Patricio Herman
La denominada 'Reforma de Reconstrucción Nacional' abre las compuertas a la Escuela Austríaca de Economía, minimizando el rol fiscalizador del Estado y alterando las reglas del urbanismo en beneficio de las altas rentas.
Es evidente que los creativos publicistas y expertos en marketing de la administración actual recurrieron a la semántica estratégica al denominar como Reforma de Reconstrucción Nacional a la libérrima reforma tributaria actualmente en trámite legislativo. En la tesis de quienes la impulsan, el proyecto busca la mínima intervención del aparato público para dinamizar el crecimiento económico sin ataduras de ninguna especie, apostando por remover la burocracia estatal. Bajo este diseño, los distintos sectores empresariales, tanto nacionales como extranjeros, contarán con certezas absolutas para invertir, asumiendo los postulados de la Escuela Austríaca de Economía, que reniega de la tutela del Estado.
En paralelo, se modificará vía Decreto Supremo la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), una cirugía normativa orientada a hacerla coherente con los nuevos criterios de flexibilización y que apenas mereció una intrascendente objeción por parte del Colegio de Arquitectos. Asimismo, el Ministerio del Medio Ambiente ya cuenta con precisas instrucciones para su modernización; entre otras materias, se ratifica que si una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) es rechazada posteriormente por la Justicia, los gastos incurridos por el inversionista serán completamente reembolsados por el Fisco.
Respecto a la OGUC, diversos alcaldes han manifestado su preocupación debido a que su próxima vigencia admitirá la proliferación de guetos verticales similares a los levantados en la comuna de Estación Central. Esos edificios, que suman aproximadamente 90 estructuras elevadas, cuentan casi en su totalidad —menos dos de ellos— con recepciones finales de obras, a pesar de haber sido declarados ilegales en su momento por la Contraloría General de la República y la Corte Suprema. En rigor, bajo el principio jurídico de "a igual razón, misma disposición", los dos complejos inmobiliarios remanentes que continúan paralizados por presentar la misma irregularidad debiesen correr la misma suerte administrativa.
Como una muestra del acomodo de los criterios judiciales a las aspiraciones del Ejecutivo, la Corte de Apelaciones de Santiago falló el reciente 6 de mayo de 2026 a favor de una inmobiliaria y en contra de la Municipalidad de Pudahuel, en una controversia asociada a un proyecto en los terrenos del loteo Ciudad de los Valles. El municipio fundamentaba su posición en el contundente dictamen de auditoría N° 403/2020 de la Contraloría; sin embargo, los magistrados optaron por dar la razón al actor privado. Esto permite concluir que las normas urbanísticas contenidas en los instrumentos regulatorios locales, por claras que sean, están quedando supeditadas a los intereses de los propietarios de los suelos.
Propuesta de Herman | Objetivo principal | Beneficio esperado |
|---|---|---|
Reforma al Plan de Reconstrucción | Mayor eficiencia y rapidez | Mejor respuesta a emergencias |
Exención de contribuciones | Facilitar reconstrucción privada. | Reducción de costos para damnificados |
Mejoras en normativa urbanística | Evitar errores del pasado. | Ciudades más resilientes |
Aunque la opinión pública conoce los aspectos generales de la reforma, conviene detenerse en una medida que ha sido cuestionada de forma transversal por los alcaldes del país debido al severo perjuicio que causará sobre los presupuestos municipales: la ampliación de la exención del impuesto territorial, la cual terminará beneficiando de forma impúdica a la élite que conforma el 0,5% de la población.
Actualmente, el 70% de las viviendas registradas ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) no están afectas al pago de contribuciones de bienes raíces. La ley ya contempla una exención para mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años que sean propietarios del inmueble donde residen, siempre que este posea un avalúo fiscal acotado y los ingresos anuales del dueño cumplan con un techo determinado.
La reforma del Gobierno pretende extender esta regalía a todas las personas que habiten en sus "primeras viviendas", sin importar el avalúo fiscal ni los ingresos contenidos en su declaración de renta. Dado que la prensa no ha profundizado en el asunto, es imperativo precisar que los grandes patrimonios suelen inscribir sus residencias habituales a nombre de sociedades de inversión para obtener ventajas impositivas. Por ende, aplicando el sentido común, este beneficio enfocado en personas naturales operará como un obsequio directo para los capitalistas que concentran la riqueza del país.
Finalmente, resulta inexplicable desde la perspectiva del control institucional que la jefa de gabinete de la anterior dirección del SII haya visado un perdonazo tributario de $22.700 millones a la empresa Inversiones Holding Limitada, firma ligada al grupo económico Fernández León, según reveló una investigación del medio Reportea.cl. Este conglomerado es el principal accionista de firmas estratégicas como Banco Consorcio, Entel y Pucobre.
El líder de este grupo, Eduardo Fernández León, es precisamente uno de los desarrolladores inmobiliarios que más ha construido edificios en altura en el exclusivo sector de El Golf, en la comuna de Las Condes. Resta preguntarse bajo qué atribuciones legales operan estos liderazgos de gabinete dentro de los organismos fiscalizadores del Estado y qué destino final tendrá esta altísima suma de recursos públicos que se ha dejado de percibir, en un escenario donde se le exige austeridad a los pilares fundamentales del desarrollo nacional.
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