The Times Latino
SANTIAGO, Chile — La reciente destitución de la senadora Isabel Allende (PS) por el Tribunal Constitucional (TC), debido a un contrato con el Estado para vender la casa de su padre, ha abierto una caja de Pandora en el Congreso chileno. Según un análisis publicado por The Clinic, otros cinco parlamentarios podrían enfrentar la misma suerte por haber mantenido acuerdos financieros con organismos públicos, lo que contravendría las normas de probidad establecidas en la Constitución. Los legisladores señalados son Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Juan Castro Prieto (Partido Social Cristiano), Fidel Espinoza (PS), Ximena Ossandón (RN) y Jaime Mulet (FRVS).
El caso de Isabel Allende ha sentado un precedente que podría tener un impacto significativo en el panorama político chileno. Según The Clinic, Luciano Cruz-Coke, senador de Evópoli, arrendaba una propiedad a la Junji por $4 millones mensuales hasta 2020, en un acuerdo que comenzó en 2015, antes de asumir su cargo. Juan Castro Prieto, también senador, habría participado en una red de sociedades vinculadas a la Constructora Indemma, que obtuvo más de $3.000 millones en contratos con organismos públicos. Por su parte, Fidel Espinoza, senador del Partido Socialista, figuraba hasta 2018 como socio de Difusora Fresia Limitada, una empresa que recibió $14 millones de municipalidades de la región de Los Lagos.
En el caso de los diputados, Jaime Mulet (FRVS) dejó la empresa Rodríguez y Compañía Limitada un mes después de asumir su cargo, pero esta firma obtuvo cerca de $2 millones en beneficios de municipalidades y servicios públicos por la explotación de una radio en Vallenar. Aunque Mulet se retiró, su esposa Flavia Torrealba quedó como contralora, lo que podría ser objeto de escrutinio. Finalmente, Ximena Ossandón (RN) participa en una sociedad que es accionista de Cumplo Chile Spa, una fintech que otorga financiamiento a pymes con dificultades para acceder a créditos bancarios. Desde que Ossandón figura como socia, la empresa ha recibido más de $28.000 millones desde la Tesorería General de la República y Corfo, fondos que quedaron en garantía por préstamos realizados por Cumplo Chile a numerosas empresas.
El artículo 60 de la Constitución de Chile prohíbe a los parlamentarios celebrar o caucionar contratos con el Estado, una norma destinada a garantizar la independencia y probidad de los legisladores. La destitución de Allende ha puesto bajo la lupa a estos parlamentarios, y según The Clinic, el Tribunal Constitucional podría recibir nuevos requerimientos para investigar estos casos. Sin embargo, el fallo contra Allende aún no ha sido publicado oficialmente, lo que ha generado especulaciones sobre si el TC podría dar marcha atrás en su decisión, un escenario que algunos analistas consideran improbable pero no descartable.
La situación ha generado un fuerte debate en redes sociales, donde usuarios han expresado su indignación y exigen justicia. En X, se ha viralizado el hashtag #NadieDiceNada, con comentarios que piden coherencia en la aplicación de la ley: "Si cayó Isabel Allende, estos parlamentarios también deben ser removidos", es el sentir generalizado entre los internautas.
El escándalo que sacude al Congreso chileno pone en evidencia las tensiones entre la legalidad, la ética y los intereses económicos en la política del país. La destitución de Isabel Allende por el Tribunal Constitucional, aunque aún no oficial, ha desatado una ola de cuestionamientos que podría reconfigurar el equilibrio de poder en el Parlamento. Los casos de Luciano Cruz-Coke, Juan Castro, Fidel Espinoza, Ximena Ossandón y Jaime Mulet, aunque diferentes en sus detalles, comparten un denominador común: la aparente contradicción entre el rol de un parlamentario como fiscalizador del Estado y su participación en negocios que se benefician de fondos públicos.
El caso de Ximena Ossandón es particularmente llamativo. Su vínculo con Cumplo Chile Spa, una fintech que ha recibido más de $28.000 millones desde la Tesorería General de la República y Corfo, plantea preguntas sobre el alcance de las normas de probidad. Aunque la empresa se dedica a financiar pymes—un sector históricamente desatendido por la banca tradicional—, el hecho de que Ossandón sea accionista de una sociedad que se beneficia de estos fondos podría interpretarse como un conflicto de interés. Sin embargo, también cabe preguntarse si su participación en la empresa es activa o meramente nominal, y si los fondos recibidos por Cumplo Chile Spa son parte de un mecanismo legítimo de garantías para préstamos, como lo sugiere el contexto
Luciano Cruz-Coke, por ejemplo, dejó de arrendar su propiedad a la Junji en 2020, lo que podría eximirlo de responsabilidad si se considera que el contrato no se mantuvo durante su mandato. Sin embargo, el hecho de que el acuerdo comenzara antes de asumir su cargo no elimina la percepción de un conflicto ético. En el caso de Fidel Espinoza, su retiro de Difusora Fresia Limitada en 2018 podría ser visto como un intento de corregir un "error de inscripción", como él mismo afirmó, pero la recepción de $14 millones por parte de la empresa mientras era socio sigue siendo un punto de controversia.
El impacto de este escándalo trasciende los casos individuales. En un momento en que la confianza en las instituciones chilenas está en entredicho—recordemos las protestas de 2019 y la posterior crisis de legitimidad del sistema político—, estas revelaciones alimentan la percepción de que los parlamentarios priorizan intereses personales sobre el bien común. El Tribunal Constitucional, al tomar una decisión sobre estos casos, no solo definirá el futuro de los legisladores involucrados, sino que también sentará un precedente sobre cómo se interpreta la probidad en la política chilena.
Por otro lado, el debate también pone en cuestión la rigidez de las normas actuales. Si bien la prohibición de contratos con el Estado busca evitar conflictos de interés, algunos podrían argumentar que no todos los acuerdos señalados tienen la misma gravedad. Por ejemplo, el caso de Mulet, donde su esposa asumió un rol en la empresa tras su retiro, podría ser visto como una maniobra para eludir la ley, pero también como una consecuencia de la falta de claridad en las regulaciones sobre los vínculos familiares de los parlamentarios. Esto sugiere que, más allá de las destituciones, Chile necesita una reforma más profunda para modernizar las normas de probidad y adaptarlas a la complejidad de las relaciones económicas actuales
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En el corto plazo, el desenlace de este escándalo dependerá de la postura del Tribunal Constitucional. Si decide avanzar con más destituciones, el Congreso podría enfrentar una reconfiguración significativa, especialmente en un año electoral como 2025. Sin embargo, si el TC opta por una interpretación más laxa o revierte el fallo contra Allende, podría enviar un mensaje de impunidad que profundice aún más la desconfianza ciudadana. En cualquier caso, este episodio es un recordatorio de que la política chilena sigue lidiando con las sombras de su propia historia, donde los privilegios y las redes de poder han sido, durante demasiado tiempo, la norma.
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