La reciente decisión de suspender el aforo de público en el partido entre Huachipato y Universidad de Chile no solo es una preocupante señal para el fútbol chileno, sino que representa, ante todo, una clara señal de incapacidad del actual Gobierno para abordar los problemas de seguridad sin recurrir a la opción más simple: castigar a toda una comunidad.
Los hinchas de Talcahuano y el Gran Concepción esperaban con ansias el encuentro, que prometía ser un verdadero espectáculo. Sin embargo, esta ilusión se vio truncada por una decisión política que refleja resignación ante la violencia y una alarmante falta de gestión en materia de seguridad. No es una cuestión de mala voluntad del club; es una falla en la estrategia gubernamental que afecta a todos los aficionados.
El club local ha sido claro en su postura: apoya jugar con público. Sin embargo, las autoridades han optado por la comodidad del escritorio, esquivando la responsabilidad de enfrentar a los verdaderos culpables de la inseguridad en los estadios. Las llamadas "barras bravas" son, en realidad, grupos de delincuentes que han secuestrado el deporte a través de la violencia e intimidación. En lugar de tomar medidas concretas para aislar a estos individuos, se cierra el acceso a estadios, perjudicando a quienes cumplen con las reglas y buscan disfrutar de un evento deportivo en paz.
Lo más grave es que esta situación era completamente previsible. Existen herramientas eficaces y probadas, como anillos de seguridad diferenciados, controles previos y una coordinación efectiva entre clubes y las autoridades policiales. De hecho, en el pasado reciente, durante el Gobierno anterior, se llevaron a cabo partidos de alta convocatoria sin incidentes. Resuena en la memoria la exitosa organización del partido entre Deportes Concepción y Limache, que atrajo a 30 mil personas en el contexto del estallido social.
La Región del Biobío ha demostrado ser capaz de organizar festivales, eventos deportivos y actividades multitudinarias con total normalidad. ¿Por qué, entonces, el fútbol se considera un problema sin solución? La respuesta es clara: existe una falta de decisión para enfrentar a quienes generan el conflicto, mientras que hay una disposición excesiva para trasladar el costo a la ciudadanía.
Suspender la asistencia de público no resuelve el problema de la inseguridad; simplemente lo postergar. El mensaje que se envía es alarmante: el Estado se rinde y el aficionado responsable es quien paga el precio. Esta manera de actuar no construye convivencia ni fortalece el deporte. En esencia, se hace una resignación al poder gobernar y a la responsabilidad que ello conlleva.
La solución no está en cerrar las puertas, sino en abrir un diálogo legítimo que involucre a todos los actores del fútbol y a la comunidad en general. Solo así se podrá recuperar la esencia de un deporte que pertenece a todos.
Robert Contreras Reyes
Abogado y ex Gobernador de Concepción.
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