La que no se pudo llevar a cabo como consecuencia del alto impacto que tuvo en la opinión pública su dictamen sobre la corrupción derivada de los viajes de placer al extranjero, utilizando licencias médicas falsas, realizados por miles de funcionarios públicos. Ante tal situación, encontramos que se justificaba plenamente la postergación de la cita, informada el mismo día a nosotros por su gabinete.
Pues bien, recientemente supimos por la prensa que la Contraloría había detectado innumerables malas prácticas en la denominada Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente (AMZO), conformada por las "ilustres" municipalidades de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, organismo que en febrero de 2024 había sido disuelto por un motivo que este columnista desconoce.
Entre otras "travesuras" la Contraloría concluyó que se desperdiciaron $ 1.348 millones asignados a un proyecto vial que no se ejecutó, que existían personas en dicha Asociación contratadas a través de sustanciosos honorarios, quienes tenían el hábito de no informar cuales eran las actividades desarrolladas y que otros tantos regalones no respaldaban los montos del dinero que recibían.
Hablando de viajes a otros países, lo que es muy apreciado por los funcionarios públicos, con dineros de la misma bendita Asociación, se le compró un pasaje aéreo a Joaquín Lavín, para que viajara a Holanda, desconociéndose si el ticket era para clase económica o para primera clase. Ya para reírse, a la AMZO le gustaba contratar para el manejo de sus cuentas bancarias, a personajes que no desempeñaban funciones en la misma, ni tampoco en ninguna de las 3 municipalidades. ¿Cuáles serían las aptitudes de esos "expertos" para que fueran seleccionados?
Por lo descrito y por otras lastimosas desinteligencias, la Contraloría está trasladando todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y al Ministerio Público, para que un acucioso Fiscal investigue lo acontecido al interior de la AMZO, organismo privado que consideramos semejante a las famosas corporaciones municipales, las que son utilizadas generalmente por los alcaldes para fines non sanctos. Se debe destacar que los actuales 3 alcaldes, como buenos políticos, valoran el rol ejercido por la Contraloría en dichos municipios, endosándole toda la responsabilidad por lo sucedido a sus antecesores. A propósito ¿qué opinión tendrán los presidenciables derechistas Kast, Matthei y Kaiser sobre este viciado asuntito?
Volviendo a nuestra audiencia con la Contralora, nuevamente se la solicitamos conforme a le ley y en la misma, cuando se produzca, tenemos previsto entregarle antecedentes adicionales por casos que ya están en su poder, como lo sucedido con los dictámenes referidos a las decenas de permisos de edificación ilegales en la ciudad de Iquique, pues los respectivos proyectos inmobiliarios se localizarían en zonas inundables del Plan Regulador Intercomunal Costero Tarapacá (PRICT). Asimismo deseamos enfatizar que entregue la documentación correspondiente derivada de la impropia indemnización de US$ 10 millones, que pagó la municipalidad de Las Condes a un actor privado porque el ex alcalde Lavín cometió el voluntario "error" de invalidar el permiso del anterior.
Los casos a revisar son varios y carece de sentido darlos a conocer todos, pero si la señora Dorothy Pérez no puede recibirnos, por su extrema carga de trabajo, sería necesario que nos entrevistáramos a la brevedad con el Subcontralor General, señor Víctor Hugo Merino, quien tiene las mismas competencias. En la ocasión, le expresaremos que la Contraloría entregue directrices a las Secretarías Regionales de Vivienda y Urbanismo y a los directores de obras municipales del país, para que se respete el dictamen N° 26252 del 05/06/2006, en el cual se deja en claro que no son acumulables los distintos beneficios constructivos contenidos en los permisos, ya que ello, para variar, no se está cumpliendo.
Por último, nos pareció excelente que la contralora le haya solicitado al Senado que se elabore un proyecto de ley para darle más peso a sus atribuciones fiscalizadoras y naturalmente en paralelo mayores recursos económicos. Así, con nuevas facultades, se podrá endurecer la normativa para que efectivamente sus dictámenes sean siempre acatados por los funcionarios públicos expertos en buscar resquicios y nos gustó sobremanera que, dentro de los cambios que se proponen, esté la facultad para aplicar directamente sanciones en los sumarios. Pero lo mejor, es que la misma Contraloría, pueda aplicar sanciones contra los alcaldes y gobernadores desobedientes, remitiendo los antecedentes ante los distintos tribunales electorales para que así esos pillines abandonen el aparato del Estado.
El pasado miércoles 28 de mayo, teníamos programada una audiencia con la Contralora General de la República para revisar diversas denuncias relacionadas con Vivienda y Urbanismo. Sin embargo, la reunión fue suspendida debido al revuelo que causó su dictamen sobre la corrupción asociada a los viajes de placer al extranjero que realizaron miles de funcionarios públicos usando licencias médicas falsas. Ante esta circunstancia, el gabinete de la Contraloría nos informó el mismo día que la cita debía ser postergada, lo cual consideramos totalmente justificado.
Recientemente, hemos conocido a través de la prensa que la Contraloría ha identificado numerosas irregularidades en la Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente (AMZO), que incluye a las notorias municipalidades de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Esta Asociación fue disuelta en febrero de 2024, aunque desconozco los motivos detrás de esta decisión.
Entre las irregularidades encontradas, la Contraloría reveló que se desperdiciaron $1.348 millones en un proyecto vial que nunca se ejecutó. Además, había empleados en la Asociación que, a pesar de recibir altos honorarios, no reportaban las actividades que realizaban, y otros no respaldaban los montos de dinero que recibían.
En el ámbito de los viajes al extranjero, es notorio que la Asociación compró un pasaje aéreo a Joaquín Lavín para que viajara a Holanda, sin que se aclarara si fue en clase económica o primera clase. Para colmo, AMZO solía contratar a personas para la gestión de sus cuentas bancarias que no tenían ninguna función dentro de la Asociación ni en las tres municipalidades. Surge así la pregunta: ¿qué competencias tenía estos "expertos" para ser elegidos?
Debido a lo sucedido y otras desafortunadas situaciones, la Contraloría ha decidido remitir todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y al Ministerio Público, para que un fiscal investigue a fondo lo ocurrido en la AMZO, un organismo privado que se asemeja a las corporaciones municipales, las cuales frecuentemente son utilizadas por los alcaldes para fines poco transparentes. Es importante señalar que los actuales tres alcaldes, como buenos políticos, han delegado la responsabilidad de estos problemas en sus predecesores, mientras valoran el papel de la Contraloría en sus municipios. A esto me pregunto: ¿qué pensará sobre este tema los presidenciables de derecha como Kast, Matthei y Kaiser?
Regresando a nuestra audiencia con la Contralora, hemos solicitado nuevamente la reunión conforme a la ley y, cuando se realice, planeamos presentarle información adicional sobre casos que ya están bajo su conocimiento, como los permisos de edificación ilegales en Iquique, que se ubican en zonas inundables del Plan Regulador Intercomunal Costero Tarapacá (PRICT). Un punto que también queremos resaltar es que exigiremos la documentación relacionada con la indebida indemnización de US$10 millones que la municipalidad de Las Condes pagó a un privado, tras el "error" del exalcalde Lavín de anular un permiso anterior.
Los casos a revisar son numerosos, y no es necesario enumerarlos todos. Sin embargo, si la señora Dorothy Pérez no puede recibirnos debido a su carga de trabajo, sería crucial concertar a la brevedad una reunión con el Subcontralor General, Víctor Hugo Merino, quien tiene las mismas competencias. En esa instancia, solicitaremos que la Contraloría emita directrices a las Secretarías Regionales de Vivienda y Urbanismo, así como a los directores de obras municipales, para que se respete el dictamen N° 26252 del 05/06/2006, que aclara que los beneficios constructivos en los permisos no son acumulables, pues esto tampoco está siendo cumplido.
Finalmente, consideramos muy acertado que la Contralora haya instado al Senado a desarrollar un proyecto de ley que fortalezca sus atribuciones fiscalizadoras y, por ende, aumente los recursos económicos. Con nuevas facultades, se podría endurecer la normativa para asegurar que sus dictámenes sean acatados por los funcionarios públicos, quienes a menudo buscan maneras de evadirlas. Nos alegra, además, que se proponga la facultad de aplicar sanciones directas en los sumarios. Lo ideal sería que la Contraloría pudiera imponer sanciones contra alcaldes y gobernadores desobedientes, remitiendo los antecedentes a los tribunales electorales para que esos funcionarios abandonen el sector público.
Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de The Times en Español. Como medio de comunicación, ofrecemos un espacio para el pensamiento independiente, sin importar el color político de las opiniones expresadas.
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