The Times Latino
Santiago, Chile – En la capital chilena, ha surgido una seria acusación de discriminación y falta de accesibilidad en el Metro de Santiago que ha causado indignación. Josefa Farías, una docente de biología que utiliza una silla de ruedas, compartió en redes sociales su experiencia del sábado 12 de abril de 2025, donde se vio obligada a arrastrarse por las escaleras en las estaciones Parque Almagro y Escuela Militar al no poder utilizar los ascensores. Desde The Times en Español, se ha examinado este incidente que resalta las deficiencias en la inclusión del transporte público y las implicaciones políticas de un sistema que no asegura los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.
Residente de la Región Metropolitana, Josefa Farías conmovió a sus seguidores el domingo 13 de abril al relatar un día lleno de obstáculos en el Metro. En Parque Almagro, se encontró con un ascensor fuera de servicio durante tres horas, según confirmó la compañía. En cuanto a la estación de Escuela Militar, aunque los ascensores internos funcionaban, uno externo operado por la empresa Subcentro no estaba disponible, dejándola sin alternativas para salir.
De manera muy afectada, Farías compartió: "Es denigrante, sí. Quedé toda magullada, me golpeé una mano y estoy temblando por la situación". También denunció la falta de asistencia por parte del personal del Metro, expresando su molestia por tener que luchar para poder utilizar el servicio y solicitar ayuda, resaltando la realidad que enfrentan muchas personas con movilidad reducida: "No buscamos privilegios, exigimos acceso". El impacto físico y emocional fue evidente, con lesiones físicas y una profunda frustración al tener que arrastrarse por las escaleras, una experiencia que consideró una afrenta a su dignidad. Su denuncia se viralizó rápidamente, generando críticas hacia el Metro y reabriendo el debate sobre la accesibilidad universal en el transporte público en Chile.
El Metro de Santiago emitió un comunicado el domingo, lamentando lo sucedido y pidiendo disculpas a Farías. Reconocieron que en Parque Almagro, uno de los tres ascensores estuvo fuera de servicio de 10:30 a 13:30 horas, coincidiendo con el intento de la profesora por usar la estación. En Escuela Militar, informaron que los dos ascensores internos estaban operativos, pero el acceso externo dependía de Subcentro, una empresa tercera, con la cual estaban coordinando para evitar futuros problemas.
La empresa contactó a Farías para conocer su experiencia y revisar el cumplimiento de los protocolos de asistencia a personas con movilidad reducida, pero no detalló medidas concretas para evitar situaciones similares, lo que fue interpretado como una respuesta poco contundente dada la gravedad del caso.
The Times en Español considera que la situación de Josefa Farías no es un hecho aislado, sino un reflejo de las deficiencias estructurales en accesibilidad del Metro de Santiago. A pesar de los esfuerzos por modernizar estaciones y cumplir normativas de inclusión, persisten problemas como ascensores fuera de servicio, falta de mantenimiento y capacitación insuficiente del personal para asistir a personas con discapacidad. La dependencia de terceros, como Subcentro en Escuela Militar, muestra una fragmentación en la gestión que pone en riesgo los derechos de los usuarios.
Políticamente, este caso desafía al gobierno de Gabriel Boric, cuya agenda progresista busca promover la igualdad y los derechos humanos. Aunque la Ley 20.422 establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, la experiencia de Farías revela deficiencias en la implementación. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones está bajo presión para fiscalizar al Metro y exigir un plan de acción claro, especialmente en un momento donde la sociedad demanda avances concretos en inclusión.
La situación también impacta en regiones como Tarapacá, donde el transporte público enfrenta desafíos similares. En Iquique, por ejemplo, los buses y taxis colectivos carecen de adaptaciones suficientes para personas con movilidad reducida, lo que refuerza la percepción de un sistema nacional que no prioriza la accesibilidad. El contraste con el caso de maltrato infantil en Iquique resalta una crisis más amplia: la vulneración de derechos de los sectores más vulnerables.
El testimonio de Josefa Farías recalca la importancia de pasar de las palabras a la acción en materia de inclusión. Metro de Santiago debe comprometerse con auditorías exhaustivas a los ascensores, protocolos de asistencia mejorados y sanciones a las empresas asociadas que incumplen los estándares. A nivel político, el gobierno tiene la oportunidad de liderar una reforma que posicione a Chile como referente en accesibilidad, pero esto requiere voluntad y recursos. Desde The Times en Español, instamos a las autoridades y a la sociedad a no normalizar estas injusticias y a garantizar el respeto por los derechos de todos los chilenos.
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