Una seguidilla de hechos comprometedores vuelve a remecer la imagen del Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Esta semana que recién paso, tres episodios marcaron la agenda pública y profundizaron las dudas sobre la transparencia, la responsabilidad institucional y la conducción política del Ejecutivo.
En primer lugar, el subsecretario de Pesca Julio Salas, entregó información falsa —o al menos equivocada— ante el Congreso sobre las cifras vinculadas a la Ley de Fraccionamiento. Según denunciaron diversos actores, los datos presentados no se ajustaban a la realidad del sector artesanal.
El propio ministro Nicolás Grau reconoció públicamente que las cifras eran erróneas. La situación fue calificada como una “manipulación grave de la información”, al carecer de respaldo técnico y de la participación de los expertos del rubro.
A tal punto que habla de repetir la votación, algo que solo el martes y de acuerdo a lo que establezca la cámara se podría analizar, pero que trae una incertidumbre total en el mundo de la pesca y que podría dejar a miles de personas sin empleo y reducir la actividad económica del BíoBío lo que sería una seguidilla de situaciones que afectan a la provincia de Concepción, como el cierre de la siderúrgica Huachipato y de tiendas comerciales con el consiguiente aumento en el desempleo.
En paralelo, un informe de la Contraloría General de la República reveló graves falencias en el registro de vacunas contra el COVID-19, incluyendo 18 mil dosis vencidas aplicadas a personas. La falta de trazabilidad, control y fiscalización expone una negligencia grave en materia de salud pública, afectando la confianza en el sistema sanitario y del cual miles de chilenos están en la duda si su inoculacion con la vacuna es efectiva o no y si se tendrán que vacunar nuevamente con el consiguiente temor a un contagio en esta época de inicio de bajas temperaturas y la entrada al invierno, periodo de mayor contagio de enfermedades respiratorias en la población.
Como tercer hecho crítico, se conocieron las transcripciones de escuchas telefónicas de la PDI en una causa que involucra a Alberto Larraín, fundador de la Fundación ProCultura y de estrecha relación con el propio presidente. En ellas, el Presidente Boric reconoce haberle ofrecido un cargo ministerial y manifiesta una clara cercanía con él.
El diálogo, sostenido con la expareja de Larraín, ha provocado nuevas críticas al Mandatario por posibles conflictos de interés y favoritismo político, además de sembrar la duda de financiamiento irregular de la política de lo cual el mandatario tantas veces criticó a otros sectores de la política, evidenciando que la moralidad superior que decía tener el frente amplio se cae a pedazos, además se debe investigar el aumento desmedido en los recursos obtenidos por la fundación en diversos proyectos en diversas materias, como hasta el pintado de fachadas de diversos establecimientos públicos.
Frente a esta seguidilla de hechos, Robert Contreras Reyes, abogado, exgobernador de la provincia de Concepción y actual precandidato a diputado por RN en el Distrito 20, señaló:
“Lo ocurrido esta semana refleja un nivel alarmante de irresponsabilidad y desorden en la conducción del país. Desde cifras falsas en el Congreso, pasando por negligencias sanitarias, hasta vínculos impropios en el círculo presidencial, todo muestra que este Gobierno ha perdido el rumbo. Chile necesita un Estado serio, transparente y comprometido con la verdad, no una administración que improvisa y oculta” señaló.
Por ello es necesario que se tomen todas las acciones por parte de la institucionalidad en el congreso, por Contraloría y en es especial por la justicia y se resuelva el manto de dudas en una administración que cada día que pasa se le van descubriendo nuevos hechos e irregularidades que ya son parte de lo cotidiano, pero que no se pueden normalizar, ya que la ciudadanía merece autoridades que cumplan su rol y busquen el beneficio de la comunidad de una manera transparente y eficaz. Señaló.”
Robert Contreras Reyes
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