espalda en el momento más crítico.
El costo político para Boric es innegable. En un año que ya se proyectaba complejo, con tensiones económicas y una oposición fortalecida, este episodio lo posiciona como el “sepulturero” del legado de Allende, una ironía cruel para alguien que llegó al poder invocando su figura.
La derecha, liderada por el Partido Republicano y Chile Vamos, capitaliza el momento, celebrando el fallo como una victoria moral y legal. Mientras tanto, el Frente Amplio, pilar del gobierno, queda en una posición incómoda: dos de sus ministras en el TC, Daniela Marzi y Nancy Yáñez, votaron a favor de la destitución, alimentando las sospechas de deslealtad entre los socialistas.
El año que resta será un calvario para Boric. Con Vodanovic herida y Elizalde bajo fuego, el gobierno deberá sortear un campo minado donde cada decisión podría agravar la fractura con su aliado histórico. La derecha, oliendo sangre, ya prepara su ofensiva para las próximas elecciones, mientras el PS evalúa si seguir respaldando a un líder que, en su afán de honrar a Allende, terminó cavando su propia tumba política. La izquierda chilena, una vez más, se mira al espejo y encuentra un reflejo roto, preguntándose si aún hay tiempo para salvar lo que queda de su alma.
La izquierda chilena, una vez más, se encuentra mirando sus propias ruinas, preguntándose cómo reconstruir sobre los escombros de una promesa rota.
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