En Chile, ante el progresivo debilitamiento de la conducción política del gobierno del Presidente Gabriel Boric, la Contraloría General de la República ha emergido como uno de los últimos reductos de control serio y técnico en el aparato estatal.
En las últimas semanas, la labor encabezada por la contralora General Dorothy Pérez ha sido clave para poner freno a prácticas cuestionables en diversas entidades públicas. Mientras La Moneda parece extraviarse entre declaraciones ideológicas y una preocupante falta de conducción administrativa, la Contraloría ha ejercido —con recursos limitados y sin atribuciones reforzadas— un rol fundamental en la fiscalización del uso de recursos públicos, especialmente frente a casos de fundaciones, transferencias irregulares, convenios sin justificación suficiente y sobre todo el tema de las licencias médicas fraudulentas.
Es sintomático que en medio de uno de los ciclos más bajos de credibilidad institucional del Ejecutivo, sea un órgano autónomo el que actúe con la seriedad que el país espera del conjunto del Estado. La firmeza de la contralora Pérez no sólo es destacable, sino que pone en evidencia el contraste con una administración que ha mostrado una peligrosa tolerancia frente a prácticas impropias, cuando no derechamente negligentes.
Como abogado y exgobernador de la provincia de Concepción, sostengo que la Contraloría debe dejar de ser vista como un actor incómodo y transformarse, de una vez por todas, en una institución robusta, con atribuciones suficientes para fiscalizar en tiempo real, exigir rendición de cuentas sin trabas y actuar preventivamente. No basta con celebrar su independencia: hay que fortalecerla legalmente.
Mientras el gobierno continúa atrapado en su propia retórica, la ciudadanía observa con creciente decepción. En este escenario, la Contraloría representa no sólo una herramienta institucional, sino una reserva ética imprescindible. Pero esa reserva no puede sostenerse solo en la valentía personal de sus autoridades: requiere voluntad política, reformas concretas y un compromiso transversal con la transparencia real.
Robert Contreras Reyes
Abogado y exgobernador de la provincia de Concepción
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