The Times Latino
Santiago, Chile El Partido Nacional Libertario, liderado por Johannes Kaiser, lanzó una contundente declaración este sábado tras la remoción del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, del caso ProCultura, uno de los escándalos más importantes que sacuden al oficialismo chileno. La decisión del fiscal nacional, Ángel Valencia, ha desencadenado una ola de críticas por parte de la oposición, que acusa al gobierno de Gabriel Boric de ejercer presiones políticas para obstruir la justicia.
El caso ProCultura investiga a la Fundación ProCultura, encabezada por el psiquiatra Alberto Larraín, por presuntos delitos de fraude al fisco, lavado de activos y tráfico de influencias relacionados con convenios por cerca de 6.000 millones de pesos (aproximadamente 6,3 millones de dólares) suscritos con organismos públicos en siete regiones de Chile. Esta fundación, que operó entre 2009 y 2023, tiene vínculos con figuras clave del Frente Amplio y el Partido Comunista, incluyendo al gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, y al diputado Miguel Crispi.
La remoción de Cooper siguió un fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que declaró ilegales las interceptaciones telefónicas solicitadas por el fiscal, incluyendo una conversación entre Josefina Huneeus, la exesposa de Larraín, y el presidente Boric. Este episodio, destacado por medios como Ex-Ante y Canal 13, intensificó las críticas hacia Cooper, quien fue acusado por sectores oficialistas de actuar de manera "groseramente ilegal" y vulnerar garantías constitucionales.
En su declaración, el Partido Nacional Libertario manifestó su "profunda preocupación" por la decisión de Ángel Valencia, considerándola una "clara señal de intromisión política" destinada a "proteger a los implicados" en el caso ProCultura. "La remoción de un fiscal que ha demostrado valentía al investigar a figuras cercanas al poder es un atentado contra la transparencia y la lucha contra la corrupción en Chile", afirmó el partido.
Kaiser, precandidato presidencial y voz del partido, fue aún más contundente: "El gobierno de Boric envía un mensaje claro: quienes investiguen a sus aliados serán silenciados. Esto no es democracia, es un intento de encubrir la corrupción sistémica que rodea al Frente Amplio". El partido se aferra a su narrativa de defensa de la soberanía nacional y la libertad individual, acusando al oficialismo de socavar las instituciones.
La remoción de Cooper ha generado reacciones polarizadas. Desde el oficialismo, la bancada del Partido Socialista y el Frente Amplio celebraron la decisión, considerando las acciones del fiscal como "arbitrarias". El diputado Juan Santana (PS) destacó que Cooper "desprestigia al Ministerio Público". Por su parte, el diputado Luis Cuello (PC) exigió la renuncia de Cooper, argumentando que sus diligencias "vulneraron garantías constitucionales".
En contraste, la oposición, incluyendo a la UDI y Chile Vamos, defendió a Cooper. La bancada de la UDI, liderada por Henry Leal, había solicitado anteriormente que el fiscal fuera nombrado como persecutor exclusivo del caso, con un equipo especializado en investigar el posible financiamiento irregular de campañas políticas, incluida la de Boric. La diputada Camila Flores (RN) calificó la remoción como una "señal negativa" ante las presiones de la "extrema izquierda".
En redes sociales, usuarios como @pablolirar reflejaron el sentir de sectores opositores, afirmando: "Gobierno de mafiosos y corruptos. La presión política del gobierno de Boric pudo más. Triste noticia para la transparencia de nuestra democracia".
La reasignación del caso ProCultura a la Fiscalía Regional de Antofagasta, bajo la dirección de Juan Castro Bekios, busca "asegurar la continuidad y objetividad" de las diligencias, según el Ministerio Público. Sin embargo, analistas advierten que este cambio podría dilatar la investigación y afectar la percepción de independencia del sistema judicial.
Cooper, conocido por su labor en casos de alta relevancia como la fallida compra de la casa de Salvador Allende, enfrenta ahora un requerimiento de remoción ante la Corte Suprema, impulsado por diez diputados oficialistas. La audiencia está programada para las próximas semanas, con la ministra Mireya López a cargo.
La remoción de Patricio Cooper del caso ProCultura marca un punto de inflexión en el convulso panorama político chileno. Esta decisión no solo agudiza la polarización entre oficialismo y oposición, sino que también plantea serias interrogantes sobre la independencia judicial en Chile. Aunque la declaración del Partido Nacional Libertario se alinea con su discurso de confrontación al establishment, capitaliza un descontento creciente entre sectores que ven al gobierno de Boric incapaz de manejar las acusaciones de corrupción con transparencia.
Fuentes periodísticas como La Tercera y El Mostrador coinciden en que la remoción se origina en presiones políticas derivadas del fallo judicial que evidenció errores procesales. No obstante, la narrativa del Partido Nacional Libertario sugiere que Cooper fue un "chivo expiatorio" para proteger a figuras del oficialismo, incluyendo a Boric.
La declaración del Partido Nacional Libertario no solo critica un hecho aislado, sino que busca consolidarse como un actor disruptivo en medio de una crisis institucional. Sin embargo, su efectividad dependerá de su capacidad para convertir la indignación en apoyo electoral en un país donde la desconfianza en la política predomina.
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