The Times Latino
Lima, 18 de abril de 2025 – La libertad de prensa en Perú enfrenta una seria amenaza tras la aprobación en primera votación de un proyecto de ley que endurece las sanciones por difamación periodística. La iniciativa, que espera su segunda votación en el Congreso, ha sido calificada como "Ley Mordaza" por organizaciones defensoras de la libertad de expresión, que advierten sobre sus graves consecuencias para el ejercicio del periodismo y el derecho de la ciudadanía a estar informada.
Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), expresó su preocupación en diálogo con la Agencia Sputnik: "Esta ley es grave no solo porque está a punto de ser aprobada, sino porque eleva las penas por difamación. Un periodista ya no tendría que reportarse periódicamente a un juez, como ocurre ahora, sino que enfrentaría prisión directa". La normativa propone penas de hasta cinco años de cárcel, un salto significativo respecto a la legislación actual, que no contempla privación de libertad para estos casos.
El proyecto, aprobado en marzo por el pleno del Congreso, ha generado suspicacias debido al historial del actual legislativo. Según Lainez, en los últimos dos años, el Congreso ha presentado, en promedio, un proyecto de ley cada 60 días que afecta las libertades informativas. Esta frecuencia sugiere, para la ANP, un intento sistemático de restringir el trabajo periodístico, especialmente en un contexto donde investigaciones de la prensa han destapado escándalos que involucran a altos funcionarios, incluida la presidenta Dina Boluarte. Indico el periodista Sergio Llerena Caballero de la Agencia Sputnik
Un aspecto particularmente alarmante de la iniciativa es la incorporación del derecho a la intimidad como parte de los delitos de difamación. Lainez advierte que esto podría ser usado de manera arbitraria por figuras públicas para silenciar a la prensa. "En este país, la intimidad está protegida constitucionalmente. Con esta ley, alguien como la presidenta Boluarte podría alegar que se la difama por hablar de sus cirugías o su salud", explica. Este punto cobra relevancia tras las investigaciones periodísticas que revelaron en 2023 presuntas cirugías estéticas de Boluarte, lo que derivó en una pesquisa fiscal por abandono indebido del cargo.
Organizaciones como la Federación de Periodistas del Perú y la Sociedad Interamericana de Prensa han manifestado su rechazo al proyecto, argumentando que la intimidad de funcionarios públicos, cuando está vinculada a asuntos de interés general, no debería ser un escudo para evitar el escrutinio periodístico. La prensa, señalan, desempeña un rol fundamental en la fiscalización del poder, y leyes como esta podrían coartar esa función.
Otro elemento crítico del proyecto es la reducción del plazo para que los medios respondan a solicitudes de rectificación, pasando de siete días a solo 24 horas. Este cambio, según Lainez, compromete el debido proceso y la capacidad de los medios para verificar la información antes de emitir una rectificación. "En un día, es casi imposible corroborar si una información es inexacta. Nos están obligando a publicar cartas de rectificación para evitar problemas legales", afirma.
La presidenta de la ANP también destaca el impacto de los procesos judiciales en los periodistas peruanos. Según datos de la organización, entre 30 y 35 periodistas son llevados a tribunales cada año por su trabajo. Aunque el 80% de estos casos terminan en absolución, los procesos, que suelen durar unos cuatro años, representan una forma de castigo en sí mismos. "El proceso judicial es la sanción", subraya Lainez, señalando el desgaste emocional, económico y profesional que enfrentan los reporteros.
El proyecto de ley llega en un momento de alta polarización en Perú, donde el Congreso y el Ejecutivo han sido cuestionados por su manejo de la crisis política y social. La prensa ha jugado un rol clave en exponer casos de corrupción y abuso de poder, lo que podría explicar el interés de ciertos sectores en limitar su alcance. La "Ley Mordaza" se suma a otras iniciativas legislativas que han buscado restringir derechos fundamentales, generando un clima de preocupación entre defensores de la democracia.
La segunda votación del proyecto ya está en la agenda del pleno del Congreso, lo que significa que podría convertirse en ley en las próximas semanas. De aprobarse, Perú se uniría a un grupo de países en la región que han implementado medidas para restringir la libertad de prensa, un retroceso que contrasta con los estándares internacionales de derechos humanos.
La "Ley Mordaza" representa una amenaza directa no solo para los periodistas, sino para el derecho de la sociedad peruana a estar informada. Al imponer penas de prisión y plazos irracionales para rectificaciones, el proyecto busca intimidar a la prensa y disuadirla de investigar temas sensibles, especialmente aquellos que involucran a figuras poderosas. Este tipo de legislación, lejos de proteger el honor de los ciudadanos, parece diseñada para proteger los intereses de una élite política que teme el escrutinio.
El caso de Perú no es aislado. En América Latina, hemos visto cómo gobiernos y legislaturas han recurrido a leyes de difamación para silenciar voces críticas, desde Venezuela hasta Nicaragua. Sin embargo, el contexto peruano es particularmente preocupante debido a la fragilidad de sus instituciones democráticas, que han enfrentado crisis recurrentes en los últimos años. Una prensa libre es un pilar esencial para la rendición de cuentas, y cualquier intento de restringirla debe ser visto como un ataque a la democracia misma.
The Times en español urge a la comunidad internacional, incluidas organizaciones como la ONU y la OEA, a pronunciarse sobre este proyecto y a presionar al Congreso peruano para que lo archive. Asimismo, hacemos un llamado a la ciudadanía a apoyar a los periodistas y a defender su derecho a la información. La lucha por la libertad de prensa en Perú es, en última instancia, una lucha por la verdad y la justicia.
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