Victor Manuel Arce Garcia
Santiago, Chile - 7 de abril de 2025 - El periodismo chileno atraviesa una crisis financiera que amenaza su esencia misma: la capacidad de informar con independencia y calidad. Este no es un problema nuevo, pero en los últimos años se ha agudizado por una combinación tóxica de factores estructurales y actores oportunistas que han convertido el trabajo periodístico en un campo minado de incertidumbre económica. Desde empresarios inescrupulosos que controlan la publicidad y retrasan pagos, hasta el Estado y las grandes empresas que delegan campañas a terceros, pasando por la voracidad de gigantes digitales como Meta y Google, el panorama es desolador.
En el corazón de esta crisis está el modelo de financiación de los medios. Gran parte de los ingresos publicitarios en Chile sigue dependiendo de un puñado de empresarios poderosos, muchos de los cuales no cumplen con los plazos de pago acordados. Esto no solo asfixia las finanzas de los medios, sino que compromete su autonomía editorial, dejando a los periodistas en una posición vulnerable frente a quienes detentan el poder económico. Según un informe de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), los despidos masivos en el sector —unos 2.500 profesionales entre 2019 y 2022— reflejan cómo la inestabilidad financiera ha obligado a las redacciones a reducir personal y priorizar la supervivencia sobre la calidad informativa.
A esto se suma la compleja cadena de intermediación publicitaria. El Estado y las empresas privadas, principales anunciantes, suelen canalizar sus campañas a través de agencias externas. Estas, a su vez, subcontratan a medios de comunicación, y en algunos casos, los propios medios subcontratan a otros para cumplir con la difusión. Este sistema enredado diluye los ingresos y retrasa aún más los pagos, dejando a los medios más pequeños —muchos de ellos regionales o independientes— en una situación de dependencia crítica. ¿Resultado? Una industria fragmentada donde el dinero rara vez llega a tiempo o en las cantidades acordadas, mientras los periodistas enfrentan condiciones laborales cada vez más precarias.
Pero el golpe más duro lo dan los gigantes digitales. Meta (propietaria de Facebook e Instagram) y Google se han convertido en los grandes depredadores de la publicidad digital, captando, según estimaciones del Reuters Institute, más del 50% de los presupuestos publicitarios en Chile en 2023. Estas plataformas ofrecen a las marcas espacios masivos a valores irrisorios, dejando a los medios tradicionales con migajas. Por ejemplo, mientras un medio local puede cobrar miles de pesos por un banner o un artículo patrocinado, Meta y Google ofrecen anuncios por fracciones de ese costo, aprovechando su alcance global y algoritmos implacables. El lector final, atraído por titulares sensacionalistas o campañas de marcas en redes sociales, termina consumiendo contenido superficial, alejándose de las plataformas periodísticas que invierten en investigación y veracidad.
Esta dinámica no solo afecta a los grandes consorcios como Copesa o El Mercurio, sino que golpea con especial dureza a los medios alternativos e independientes, que carecen de las espaldas financieras para resistir. Revistas como Punto Final o El Siglo, históricamente relevantes, cerraron sus ediciones impresas por falta de recursos, y proyectos digitales como El Ciudadano han visto caer su lectoría tras cambios en los algoritmos de redes sociales, según reportó El Desconcierto en 2018.
No todo es culpa de los actores externos. Los propios medios chilenos deben asumir responsabilidad por su falta de adaptación. La apuesta por el clickbait y la dependencia excesiva de las redes sociales para atraer audiencia han debilitado su credibilidad y valor como fuentes de información. Es imperativo que la industria invierta en modelos sostenibles, como suscripciones digitales o membresías, y en contenido de calidad que diferencie al periodismo profesional del ruido de las plataformas. Ejemplos como Ciper o Interferencia, que han ganado socios tras publicar investigaciones de impacto, demuestran que hay un público dispuesto a pagar por información valiosa.
El Estado también tiene un rol clave. En lugar de alimentar un sistema de intermediación opaco, podría establecer políticas de apoyo directo a los medios, como subsidios a proyectos periodísticos de interés público o regulaciones que obliguen a las plataformas digitales a compensar justamente por el uso de contenido. La experiencia australiana con el News Media Bargaining Code, que generó millones para sus medios, es un modelo a considerar.
La crisis de los medios chilenos no se resolverá sin un esfuerzo conjunto. Los empresarios deben comprometerse a pagar a tiempo, los medios deben innovar en sus modelos de negocio, y el Estado debe garantizar un entorno competitivo frente a los gigantes digitales. De lo contrario, el periodismo de calidad seguirá siendo el gran perdedor, y con él, el derecho de los ciudadanos a estar bien informados.
Por Víctor Manuel Arce García, representante Legar de The Times en Español
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