Victor Manuel Arce Garcia
Santiago, Chile | 7 de abril de 2025 La democracia chilena, regulada en su proceso electoral por la Ley 19.884 sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, enfrenta un nuevo escrutinio. Promulgada en 2003 y modificada en 2016 por la Ley 20.900, esta normativa busca equilibrar el financiamiento público y privado, limitar el gasto y garantizar transparencia. Sin embargo, persisten dos temores entre los votantes: que los candidatos vean las elecciones como un negocio al priorizar los fondos por voto sobre el interés público, y que sus nombres sean inscritos en partidos sin su aprobación.
El sistema establece que los candidatos reciben un reembolso estatal por cada voto —en 2021, cerca de 1.195 pesos por sufragio masculino y 1.494 por femenino—, un mecanismo ideado para reducir la dependencia de donaciones privadas tras escándalos como Penta y SQM. En las presidenciales de 2021, por ejemplo, José Antonio Kast obtuvo unos 2.390 millones de pesos por sus 1,9 millones de votos. Estos fondos, según el artículo 15 de la Ley 19.884, deben destinarse a gastos de campaña y rendirse ante el Servicio Electoral (Servel). Pero, ¿qué pasa si no se gastan? La ley no obliga a devolver los excedentes de inmediato; estos pueden permanecer en las cuentas de los partidos o ser fiscalizados tardíamente, un vacío que el artículo 18 deja en manos de auditorías posteriores. Esta ambigüedad refuerza la sospecha de que algunos candidatos podrían lucrar, especialmente porque el Servel carece de recursos para fiscalizar en tiempo real.
Las donaciones privadas, reguladas por el artículo 9 de la Ley 19.884, también generan inquietud. Desde 2016, solo personas naturales pueden aportar, con un tope de 500 UF anuales para militantes y 300 UF para no afiliados, mientras las empresas quedaron prohibidas. Sin embargo, los aportes propios de los candidatos —hasta el 10% del límite de gasto en primarias— y los de grandes empresarios, como los registrados en 2021 por la centroderecha, muestran que el dinero sigue inclinando la balanza. El Servel publica semanalmente estos aportes, pero la falta de límites más estrictos a las donaciones individuales perpetúa el riesgo de captura política, un problema que la Comisión Engel advirtió en 2015.
El segundo flanco, las afiliaciones forzadas, tiene raíces en el “refichaje” de 2016-2017, cuando miles descubrieron ser militantes sin consentirlo. La Ley 19.884 y la Ley 18.556, que regula partidos, exigen voluntariedad, pero las sanciones por falsificaciones han sido escasas. Esto beneficia a los partidos, que reciben fondos públicos según su número de afiliados (artículo 33 bis de la Ley 18.556), incentivando prácticas dudosas.
La crítica no busca deslegitimar el sistema, sino mejorarlo. Devolver los excedentes no gastados al fisco, como sugiere el sentido común, y establecer auditorías en vivo durante las campañas podrían despejar las dudas sobre el lucro. En cuanto a las donaciones, topes más bajos y una fiscalización proactiva del Servel reducirían las desigualdades. Para las afiliaciones, penas más duras y un registro digital obligatorio podrían sanear el proceso. Chile ha avanzado desde los días de boletas truchas, pero la Ley 19.884, aunque robusta en papel, necesita ajustes prácticos para que la democracia no sea un negocio para unos pocos.
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