El dinero per se no es malo, pero en este mundo mercantilista los excesos son la norma. Donald Trump, con su astucia de negociante oportunista, lo ejemplifica con la "Golden Visa": por 5 millones de dólares, millonarios extranjeros aseguran residencia permanente y trabajo en EE.UU., con la ironía de que la tarjeta llevará su propia imagen, un detalle casi risible. Bloomberg explica que busca apuntalar una economía lastrada por una deuda pública que excede el 100% del PIB, acompañada de aranceles que van del 10% al 34% para las exportaciones hacia EE.UU. The Wall Street Journal advierte que esta política, lejos de fortalecer el libre comercio, lo socava con un proteccionismo encubierto. Chile, favorecido con tarifas mínimas y exenciones para el cobre y la madera, esquiva lo peor, pero el supuesto equilibrio fiscal de Trump sigue siendo una promesa difusa.
En nuestro país, el gobierno tropezó al intentar adquirir la casa de Salvador Allende por $933 millones, donde reside su hija, la senadora Isabel Allende, pese a un avalúo fiscal de $512.832.711 desde enero pasado. Desde un inicio sugerí que lo sensato –y legal– era que ella y la exministra de Defensa, Maya Fernández, dueñas del inmueble, lo cedieran en comodato al Estado, vía Bienes Nacionales, transformándolo en museo para honrar al presidente mártir sin despilfarrar fondos públicos. Sin embargo, El Mostrador detalló que el precio original de $800 millones, objetado por el abogado Felipe Vio –pariente de las vendedoras–, alimentó sospechas de un negocio turbio. El Tribunal Constitucional (TC) intervino, con un fallo aún sin texto público, que dejó a Isabel sin Senado y a Fernández fuera del gabinete por decisión de Boric.
Es inadmisible que el Partido Socialista ataque al Frente Amplio por la resolución del TC (8 a 2), pues esta institución, autónoma y colegiada, solo cumplió su rol. Así, Isabel Allende permanecerá en la casa de Guardia Vieja, Providencia, desprovista de cualquier escudo patrimonial.
En otro ámbito, venimos alertando hace tiempo sobre el proyecto "Egaña-Comunidad Sustentable" en Ñuñoa: cuatro torres de 32 pisos cada una, con una inversión de US$300 millones, erigidas sobre una ilegalidad flagrante. Su permiso de edificación, otorgado por un director de obras interino, carece de un Estudio de Conos de Sombra riguroso. Radio Bío Bío informó que, tras una contundente protesta ciudadana, el 2° Tribunal Ambiental anuló parcialmente la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) el 26 de noviembre de 2021, exigiendo evaluar mejor los efectos de sombra y refractación. Pese a ello, la municipalidad y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) han hecho caso omiso. La fundación Defendamos la Ciudad, junto a expertos como Rodolfo Acha y Víctor Manuel González, ha llevado el caso a la Seremi del Minvu, Carolina Casanova, aunque el perjuicio a los vecinos parece ya inevitable.
El dinero manda, sin duda, pero su dominio pone en jaque la integridad de nuestras sociedades. Trump comercia con visas, el legado de Allende se enloda en transacciones dudosas y los habitantes de Ñuñoa padecen un desarrollo mal concebido. La pregunta persiste: ¿hasta cuándo toleraremos que el lucro aplaste lo que es justo?
Por Patricio Herman
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